La tercera legislatura del segundo mandato del presidente Santos arranca mañana y al decir de muchos analistas políticos será una de las más determinantes de los últimos años. De entrada es obvio que el principal tema de la agenda legislativa será el relativo al proceso de paz, sobre todo estando la negociación entre el Gobierno y las Farc en su etapa culminante, a tal punto que no se descarta que el acuerdo final sea firmado en cuestión de semanas. Si esto es así, la primera tarea del Legislativo será decidir sobre la convocatoria, a petición del Presidente de la República, de un eventual plebiscito refrendatorio de lo pactado con la guerrilla. En caso de que la cita en las urnas tenga un resultado positivo, tanto Senado como Cámara tendrán que activar el “procedimiento legislativo especial de paz” que se creó en un recién aprobado acto legislativo, el cual establece un mecanismo expedito para aprobar las leyes y reformas constitucionales que sean necesarias para la implementación del acuerdo de paz. Ya el Gobierno ha dado puntadas en torno a que se requerirían no menos de cuarenta proyectos para cumplir con este propósito. A ello se suma que el Congreso debe tramitar también una ley que inserte el texto del acuerdo al bloque de constitucionalidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de lo negociado. Igualmente, aunque no se ha definido nada en La Habana sobre las curules que deberían darse a las Farc si efectivamente se desarman y desmovilizan, este tema necesariamente tendrá que ser viabilizado por el Parlamento.

El otro gran desafío de la agenda legislativa a partir de este miércoles es, sin duda, el trámite de un proyecto de reforma tributaria estructural, iniciativa que el Gobierno ha advertido desde hace varios meses es absolutamente necesaria para cubrir los faltantes fiscales derivados del hueco presupuestal provocado por la crisis en los precios del petróleo, que comenzó a mediados de 2014 y aún hoy se mantiene, pese a un repunte en la cotización del barril de crudo en las últimas semanas. Como lo indicara un informe publicado por este diario en su edición dominical, la mayoría de los gremios económicos no han sido suficientemente consultados por el Ejecutivo sobre los alcances de dicho ajuste impositivo que, se reitera, no podrá ser aplazado. Tanto el Presidente como el Ministro de Hacienda han sostenido que la iniciativa tributaria sería presentada después de un proceso de socialización sobre su contenido, lo cual hasta el momento no se ha concretado.

No menos trascendental será la función electoral que en este segundo semestre debe cumplir el Congreso, ya que de entrada tendrá, la Cámara de Representantes, la tarea de elegir al Defensor del Pueblo, cargo que se encuentra en interinidad desde enero pasado cuando su titular renunció en medio de un escándalo de índole sexual. Como se dijera en estas páginas días atrás, no se trata de una escogencia más, sino qué será una elección trascendental por el papel que esta entidad debe cumplir durante la etapa del posconflicto. A ello se suma que en el último trimestre de 2016 el Senado tendrá que abocar la elección del Procurador General, pues el periodo del actual jefe del Ministerio Público vence a comienzos del próximo año. Este proceso será un punto de inflexión también respecto al proceso de paz y de allí que desde ya se esté advirtiendo sobre el duro pulso partidista e ideológico que sobrevendrá alrededor de los candidatos a la sucesión de Alejandro Ordóñez.

Además de todo lo anterior, como lo señala un informe que hoy publica este periódico, las bancadas parlamentarias tienen un amplio menú de proyectos de ley y  de reforma constitucional que empezará a ser radicado a partir de esta semana. A ello se agrega  una gran cantidad de iniciativas que vienen en trámite y otras que urgen distintos sectores para la solución de problemáticas muy sentidas, como una nueva normatividad minero-energética, la reforma a las corporaciones autónomas regionales, reglas del juego para servicios de transporte individual que utilizan plataformas tecnológicas, modificaciones al sistema electoral, laboral, ajustes al modelo educativo…

Como se ve, esta legislatura será trascendental para la definición de muchos temas de alto impacto en el país, más aun si se tiene en cuenta que el último periodo del Congreso, a partir de julio de 2017, estará cruzado por la campaña electoral y ello distraerá la tarea y productividad de senadores y representantes.