La fuerza de sentencia que tendrían las resoluciones por medio de las cuales se devolvería la propiedad sobre la tierra a los reclamantes por la vía administrativa, en los casos en que no hay opositor, no evitaría contrademandas.

Esta es una de las preocupaciones frente a las implicaciones que tendría el proyecto de ley que ajusta el Gobierno nacional con algunos congresistas para ser radicado en el Legislativo después de Semana Santa, el cual busca agilizar el proceso de restitución evitando llevar  ante los jueces de tierras las reclamaciones en las que no hay opositor a la vista.

Algunos consideran frente al proyecto de ley que será presentando y que permitirá que la Unidad de Restitución en un término no mayor a 60 días pueda por medio de una resolución retornar la tierra al reclamante, si bien aumentaría significativamente el número de casos resueltos, también podría repercutir en que aparezcan de la noche a la mañana supuestos propietarios que demandarían ante los tribunales.

Frente a este particular el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “eso tendría que estar dentro del proyecto si se hace por vía administrativa o se hiciera por tema judicial. Precisamente hay que hacer un estudio bastante profundo sobre la dependencia económica, de la dependencia social de la tierra, para que no vaya a ocurrir ese tipo de situaciones posteriormente. Pero tendría los mismos efectos obviamente que se da en los temas, no es que sea un tema de cosa juzgada que no permitiría que eso se pudiera volver a revisar”.

Vélez piensa además que no se puede señalar que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras ‘pecó’ por no haber contemplado la restitución administrativa en los casos en donde no hay opositor. “Una cosa es la Ley y otra son los efectos prácticos de la Ley”, dijo al explicar que han encontrado en muchos de los procesos de restitución que la persona a la cual se está demandando, por alguna razón no aparece o es tan evidente que no tiene derechos sobre la propiedad, que termina por no oponerse. “O lo otro es que la persona ya vivía en el lote o estaba ahí de cualquier circunstancia y dice ‘pues nadie se va a oponer’”.

Añadió el Superintendente de Notariado que “lo que tenemos que llevar a los jueces es donde hay litis, donde hay disputas de unos con los otros,  pero si no hay litis o no hay oposición para qué desgastar en los tiempos de los jueces, cargar de trabajo a los jueces si se puede solucionar administrativamente”.   

Compás de espera

El senador Jorge Robledo (Polo Democrático), uno de los más críticos del desarrollo que ha tenido la restitución de tierras, pues considera que son modestos lo resultados del proceso en cabeza del Gobierno nacional frente a la dimensión de la situación de despojo que se configuró en el marco del conflicto, consideró que “es evidente que esto de la restitución va muy mal”, sin embargo dijo que si “se aprueba un proyecto que mejore el asunto sería una cosa positiva. Habría que ver qué es lo que dice el proyecto, no resulte que sea otra norma que al final no funcione”.

Añadió que hay un hecho concreto y es que este proceso “va muy mal, y si hay un proyecto de ley que lo mejore, pues bienvenido porque nosotros en el Polo somos  amigos de la restitución y de todo el tema de las víctimas”.

Se facilita el proceso

El mecanismo  de restitución por vía administrativa “va a facilitar enormemente el proceso de vuelta de muchos de los campesinos que fueron obligados a abandonar sus tierras por el conflicto, y que no tienen un opositor. Entonces, lo que hay que hacer ahí es entregarles el título  porque recordemos que uno de los factores que más facilitó el despojo fue la informalidad en la tenencia de la tierra. Entonces, lo que vamos a conseguir con ese proyecto de ley es que esas personas tengan rápidamente el título y puedan volver a sus predios con título en mano y que se les pueda ayudar ya en su retorno”, señaló el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal.

Añadió que ya hay varias regiones del país en donde hubo conflicto pero hoy gozan de tranquilidad por lo que existen las condiciones para la restitución y que los campesinos retornen a sus tierras. “El caso del oriente antioqueño o en el interior del país Cundinamarca o en el Valle. Hay muchas zonas que ya tienen toda la condición de seguridad, lo que necesitan allí los campesinos es apoyo en su retorno y que se les legalice la propiedad para que nunca más los vuelvan a victimizar”.

El funcionario dijo que el proceso de restitución administrativa que se tiene en mente atenderá un número importante de las reclamaciones que llegan a la Unidad de Restitución, “va a ser un tema muy rápido, donde la Unidad tiene un proceso muy sencillo, muy rápido, les podrá entregar su título”.

Más propuestas

Como muy acertado el enfoque que el Gobierno nacional quiere dar para agilizar la restitución de tierras en el país a través de la vía administrativa, calificó Gerardo Vega, director de la  Fundación Forjando Futuros, la cual realiza un acompañamiento a los reclamantes de tierras.

Sin embargo dijo que esta iniciativa es “hoy insuficiente, no es solamente cuando no haya opositor sino que la ley establece de manera clara que cuando no hay condiciones de seguridad o cuando la persona por cualquier circunstancia ya no desea volver, pues lo adecuado sería compensarlo con tierra en otra parte o en dinero. Y el Gobierno continúa solo, ya sin la víctima, persiguiendo ese bien, o sea, repite contra el testaferro o el despojador”.

El dirigente añadió que una forma de evitar que haya más asesinatos contra los reclamantes de tierras es “sacándolo del proceso en esa etapa, en la etapa administrativa, y que continúe solo el Gobierno repitiendo en la etapa judicial”.