A la espera de que el presidente Juan Manuel Santos defina los cambios en el gabinete, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo continua con su labor diaria en pro del desarrollo del agro colombiano, compromiso que asumió desde que fue nombrado.
Hoy actuó como invitado principal en el XII foro “Garantía Agroempresarial” y XX Asamblea de la Corporación Colombia Internacional en donde se declaró satisfecho con la misión cumplida y explicó los lineamientos de la locomotora a su cargo.
Estos son algunos apartes de su intervención:
“Los miembros del gabinete del presidente Juan Manuel Santos, le hemos presentado renuncia para que él proceda a reconformar su equipo de Gobierno de cara a este segundo tiempo de su mandato. Creo oportuno, en consecuencia, resumir ante este importante auditorio, los puntos centrales de lo que ha sido la gestión de la cartera en los últimos dos años.
• Después de que en los últimos años (2008-2009-2010) la agricultura no creció en Colombia, es muy satisfactorio para mí ver un sector agrario creciendo de nuevo con guarismos positivos, como lo testimonian las cifras del Dane para el 2011 ( último año para el cual hay datos anuales completos ). Y ello, a pesar de un año tan duro como lo fue el 2011, marcado por la inclemente ola invernal y la fuerte revaluación del peso.
• Nada comparable, sin embargo, a la inmensa satisfacción de contribuir, desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la construcción del programa bandera del Gobierno Santos: la política de Restitución de Tierras, creada mediante la ley 1448 de 2011. Las instituciones allí establecidas están en marcha. Es, sin duda, la política agraria de mayor aliento que se está ejecutando en el país en muchas décadas. Las primeras cosechas de fallos jurídicos sobre tierras despojadas por móviles criminales se comenzarán a recoger en el segundo semestre de este año. Agradezco a la Pastoral Social de la Iglesia Católica y a la Cooperación Internacional su constante apoyo y solidaridad con esta política.
• Se está trabajado (observando el debido proceso que impone la ley) con máxima diligencia y determinación políticas. A pesar de muchos callos que se empiezan a pisar y de los enemigos agazapados o desembozados que le aparecen a diario a esta política de tierras, la inmensa deuda insoluta para con los despojados empieza a saldarse.
• Igualmente satisfactorio es haber rescatado para el Ministerio, el sentido profundo de lo que el “desarrollo social” significa, concepto que había caído en desuso y olvido. La guía ética, inquebrantable desde el primer día de mi gestión fue: “menos subsidios directos para unos pocos intereses creados y más bienes colectivos para el conjunto de agricultores y ganaderos del país”.
• Los intereses creados habían estado enseñados a medrar insaciablemente en torno a los recursos públicos que asigna el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fueron reemplazados por otras prioridades de política pública: primaron, en todas las decisiones, consideraciones de interés colectivo.
Es satisfactorio constatar, por ejemplo, cómo a la fecha, cerca del 80% del número de créditos que canaliza Finagro van en la actualidad a pequeños agricultores y ganaderos. No siempre había sido así en el pasado. Naturalmente, este cambio ha generado profundo malestar entre algunos pocos que estaban enseñados a drenar para sí una tajada desproporcionada de los subsidios y ayudas que, con recursos públicos, que son forzosamente limitados, se canalizan hacia el agro.
• Igual ha sucedido con los intentos de algunos para interferir politiqueramente en los nombramientos del Ministerio. Se les ha mantenido a raya. La inmensa proporción de nombramientos se hizo siempre por concurso y méritos. Esto, naturalmente, generó malestar entre quienes están acostumbrados a hacer la política y a manejar el concepto de “gobernabilidad” de manera diferente.
• Está listo también, para ser presentado al Congreso (una vez terminen las consultas exigidas por la ley y que están en curso con las comunidades étnicas) el más ambicioso proyecto de ley sobre desarrollo rural, acceso a la tierra y ordenamiento del derecho agrario que quizás no se había preparado en Colombia desde la expedición de la ley 200 de 1936.
• El desarrollo sostenible rural no se consigue con facilismos mediáticos sino con la claridad de estímulos y de políticas, en un contexto de decisiones que consulten la realidad internacional y la integración de lo rural y de lo urbano. Así lo hemos venido haciendo con programas ya en marcha, como país maíz, alianzas productivas, mujer rural, vivienda rural cuyos logros se traducen en la entrega de más de 30 mil soluciones durante el presente año que dignifican la condición de vida de los campesinos más necesitados.
• Es absolutamente infundado el reproche que algunos están haciendo, en el sentido de que hemos sido lentos en la ejecución. La gran mayoría de las inversiones del Ministerio se hacen mediante convocatorias públicas que están en curso para asegurar la transparencia en la asignación de los recursos como varias en las que participa la CCI. A la fecha, por ejemplo, los compromisos en firme conducentes a la ejecución de las partidas de inversión del sector agropecuario son del 81% de las apropiaciones y los del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural propiamente dicho, del 89%.
• Con la misma diligencia y dedicación ha actuado la Unidad de Restitución de Tierras. En escasos seis meses de funcionamiento, ha hecho más en preparación y sustanciación de demandas ante los jueces agrarios que en medio siglo en Colombia. A agosto 23, están en marcha, hacia la jurisdicción agraria, 1586 demandas de Restitución de Tierras”.