Una nueva ley de comunicación, promovida por el gobierno del presidente Rafael Correa y que limita la presencia de medios privados, entró en vigor este martes, en medio de críticas de algunos medios y de organizaciones de prensa.
La norma, aprobada por una amplia mayoría en el Congreso y que el sábado recibió el aval sin objeciones de Correa, fue publicada el martes en el Registro (Diario) Oficial y entró en vigencia.
La ley de comunicación establece una nueva repartición de frecuencias y licencias de radio y televisión, concediendo 34% para los medios comunitarios, 33% para el sector público y 33% para los privados con fines de lucro.
Actualmente, 83% de las 1.147 frecuencias radiales y 68% de las 548 estaciones televisivas de señal abierta están bajo la categoría de comercial privada en la estatal Superintendencia de Telecomunicaciones.
La norma implementa la creación de un consejo con potestad para sancionar con multas a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones bajo el principio de responsabilidad ulterior y cuya finalidad es regular la difusión de contenidos violentos explícitamente sexuales o discriminatorios
El 20 de junio, la SIP emitió un comunicado en el que manifiesta "preocupación por la serias repercusiones" de la ley, que regula el contenido de los medios y reduce la participación del sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias.
Para la SIP, ese ente servirá para que "el poder político instale un marco juridico propicio para la censura previa" y sostuvo que las consecuencias de la normativa "pueden ser nefastas para el ejercicio libre e independiente del periodismo".
Por su parte, la organización estadounidense Human Rights Watch calificó la nueva ley de comunicación de "asalto a la libertad de expresión".
Asimismo, los diarios privados de Ecuador publicaron editoriales cuestionando la ley y afirmando que representa una "mordaza" para el periodismo de investigación.
La Asociación Ecuatorianas de Editores de Periódicos, de la cual son miembros los principales diarios privados del país, aseguró que la ley "va a suprimir el pensamiento crítico" y agregó que "impulsa la censura previa y acabará con el periodismo de investigación".
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sostiene un fuerte pulso con un sector de la prensa, al que acusa de intentar desestabilizarlo, entre ellos el diario El Universo, a cuyos tres directivos y un exeditor enjuició por injuria, siendo condenados en febrero de 2012 a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares, aunque luego extendió un perdón judicial y la causa fue archivada.
AFP.