Una enérgica respuesta dio ayer el Gobierno a la ONG Amnistía Internacional, la cual preparó un informe en que resaltó que son pocos los avances de la restitución de tierras a los campesinos afectados por el conflicto. No basta con entregar un título de propiedad sino garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan.

Tres ministros salieron en defensa de este proceso y de los resultados que se han alcanzado hasta el momento, el cual se inició hace dos años desprendiéndose de la Ley de Víctimas.

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dijo que “el Gobierno está trabajando con determinación en la reparación a las víctimas, la restitución de tierras muestra resultados contundentes poniéndole la cara a un problema que lleva más de 50 años y no había sido enfrentado antes con tanto compromiso. Ya somos ejemplo internacional en administración de justicia para el campo”.

De otro lado, el ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, aseguró que "el pronunciamiento desconoce que los procesos de restitución de tierras se iniciaron en Colombia sin que haya cesado el conflicto armado interno, lo que evidentemente dificulta que los procesos avancen de manera efectiva en todo el territorio nacional". Así mismo, el jefe de la cartera reiteró que "el Ministerio de Defensa Nacional, desde el inicio de vigencia de la Ley 1448 de 2011, implementó instancias de inteligencia y operacionales que han contribuido de manera significativa a las labores que desarrollan la Unidad de Restitución de Tierras y los funcionarios judiciales. Destacamos el esfuerzo permanente de la Fuerza Pública en prepararse en todos los temas de la Ley 1448 de 2011. A la fecha se han capacitado más de 12.000 miembros de la Fuerza Pública comprometidos con los procesos de restitución de tierras”.

Por otra parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló: “La restitución de tierras avanza. Como todo proceso ha enfrentado obstáculos que han sido superados por las entidades que tienen la responsabilidad de adelantarlo con apego a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, brindando las garantías para el retorno de la población y las medidas de protección para los reclamantes”.

En tanto que la Unidad de Restitución de Tierras, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, señaló que Colombia es el único país que ha asumido el reto de restituir tierras en medio del conflicto armado.

Asegura la entidad en un comunicado en contraposición a lo que sostiene Amnistía Internacional que “el 100% de las familias que han vuelto a sus tierras se mantienen en ellas, ello demuestra que existen garantías para un retorno seguro y sostenible”.

Los peros

En su informe Amnistía Internacional, al que denominó Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia, indica que si bien la Ley de Víctimas es un buen paso, el proceso de restitución de tierras ha sido muy lento y con pocos resultados, además de que ha defraudado porque las personas que resultaron favorecidas con fallos de restitución no han regresado por las amenazas en su contra.

El estudio de la ONG internacional asegura que desde el año 2012 apenas se han devuelto 30 mil hectáreas a campesinos y 50 mil en territorio indígena, cifra que considera baja frente a las estimaciones de 8 millones de hectáreas que se habrían adquirido de forma irregular.

Por otra parte, Marcelo Pollack, investigador para nuestro país de Amnistía Internacional, dijo que "Colombia tiene uno de los niveles de desplazamiento forzado más altos del mundo y es más que evidente que las autoridades no hacen lo suficiente para garantizar la devolución efectiva de las tierras robadas a sus legítimos ocupantes".

El informe también hace hincapié en las difíciles condiciones de seguridad que desarrolla este proceso para las personas a las que se les devuelve la tierra porque son amenazados, pero también para los funcionarios de restitución, pues hay violencia en su contra "e incluso la muerte, a manos principalmente de grupos paramilitares".

Sobre este particular, la ONG dijo que al menos 35 investigaciones por homicidios de personas relacionadas con el proceso de restitución están en manos de la Fiscalía General.

Cifras

Sehan devuelto más de 84.516 ha. a más de 11.401 personas. Además, en manos de jueces hay 300 mil ha. para sentencia.

Las familias restituidas a nivel nacional han recibido ayudas para proyectos productivos por más de $25.000.000.000. En vivienda, el Estado ha asignado subsidios a cerca de 2.000 familias por más de $30.000.000.000. Además, se han concretado acuerdos para el alivio de pasivos y la exoneración de impuestos.