Un fallo del Consejo de Estado revivió una deuda que asciende a 1,3 billones de pesos por concepto de bonificaciones para magistrados de tribunales, procuradores y fiscales delegados.
La sala de conjueces del Consejo de Estado determinó que el Gobierno deberá cancelar ese dinero tras caerse el decreto 4040 del 2004, el cual pretendía ponerle freno a demandas que venían desde 1998 en el gobierno de Álvaro Uribe.
El decreto firmado por el ex presidente Ernesto Samper en medio de un paro judicial, dio a esos altos funcionarios de la Rama una bonificación mensual del 80 por ciento sobre el sueldo que recibían, sin embargo se llegó a una conciliación donde se bajaba la bonificación del 80 al 70%.
Los conjueces consideraron que ese arreglo era discriminatorio por lo tanto quedaba vigente la norma anterior del 80%.