Este mismo año el nuevo Congreso (2014-2018) sería ‘bombardeado’ con la radicación de una serie de iniciativas que finalmente no fueron presentadas a la actual Corporación o sucumbieron en su trámite; además hay que tener en cuenta el paquete de medidas del Gobierno del presidente que resulte elegido en los comicios del próximo mes. No son pocos los retos que se presentan a la vista, pero a la vez sería un buen termómetro para de entrada saber de lo que está hecho el entrante Legislativo.

Las iniciativas van desde una reforma política hasta la reforma pensional, pasando por la reforma a la educación superior y la reforma a la justicia, para citar solo algunas.

La administración Santos imprimió el ritmo al actual Congreso, especialmente en las dos primeras legislaturas, no solo por el número de proyectos que fueron presentados sino por la complejidad de las iniciativas.

En la primera legislatura del actual Congreso (2010-2011) fueron aprobados 21 proyectos de ley, entre ellos tres reformas constitucionales y una ley estatutaria, con iniciativas aprobadas como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la Ley de Ordenamiento Territorial, la reforma al Sistema de Regalías, el Estatuto Anticorrupción y  la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión.

Sin embargo, y  a pesar del querer del Gobierno nacional, en estos cuatro años se ha ido sumando una serie de iniciativas que no lograron ser aprobadas en el Congreso, otras  que finalmente la Administración no encontró el momento preciso para su radicación, así como propuestas que se quedaron en el tintero por situaciones que no están bajo control, como es el caso de la consulta previa a las comunidades étnicas.

En ese sentido hay no menos de nueve proyectos que no dan espera y que segura e independientemente de quien sea elegido presidente de la República el próximo 25 de mayo o en junio, si es necesaria la segunda vuelta, serán presentados en la primera legislatura del nuevo Parlamento. Incluso algunas de estas iniciativas llegarían este mismo año a manos de los legisladores.    

La reforma a la justicia sería uno de los proyectos infaltables en la primera legislatura del entrante Congreso

 

Reforma política

En varias oportunidades el Gobierno nacional ha concordado en la necesidad de una reforma política, a pesar de que la más reciente data del año 2009. El 17 de marzo pasado el presidente Santos afirmó que “el país necesita una reforma política” e indicó que se reunirá con las fuerzas que conforman la Unidad Nacional para plantearles la conveniencia de presentar el proyecto respectivo en esta legislatura o en la siguiente.

Al final de marzo pasado el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “se requiere una reforma política a profundidad y estamos en la discusión de qué debe incluir esa reforma”.

Uno de los temas que es casi seguro será tenido en cuenta es la eliminación de la circunscripción nacional en Senado. “Hay que revisar si ese mecanismo funcionó o lo que hizo fue impedir que algunos departamentos tengan senadores. Además de encarecer las campañas, en una guerra de chequeras, y crear una interferencia política, que se explica cuando llegan líderes de todos los sectores a buscar votos a una región y lo que hacen es cambiar el conocimiento de la región, por intereses electorales”, dijo también en diciembre pasado a El Tiempo el ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia.

También se estudiará la propuesta que hizo el presidente Santos el año anterior de unificar los periodos de los cargos de elección popular, extendiéndolos a seis años, incluso el del presidente de la República, pero suprimiendo la reelección.

Reforma a la justicia

Esta iniciativa fue la mayor frustración legislativa en este Gobierno, pues después de socializarla con las altas Cortes durante más de un año y lograr su aprobación en el Parlamento, finalmente el propio presidente Santos precipitó en 2012 su hundimiento en el Congreso aduciendo que fueron introducidos una serie de ‘micos’ en la etapa de conciliación.

Como consecuencia quedaron en veremos  propósitos como la supresión o la reforma a fondo del Consejo Superior de la Judicatura, la eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, medidas para la descongestión de la rama y la doble instancia para el juzgamiento de congresistas.

El Gobierno ya anunció su intención de sentarse de nuevo  con la altas Cortes a consensuar un proyecto de reforma. En ese sentido en noviembre pasado, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez, dijo previo a un reunión con las altas Cortes, que “vamos a hablar de los problemas de la Rama y, dentro de un proceso de diálogo como lo hemos manifestado, también vamos a trabajar para conseguir los insumos necesarios que nos permitan tener en lo posible un anteproyecto de reforma a la justicia para el mes de marzo”.

