Tras lograr avances importantes en materia de respeto por los derechos humanos, uno de los grandes retos que tienen los países del continente americano es cómo hacer compatible los logros del desarrollo económico con mejorar las condiciones de vida de la población.

Así lo señaló Humberto Sierra Porto, quien tras finalizar su periodo como magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, fue elegido por la Organización de Estados Americanos (OEA) como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En ese sentido, dijo que el modelo de desarrollo económico que prima en muchos de nuestros países, basado en buena parte en la explotación de los recursos naturales, supone un gran reto en materia de la satisfacción de una serie de derechos, como el progreso y el medio ambiente.

 

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la impresión que le ha dejado su paso de la Corte Constitucional de Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde ya ajusta casi dos años?

HUMBERTO SIERRA PORTO: La experiencia de ser juez de la Corte Interamericana ha sido por decirlo menos apasionante. La Corte Interamericana es un Tribunal que se encarga de juzgar a todos los países de América, particularmente tenemos una competencia sobre los países del Caribe y de lo que hoy significaría América Latina.

Y uno palpa con las decisiones que toma, con los casos que llegan, el pulso de la región. Uno puede encontrar a través de los fallos y de los problemas que se presentan ante la Corte, cuáles, digamos, son los temas  más candentes en materia de derechos humanos, que al mismo tiempo son la agenda política del continente. De allí lo apasionante y lo interesante del trabajo de la Corte Interamericana.

Por ejemplo, en materia de cuáles son los temas comunes  que uno aprecia que se están dando de manera simultánea en los distintos países de nuestro entorno, uno encuentra temas, como por ejemplo, lo que hoy está sucediendo con el gran drama de la niñez migrante de los países centroamericanos hacia Estados Unidos. Ante un tema tan palpitante, un tema tan doloroso, cuáles son los derechos de estos niños cuando están en condiciones de inmigrantes, cuáles son las obligaciones del Estado para acogerlos, para repatriarlos o para eventualmente hacer una reunificación familiar.

Temas como estos son objeto de trabajo de la Corte Interamericana a través, en este caso, de una opinión consultiva. Los países del Mercosur nos piden a nosotros que a propósito de la niñez migrante nos señalen cuáles son los derechos que ellos tendrían en estas condiciones; y lo que se pide en el Mercosur tiene utilidad para lo que se da en Centroamérica.

Problemas como la libertad de expresión y el derecho a la información hoy en día son temas candentes en los distintos países. Cuáles son los límites hasta donde se debe llegar, cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos cuando solicitan la información, cuándo los periodistas solicitan la información. En ese sentido la Corte Interamericana juega un papel estelar.

Cuáles son los derechos que se pueden ver afectados por el modelo de desarrollo económico en nuestra región,  modelo que está basado en buena parte en la explotación de recursos naturales. Esos recursos naturales están suponiendo unos grandes retos en materia de derechos: el derecho al progreso, el derecho al desarrollo y los derechos al medio ambiente, y también los derechos de las comunidades indígenas.

Cómo equilibrar esos derechos son problemas que se  nos presentan ante las demandas que presentan los ciudadanos y que son conocidas por la Corte Interamericana.

Problemas de libertad personal, ya no como se veían antes producto de las dictaduras, hoy en día los problemas de libertad personal están en buena parte marcados por los abusos de las autoridades, de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas, en estados democráticos, en lo que se ha denominado las ejecuciones extrajudiciales.

Problemas de ese tipo y otros más que se dan en los distintos países hacen que sea un trabajo muy apasionante, muy interesante desde la perspectiva de pulsar y de conocer las distintas problemáticas sociales que se dan en América Latina. Porque hay que decir eso, el derecho es siempre el producto de la interacción entre las normas jurídicas y la realidad sobre la cual operan. Las realidades nuestras son muy similares, las de los distintos países de América Latina, y eso hace que el derecho y las consecuencias, los estándares que se van creando con la jurisprudencia de la Corte sean similares.

Hoy en día hay unos grandes retos en el Sistema Interamericano porque a través de las decisiones de la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) y de la Corte Interamericana se están creando pautas, estándares, reglas comunes sobre cómo entender el derecho, sobre cuáles son las maneras de proteger la democracia, la manera de proteger los intereses de los ciudadanos frente a las agresiones o frente a las actitudes que realizan los Estados.

ENS: ¿Tras la destitución del cargo del alcalde Petro por parte de la Procuraduría y las subsiguientes medidas cautelares que le fueron otorgadas en el marco del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, no quedó claro si estas decisiones son de obligatorio cumplimiento para Colombia solo cuando las emite la Corte Interamericana?, ¿o también debe serlo ante los fallos de la Comisión?

HSP:Al margen del caso concreto, que tengo dificultades para pronunciarme, lo que sí me parece importante es que a propósito de esa circunstancia, la situación del caso del alcalde Petro, se produjo un fenómeno interesantísimo de divulgación de la importancia del Sistema Interamericano, de los alcances del Sistema Interamericano, de qué se puede hacer con unas medidas cautelares, en qué consisten las medidas provisionales, cuál es la diferencia entre la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana.

Este hecho, y eso es lo que sí me parece importante destacar, ha generado un proceso de divulgación, de conocimiento por parte de todos los ciudadanos de este tipo de temas.  

