Restituirían tierras usurpadas por Castaño | El Nuevo Siglo
Miércoles, 28 de Agosto de 2013

Ante la oficina judicial de reparto de Montería, Córdoba, el director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Rodrigo Torres, presentó una demanda colectiva que busca devolverles, a 46 familias víctimas del despojo, 330 hectáreas en el municipio de Valencia.

“Esta es la primera parte de las 250 demandas que presentará la URT antes de finalizar el mes de agosto, para solicitar predios de las haciendas más emblemáticas del Clan Castaño en Córdoba”, afirmó Torres.

 

Según lo informó la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, los predios solicitados pertenecen a las haciendas de mayor extensión Jaraguay y Roma, dos de los principales asentamientos del grupo paramilitar ubicados en el municipio de Valencia, corregimiento de

Villanueva, donde el grupo paramilitar tenía pleno ejercicio de su poder, tal como lo describió el jefe irregular Diego Murillo, alias Adolfo Paz o

Don Berna, en la versión libre rendida en Miami. “Villanueva era para las autodefensas su retaguardia social y estratégica […] había seguridad, se construyeron vías […] puentes, se generó empleo y éramos los que dirimíamos cualquier diferencia que se presentaban. Éramos el ‘Estado’ en esa zona”.

El contexto que se presentó en este corregimiento, guarda grandes similitudes con los hechos evidenciados en las haciendas ya restituidas en el corregimiento de Leticia, Santa Paula y Cedro Cocido, pues en todos los casos los territorios fueron donados por el Clan Castaño a través de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).

Estos feudos fueron divididos en varios cientos de parcelas que se distribuyeron nominalmente entre campesinos sin tierras de las zonas aledañas, quienes tuvieron que ceñirse a las condiciones de dominio impuestas por la fundación, donde se les prohibía enajenar el bien antes de cumplidos 10 años desde la entrega, instalarse en sus predios sin autorización o explotarlos de manera autónoma, en otras palabras, los territorios continuaban bajo el mando implícito de los Castaño.

 

El despojo

A la fecha, la URT ha recibido casi 400 solicitudes de restitución de parcelas ubicadas en los predios de las Tangas, Jaraguay y Roma, todas localizadas en el corregimiento de Villanueva, cada una con una extensión superior a las 1200 hectáreas.

De acuerdo a las investigaciones hechas por la URT, todos los hechos coinciden en que entre 1997 y 2001, algunas personas de confianza de Fidel Castaño o Sor Teresa Gómez, entre ellos, Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, y Remberto Álvarez, empezaron a correr la voz de que “había que devolverle las tierras al patrón porque las necesitaba”, refiriéndose no solo a los Castaño, sino también a Murillo.

Los parceleros que habían sido beneficiados con las donaciones hechas por la fundación asumieron que se trataba de una orden de obligatorio cumplimiento bajo pena de muerte o destierro. Algunos pocos protestaron personalmente ante Roldán o sus secuaces, pero este procedió rápidamente a aclararles que de no vender ellos, sí lo haría la viuda, tal como lo expresa uno de los reclamantes de los predios en la declaración hecha ante la Unidad: “Había una reunión y estaba ahí […]

Monoleche…entonces yo dije que no iba a entregar mi parcela ya, pero un cachaquito bajito él, saco las pistolas y la puso en la mesa y dijo: Bueno, si no la entregas tú la entrega la viuda”.

Los campesinos recibieron como pago por cada hectárea no más de un millón de pesos, muy por debajo del costo real de esas tierras.

En este municipio las AUC usaron una estrategia diferente de despojo, pues crearon sociedades de comercio y empresas unipersonales fachadas, donde los parceleros figuran como miembros que aportaron los predios como capital para la constitución de las mismas.

“En la investigación del caso encontramos que los solicitantes no tenían conocimiento sobre la constitución de estas sociedades, de hecho en los negocios jurídicos aparecen firmando campesinos después de haber fallecido”, afirmó Torres.

Los solicitantes afirmaron además que nunca recibieron las utilidades que siguieron generando estos terrenos después del despojo, pues han sido subarrendados por diferentes sociedades cuyo objeto está enfocado en la ganadería.