Revisar 70 contratos de prestación de servicios celebrados, de manera directa, por la Dirección Administrativa del Senado, fue el propósito de la visita adelantada este viernes esa Corporación.
El Ministerio Público abrió una indagación preliminar ordenada por la Delegada Primera para la Contratación Estatal para verificar si los 70 contratos para proveer personal que realice servicios profesionales en diferentes dependencias del Senado fueron suscritos de acuerdo con la ley.
A raíz de las denuncias realizadas por medios de comunicación, miembros de la Procuraduría adelantaron una revisión minuciosa de la forma como se vincula a esas personas, en particular el posible quebranto del régimen de contratación y una eventual vulneración a los derechos de los trabajadores.
A través de un comunicado, la Procuraduría puso de presente que las pruebas recaudadas serán analizadas y en los próximos días se decidirá si se archiva o se abre investigación formal.
