Los resultados de su análisis al Informe de avance en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional sobre población en condición de desplazamiento serán revelados hoy por la Procuraduría a través de la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.

Las órdenes de la Corte están contenidas en los autos 251 y 092 de 2008. El infirme fue suscrito por el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y presentado en abril al alto tribunal constitucional.

En el 2004 la Corte profirió la Sentencia T025, por medio de la cual declaró un “estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinados a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado”, e impartió órdenes a diversas instancias del Estado para superar la situación descrita.

Posteriormente la Corte precisó responsabilidades, derivadas de la citada sentencia, respecto de la atención a grupos de población específica; en este sentido expidió los autos 092 y 251 de 2008, referidos a la atención integral de víctimas de desplazamiento forzado, en particular las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

En abril el alto Tribunal le solicitó a la Procuraduría formular observaciones al informe suscrito por el SNARIV respecto del cumplimiento del Auto 092.

El Ministerio Público presentó las respectivas observaciones a la Corte Constitucional el pasado mes de mayo, las cuales parten de verificar si el diseño de dichos programas responde a la garantía los derechos fundamentales de las víctimas del desplazamiento forzado.