Por Jairo Morales Nieto *

Especial para EL NUEVO SIGLO

 

 

Una vez firmados los acuerdos de paz, es previsible que dos inmensas olas de reintegración societal (social, económica y política) se formen y crezcan sin tiempo ni pausa a lo largo y ancho del país local y municipal que ha sido directamente afectado por el conflicto armado secular.

Una primera gran ola será generada por la población de desplazados internos y los refugiados internacionales; la segunda ola será la de los desmovilizados de los grupos guerrilleros. Son dos fenómenos migratorios diferentes por su origen y naturaleza pero similares en cuanto a los fines que los deben motivar: paz, reconciliación, seguridad ciudadana, justicia, estabilidad política y bienestar social y económico.

Para dar una idea de la magnitud de las dos olas migratorias mencionemos primero que el desarraigo forzoso y desplazamiento interno por causa del conflicto armado ha involucrado directamente a cerca de seis millones de personas desde 1985 hasta abril del 2014. Esta cifra acumulada representa algo así como el 8% de la población colombiana de hoy, es decir ¡una generación completa de colombianos!

A ella habría que sumarle el número de poblaciones desplazadas que han cruzado las fronteras y recibido acogida en países vecinos. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ésta categoría de población asciende a cerca de 400 mil personas, de las cuales alrededor de 114 mil personas han sido oficialmente reconocidas como refugiados.

La población potencial de desmovilizados de los grupos insurgentes por efecto de los acuerdos de paz no se conoce con precisión pero acudiendo a estimaciones del Ministerio de Defensa, ésta podría oscilar entre 15.000 y 20.000 excombatientes de las Farc y el Eln (contando milicianos activos y redes de apoyo). Esta cifra engrosaría el número de alrededor de 30.000 excombatientes de las Farc, Eln y paramilitares que actualmente recorren las denominadas rutas de desarme, desmovilización y reintegración (individual y colectiva) administradas por la Agencia Nacional de Reintegración (ANR).

Este escueto cuadro estadístico revela que estamos de cara a uno de los procesos migratorios internos más grandes en la historia demográfica de América Latina y, acaso del mundo, como lo puntualiza ACNUR al referirse a la magnitud de los desplazados internos en Colombia.

¿Está el país nacional y local consciente de la magnitud y proximidad de estas dos olas migratorias? ¿Están preparados los futuros municipios de paz y desarrollo para afrontar las dinámicas, demandas y consecuencias sociales de las dos olas migratorias? ¿Hay suficientes preparativos mentales, institucionales y financieros para ofrecer una reintegración societal (social, económica y política) exitosa que a la vez que consolide la paz y la estabilidad política minimice el riesgo de un tsunami social de grandes proporciones por falta de respuestas oportunas y rápidas?

Pensando en estas interrogantes e intranquilidades se escribe este artículo que es una breve introducción al gran desafío que plantea para el país entero el retorno y reintegración de los cientos de miles de personas desplazadas y desmovilizadas, ante la perspectiva verosímil de una pronta firma de los acuerdos de paz.

El artículo se compone de tres partes. En la primera, haremos algunas anotaciones sobre el proceso de retorno de desplazados y sus principales motivaciones. En la segunda parte, la discusión se dirige hacia el problema del desarme y desmovilización de los excombatientes como preámbulo de su retorno y reintegración a la vida civil. En la tercera parte haremos algunas reflexiones sobre el proceso de reintegración societal de ambas poblaciones de desplazados y desmovilizados y el re-encuentro con sus comunidades de origen.

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Retorno de poblaciones desplazadas internas y refugiadas

¿Cuánta gente retornará a sus lugares y comunidades de origen una vez firmados los acuerdos de paz? Esta es una pregunta que no puedo responder estadísticamente pues no conozco sondeos de opinión y tampoco proyecciones al respecto. Aunque asumo -sin mucho riesgo a equivocarme - que será una significativa cantidad de familias y personas que regresarán a sus sitios de origen motivadas por la acción de al menos tres factores coincidentes: (i) la recuperación de tierras y bienes despojados; (ii) la condición de extrema pobreza y desempleo de las poblaciones desplazadas; y, (iii) las expectativas de bienestar social ofrecidas a las víctimas del conflicto por parte del gobierno. Veamos brevemente algunas características de estos factores motivacionales:

(i) Recuperación de tierras y bienes despojados

Según fuentes oficiales, el número de tierras despojadas a las víctimas del conflicto asciende a 6.5 millones de hectáreas, equivalentes al 15% de la superficie agropecuaria del país (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado). Es decir, una porción muy importante de población desplazada tiene vínculos con la tierra como propietarios, poseedores, tenedores u ocupantes y, por ende, tiene poderosas razones para retornar en pos de la recuperación de sus propiedades y activos económicos despojados.

(ii) Pobreza extrema y desempleo

Las poblaciones despojadas y desplazadas por los violentos se han convertido en las más pobres entre las pobres en Colombia y ostentan también los más altos niveles de desempleo. Según la Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo (RED-ORMT/PNUD), citando al CEDE de la Universidad de los Andes, “en 2011, el 75% de la población desplazada vivía en condiciones de pobreza extrema y el 95% en condiciones de pobreza”. En cuanto al desempleo, la misma fuente señala que “la población desplazada tiene tres veces la probabilidad de estar desempleada. En efecto, la población desplazada registra una tasa de desempleo del 35%, mientras que para el total nacional fue del 10.2% en el año 2012”.