Reforma a la educación superior

Es otra de las reformas que se le quedaron en el tintero al Gobierno nacional, pues el proyecto que presentó en 2011 debió retirarlo por el paro de más de un mes que desarrollaron los estudiantes de las universidades públicas, que consideraron que la iniciativa no cumplía con las expectativas de financiación, cobertura y calidad de la educación superior en el país.

Desde esa época el Ejecutivo se comprometió a que el nuevo proyecto de reforma sería consensuado con los estudiantes y principales actores del sector, sin embargo, aún no se ha llegado a este estadio porque decidió primero trabajar en el escenario del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) en la construcción de una política pública de la educación superior hacia el año 2034, y luego sí se darían los ajustes legislativos.

Sin embargo, de forma paralela hay la presión para que este mismo año o a comienzos del próximo sea presentado el proyecto de reforma. La Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE) ya tiene lista su propuesta y solo espera que el Gobierno se siente para discutirla.

Igualmente se espera la presión que la bancada del Centro Democrático hará sobre este tema en el Congreso, pues su propio candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, en campaña ha señalado dentro de los retrocesos que considera se presentaron es que “no hubo reforma a la educación y retrocedimos notablemente en el escalafón internacional de calidad”. 

Código Minero

En pleno boom minero que vive el país, esta actividad se rige en la actualidad por la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) después de que en 2011 la Corte Constitucional tumbara la Ley 1382 de 2010 porque obvió la realización de la consulta previa con las comunidades étnicas.

A pesar de que el alto Tribunal difirió por dos años los efectos de esta decisión, el Gobierno nacional no logró sacar adelante la consulta previa, por lo que la actividad minera en el país se desarrolla con unas normas antiguas que en nada corresponden al espíritu conservacionista que desde el punto de vista ambiental imperan hoy en día.

El Gobierno expidió tres decretos para tratar de suplir momentáneamente la carencia de un Código Minero actualizado, pero desde luego que se quedan cortos.

Por lo pronto el Gobierno nacional sigue trabajando en sacar adelante la consulta previa con los indígenas, afrocolombianos y el pueblo Rom antes de radicar la iniciativa. El ministro de minas, Amylkar Acosta, dijo que “obligatoriamente tenemos que tenerla (la reforma) para 2015”.

De otra parte, los diputados radicaron un proyecto de reforma del Código Minero, pero la iniciativa hace ‘agua’ en la Comisión Quinta del Senado, donde está frenada por los reparos que tiene el Ministerio de Minas a la iniciativa.

 

Reforma a CAR

Desde finales del año 2010, el Gobierno nacional ha tenido la intención de reformar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que tienen rango constitucional, especialmente en lo que corresponde a sus cuerpos administrativos, proponiendo unas juntas con menos integrantes y definiendo la forma como serán designados los directores así como las competencias para fortalecer el papel de estos organismos en la preservación del medio ambiente y mitigación del riesgo.

Primero lo intentó a finales del año 2010 en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica a la que acudió para enfrentar los estragos de las fuertes lluvias, argumentando que estos organismos creados por la Constitución del 91 no cumplieron a cabalidad en materia de medidas de prevención frente a la ola invernal que golpeó gran parte del país por esa época.

Sin embargo, en marzo de 2011 la Corte Constitucional tumbó la prórroga de esta Emergencia Económica, con lo cual se cayó el Decreto 141 de 2011, por medio del cual el Gobierno nacional modificó y fusionó varias CAR.

Como consecuencia de ese momento a hoy el Gobierno ha intentado ajustar las CAR por la vía de una reforma constitucional, pero la iniciativa sigue pendiente de los avances que se logren en la consulta previa.

Poderes del Procurador

Con la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá se despertó una enconada polémica sobre si es necesario limitar las facultades del Procurador General, que entre otras le permite destituir a funcionarios elegidos por medio del voto popular a pesar de que Colombia es signataria de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual señala que esta medida solo puede ser tomada por un juez.

