La legalidad de la elección de la fiscal Viviane Morales será evaluada hoy en reunión de la Sala Plena del Consejo de Estado.
La ponencia fue entregada desde la semana pasada por el magistrado Alberto Yepes.
Uno de los aspectos que componen la demanda cuestiona la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de escoger al Fiscal sólo con la votación de 18 de los 23 magistrados.
Ayer, la fiscal Morales dijo que “sí se cumplió el tema de las mayorías. Los mismos argumentos de mi abogado, el doctor Gabriel Vega, van en el sentido que de 18 personas que integraban en ese momento la Sala Plena obtuve 14 votos, en una primera ronda, y a la siguiente semana fue corroborada por 36 votos que son las dos terceras partes, aún de 23”.
A pesar de que la semana pasada la Sala Plena ya se había reunido para hablar del caso, sólo tocaron generalidades porque aún el borrador de la ponencia no estaba listo, según contó el presidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez.
El magistrado Gómez también aclaró que antes de que los magistrados puedan votar sobre el concepto emitido por Yepes, deberán resolver todos “eventuales impedimentos” que se presenten a la hora de decidir.
Procuraduría
Frente al tema también se pronunció la Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado el pasado fin de semana, donde pide al Consejo de Estado aprobar la elección de la Fiscal General y rechaza todas las causales de la demanda.
La primera de estas acusaciones dice que la elección de la Fiscal nunca tuvo la firma del Ministro del Interior y de Justicia de la época y, según la Constitución, el Presidente no puede tomar ninguna decisión sin la firma del ministro de la respectiva rama.
Este argumento fue contrariado por la Procuraduría diciendo que el Presidente, como máxima autoridad del Estado, está exento de esta norma y que lo anterior no constituye una violación a la Constitución.
El segundo considerando dice que la elección debió ser hecha por las dos terceras partes de los 23 miembros que integran la Corte Suprema de Justicia.
Al respecto la Procuraduría afirma que el quórum puede variarse e interpretarse, y que en la época en la que se hizo la votación había solo 18 magistrados pero no por inasistencia, así que se procedió a hacer la elección porque no completaron el pleno.
El tercer causal de la demanda dice que la elección de Morales por 4 años es una violación, ya que su período debía haber iniciado en julio de 2009, cuando fue designado el fiscal encargado Guillermo Mendoza.
Para la Procuraduría, el tiempo de Morales no vence el otro año, como indican las cuentas del demandante, porque en caso que un titular delegue sus funciones antes de terminar su período, quien lo reemplace es quien concluye el proceso, pero como el anterior fiscal en propiedad Mario Iguarán terminó su período de cuatro años, eso quiere decir que la Fiscal inicia su período normalmente.
El último cargo, dice que hubo una desviación de poder, porque como se presentaron dos ternas simultáneas “se agota la competencia del Ejecutivo” a reemplazar la terna sin revocar el acto administrativo anterior.
Este argumento quedó sin efecto según el Ministerio Público, porque el juez no tiene la obligación de suplir las deficiencias del representante.
Polémica
La segunda causal de la demanda, es decir el tiempo que debe estar Morales al frente de la Fiscalía, ha generado polémica porque según el demandante este sería hasta julio de 2013, pero la Fiscal se refirió al tema.
“Sobre la duración del período, el ponente dice que todos los cargos tienen período institucional y el reemplazante entra por el resto del período, en relación a una ley que solo refiere a gobernadores y alcaldes; pero yo no entré a reemplazar, sino para comenzar un período”, dijo Morales.