(iii) Ofertas de bienestar social

El Estado colombiano ha creado a través de múltiples instrumentos jurídicos, institucionales, fiscales y comunicacionales un extraordinario marco de apoyo para las víctimas del conflicto y se espera que una vez firmados los acuerdos de paz, la oferta de bienestar social sea mucho más grande derivada de las estrategias, políticas y reformas postconflicto. De hecho, aún sin acuerdo de paz, el proceso de retorno de desplazados y despojados ya comenzó desde hace dos años, estimulado por la Ley de Restitución de Tierras, cuya unidad implementadora reporta en abril de 2014 la restitución de más de 27.000 hectáreas en beneficio de 1.109 familias campesinas reclamantes. Aunque no parecieran ser cifras muy sobresalientes, hay que remarcar que muestran una alentadora tendencia, pues el retorno ocurre en medio del conflicto armado y de la reacción intimidante y violenta de los despojadores de bienes y tierras que se niegan a devolverlas, lo cual hace del retorno un proceso difícil, lento y altamente riesgoso tanto para las víctimas como para los administradores de los programas gubernamentales.

Estos tres factores motivacionales auguran entonces un proceso de retorno de desplazados y refugiados a gran escala, una vez firmados los acuerdos de paz.

Claro que hay que tener en cuenta que muchos desplazados preferirán la vida urbana por dura y excluyente que ella sea y, en consecuencia, no retornarán. El doble desafío del Estado y de la sociedad colombiana será entonces satisfacer las necesidades básicas y las expectativas de reintegración y bienestar social tanto de los que retornan a sus lugares de origen como de los que se quedan en los centros urbanos y peri-urbanos.

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Retorno de poblaciones desmovilizadas

¿Cuántos exguerrilleros se desmovilizarán, retornarán a sus lugares de origen y se reinsertarán a la vida ciudadana? Deseamos que sean todos, pero ésta es una pregunta que sólo la pueden responder las dirigencias de las fuerzas insurgentes, que primeramente tendrán que decidir sobre la dejación total y entrega física de las armas, municiones, explosivos y otro tipo de material de guerra en sus manos.

Ello tiene que ser así, pues el desarme total es una condición constitucional fundamental toda vez que sólo el Estado soberano tiene la potestad del monopolio de las armas. Además, resultaría inadmisible realizar desmovilizaciones bajo la amenaza de las armas y, más impensable aún, permitir la organización política de los desmovilizados a sabiendas de que cuentan con arsenales y el apoyo de brazos armados manifiestos o latentes.

La entrega física de las armas y su destrucción debe ser supervisada y contabilizada con el apoyo de organizaciones internacionales especializadas en estos asuntos.

Todo ello se deberá hacer con el objetivo adicional de impedir rebrotes del conflicto armado y, por sobre todo, evitar nutrir el mercado y tráfico ilegal de armas, de por sí bastante dinámico en el país, que sería una de las consecuencias más desastrosas de una desmovilización sin desarme total.

Obviamente, el Estado y la sociedad deben otorgar máximas garantías de protección y seguridad personal a todos los desmovilizados para reducir los temores y riesgos inherentes a todo proceso de desarme y desmovilización.

He aquí entonces la gran decisión que las dirigencias de los grupos guerrilleros tendrán que tomar para hacer realidad una reintegración societal exitosa, como quiera que no podrá haber paz sin desarme total.

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Reintegración societal: ‘desarme de los espíritus’

La reintegración societal es la fase ulterior que sucede al retorno de desplazados y desmovilizados (desarmados). Aunque el modus operandi de la reintegración societal para uno u otro grupo puede diferir en sus aspectos formales, en su esencia se trata de un mismo proceso, en particular, cuando ambos grupos convergen y se re-encuentran en un mismo territorio de origen. 

Reintegración societal significa: construcción colectiva de condiciones de seguridad y bienestar humano; reducción de la incertidumbre sobre el futuro; y, reducción del riesgo del renacimiento del conflicto por medios pacíficos. Es un proceso que habla del reencuentro con las familias y comunidades de origen, la reinserción social y laboral, la reconstrucción de la vida ciudadana cotidiana y la creación colectiva de un mundo solidario alejado de la violencia y de los violentos.

Yo diría que es el momento ‘más’ humanista del proceso de pacificación y reconciliación pues concibe y percibe a los individuos como seres humanos multidimensionales necesitados de ayuda (sico-social y material) y, a la vez, como personas con capacidad y potencial para auto-ayudarse, reconstruirse y tener control de sí mismas y de su entorno institucional y físico-ambiental más inmediato.

El mundo de la reintegración societal tiene como protagonistas centrales a los desplazados, desmovilizados y a las familias y comunidades receptoras. Pero en la producción de respuestas institucionales participa un gran número de actores locales y nacionales responsables de la administración de la oferta de bienes y servicios de bienestar provenientes del Estado y de la comunidad internacional.

La clave del éxito está en producir respuestas individuales y colectivas, integrales, rápidas, simultáneas y sostenibles como parte de una bien concebida estrategia postconflicto que opere dentro de un marco institucional nacional y local de elevado consenso, coordinación y dirección y con suficientes recursos de financiamiento e inversión. 

En varios de mis artículos publicados por EL NUEVO SIGLO he dedicado mucha atención a cómo hacer un proceso de reintegración societal exitoso, así que invito a los lectores a que visiten mi BLOG: “Lecturas sobre paz y desarrollo” donde encontrarán un compendio de 15 escritos con amplio desarrollo de todos estos temas. (Blog: http://jamoni51.wordpress.com/) 

*Doctor en Economía. Experto Internacional en Paz y Desarrollo. Ciudad del Cabo, Suráfrica. Mayo 2014. jairo@inafcon.com