El propio procurador, Alejandro Ordóñez, dijo en marzo pasado en un encuentro de gobernadores en Ibagué que “hay un diseño constitucional y legal que avala esas competencias, pero es indudable que puede haber modificaciones para mejorar el sistema”.

A propósito del caso Petro, en enero pasado el vicepresidente Angelino Garzón propuso que “creo que el Congreso debería tramitar una reforma constitucional que pueda limitar el poder omnímodo del Procurador, el Contralor y el Fiscal. Es un debate sano y conveniente para el país”.

De otra parte, a principios de este mes, el procurador Alejandro Ordóñez anunció que la entidad a su cargo está preparando un  proyecto de ley para reformar el Código Disciplinario Único que establece las sanciones entre 10 y 20 años para los funcionarios.  “Hemos abierto la discusión con la tranquilidad de la academia de regular el régimen disciplinario”, dijo el Jefe del Ministerio Público.

 

Código de Policía

Al inicio del próximo Congreso, el Gobierno nacional insistirá en radicar el proyecto del nuevo Código de Policía, que busca actualizarlo y que cuente con los dientes necesarios frente a lo que actualmente se tiene. Para enriquecer la iniciativa el alto Consejero Presidencial para la Seguridad y la Convivencia, Francisco Lloreda, viene conversando con secretarios de gobierno, comandantes de policía y voceros de gremios de las principales ciudades.

El Código de Policía es uno de los proyectos que desde su inicio la administración Santos presentó al Parlamento en el año 2010, sin embargo, la iniciativa no avanzó en el Parlamento dadas la observaciones que presentaron los legisladores. Luego en 2012, nuevamente fue radicado, sin embargo, tampoco avanzó por la congestión de proyectos.

 

Paz

A pesar de que las conversaciones de paz con las Farc en La Habana aún se encuentran ‘crudas’ en materia de resultados, pues apenas hay acuerdos en dos de los cinco puntos de la agenda (tierra y desarrollo rural así como participación política), se espera que si el presidente Santos es reelegido o de no ser así si el otro nuevo gobierno le da continuidad a este proceso, a principios del próximo año estén finalizando las conversaciones con los respectivos acuerdos a bordo.

De ser así, el Congreso tendrá que reglamentar estos acuerdos, según lo establece el Marco Jurídico para la Paz: mediante una Ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial para el tratamiento penal que se les dará a los desmovilizados.

Igualmente, una Ley deberá crear una comisión de la verdad y definir su objeto, composición, atribuciones y funciones.

Además una Ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de la participación en política de los desmovilizados. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos.

 

Constituyente

Desde el año anterior el uribismo ha venido agitando la posibilidad de una constituyente,  primero con un proyecto que en ese sentido presentó el senador Juan Carlos Vélez, argumentando que sería para reformar la justicia.

Aunque Vélez  milita en el Partido de La U es uno de los más reconocidos alfiles de Álvaro Uribe, por lo que la propuesta fue recibida con recelo en los círculos del Congreso, al punto que algunos se aventuraron a decir que el fondo de todo esto era buscar habilitar al exmandatario paisa para un tercer periodo presidencial. Finalmente la iniciativa fue hundida.

Por esos días Uribe salió en defensa de la iniciativa al señalar que “¿por qué en lugar de buscar consenso popular para la justicia se dedican a rechazar la propuesta de Constituyente?”.

Sin embargo en marzo pasado luego de señalar que hubo fraude en las elecciones y que por tanto según él el nuevo Congreso es ilegítimo, aclaró que esto no puede ser argumento para ambientar una asamblea nacional constituyente con el terrorismo de las Farc.

Vale recordar que por esos días Piedad Córdoba planteó al presidente Santos la inclusión de una papeleta en las próximas elecciones presidenciales para que los colombianos den un espaldarazo a la paz.

Empero algunos consideran que esta iniciativa abriría la puerta a una constituyente para avalar los acuerdos de paz, frente a lo cual hasta el momento el Gobierno ha mostrado su rechazo, al considerar que el referendo es el mecanismo idóneo para este fin. 

Igualmente, las Farc han insistido en la realización de una constituyente para avalar los acuerdos de paz.