ENS: ¿En qué terminó la propuesta de algunos países suramericanos a la OEA para que la Relatoría de la Libertad de Expresión no reciba más recursos que otras dependencias en la Comisión Interamericana, lo que algunos interpretaron  que de aplicarse limitaría su independencia?

HSP:Esencialmente se hizo una serie de sugerencias y de propuestas de distintos países, de ciertos sectores, para tratar de hacer una especie de reorganización del funcionamiento de la Comisión, y particularmente de la Relatoría para la Libertad de Expresión, pero en líneas generales el funcionamiento de la Relatoría sigue siendo el mismo, no ha habido mayores modificaciones sobre ese particular.

Recientemente concluyó el periodo la colombiana Catalina Botero, quien  hizo una gestión muy destacada en el ejercicio de su cargo, y actualmente se eligió a una persona de nacionalidad uruguaya, quien también acaba de iniciar y también se espera que desarrolle adecuadamente sus competencias. Pero sobre ese particular no ha habido mayores novedades, sí ha habido muchas discusiones y expectativas, pero en la práctica continúa con esa lógica de actuación.

ENS: La OEA y ONG como Human Rights Watch han manifestado preocupaciones por el proyecto de ley que reforma el sistema de justicia penal militar. Dicen que podría conducir a la impunidad frente a casos como los ‘falsos positivos’, ¿la Corte Interamericana tiene algo qué decir al respecto?

HSP:Sobre ese particular no tengo mayores elementos de juicio.

ENS: ¿Cuál es el balance que usted hace del momento que viven los derechos humanos en el continente?

HSP:Estamos en un momento, en un punto interesante en materia de derechos humanos porque si bien muchos de los países han evolucionado y han mejorado significativamente, todos nuestros países están en un proceso de interiorización de la necesidad de que un elemento legitimador de la actuación de los Estados sea la protección de los derechos humanos.

Sin embargo, uno de los grandes retos es cómo compatibilizar este momento de desarrollo económico que efectivamente se traduzca en mejores condiciones de vida, y no sea un elemento de mayores discriminaciones y mayor fomento de la desigualdad.

En este momento ese es uno de los grandes retos que tienen nuestros Estados en materia de derechos humanos.

ENS: ¿Algo que decir en este punto específicamente sobre Colombia?

HSP:Colombia está dentro del mismo contexto internacional, no me gustaría referirme específicamente sobre el particular.

 

 

 

Palacio de Justicia

El juez Sierra Porto dijo que posiblemente al final de este año se produciría el fallo sobre los hechos del Palacio de Justicia en Colombia en el año 1985. “En este momento la Corte Interamericana está conociendo, ya está para decidir una sentencia sobre temas relacionados con la toma del Palacio de Justicia. Se tiene estimado que para finales de año debe haber una decisión. Pero sobre ese particular poco más puedo decirle, primero porque no se ha producido la sentencia y segundo porque no participo en los casos en donde Colombia es parte”.

Sierra Porto añadió que “las demandas por infracción de derechos de los Estados se presenta la solicitud de protección, se presenta originalmente ante la Comisión Interamericana, y luego la Comisión Interamericana es la que decide, luego de que se reúnen los requisitos, qué casos deben ser presentados ante la Corte. De los miles de casos que se presentan al año a la Comisión solo unos pocos son seleccionados para que la Corte Interamericana produzca sentencias. Nuestra Corte tiene un valor, tiene una consecuencia o una característica, y es que sus decisiones tienen esencialmente un valor magisterial, es decir, no solamente resolvemos el caso concreto sino que además, a propósito del caso concreto, se intentan establecer unas reglas, unos estándares, unos precedentes jurisprudenciales que puedan ser válidos para efectos de los países que aceptan la competencia de la Corte. Es decir, nosotros somos un Tribunal que produce 15 a 20 sentencias al año en promedio, y por eso, digamos,  es mucho más restringida la posibilidad de pronunciarnos”.

En noviembre de 2013, en el marco de una audiencia que adelantó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Brasilia (Brasil), Colombia pidió perdón a las víctimas del Palacio de Justicia. En esa oportunidad la directora de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, dijo que el Estado colombiano hace un "reconocimiento parcial" sobre su "responsabilidad y omisiones", que ha sido producto de un "análisis profundo de los hechos".

Este caso llegó inicialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual después de un tiempo la remitió a la Corte Interamericana señalando que el Estado colombiano debe una "respuesta" que garantice la "justicia", el "reconocimiento" de las violaciones ocurridas y una "reparación" a las víctimas.

El 6 de noviembre de 1985 un comando de unos 35 guerrilleros del M-19 asaltó el Palacio de Justicia en Bogotá, tomando a más de 350 rehenes, entre ellos los magistrados de las altas Cortes. Cerca de un centenar de personas perdieron la vida producto de la toma guerrillera y la posterior retoma del edificio por parte del Ejército.

Once trabajadores de la cafetería del Palacio desaparecieron y en la actualidad la Fiscalía de Colombia adelanta investigaciones a agentes del Estado porque supuestamente dos guerrilleras y un magistrado salieron vivos, pero luego fueron reportados como muertos en el enfrentamiento.