Allan Brewer se convirtió en un símbolo de la resistencia democrática contra el socialismo del siglo XXI, que llevó al país más rico en su momento de la región a la ruina. Por la lucidez intelectual y jurídica con la que defiende los valores de la democracia y la libertad, el gobierno de Chávez y el de Nicolás Maduro le declararon la guerra y vive en la actualidad en el exilio académico en Estados Unidos, donde se lo disputan como profesor las mejores universidades.
El jurista y político venezolano arribó esta semana a Bogotá para asistir con otras personalidades del mundo académico internacional al foro sobre los 25 años de la Constitución Política de Colombia, organizado por la Universidad Javeriana. EL NUEVO SIGLO tuvo la oportunidad de entrevistarlo sobre la política de su país y el significado del 6 de Diciembre.
EL NUEVO SIGLO(ENS): ¿Qué significa para usted el 6 de diciembre?
ALLAN BREWER CARIAS (ABC). En Venezuela ocurrió una rebelión popular contra un régimen autoritario impuesto contra la Constitución, por el cual nunca nadie votó, más bien en el 2000 votó masivamente contra el Estado totalitario y la propuesta de incorporarlo a la Constitución mediante una reforma constitucional que en esa ocasión perdió Chávez. De allí que la rebelión popular del 6 de diciembre del 2015, expresada mediante los votos de millones de venezolanos descontentos, fue contra ese engendro de Estado totalitario impuesto en fraude a la Constitución y en fraude a la voluntad popular.
Esa en una decisiva expresión de cambio de la voluntad popular, que no fue, simplemente, para elegir algunos diputados. Esa lección emana de las entrañas del pueblo venezolano y la deben asimilar tanto el gobierno como la Asamblea; se traduce desde lo jurídico–político en la urgente necesidad de restablecer las bases más elementales de la democracia, que fueron demolidas por el régimen.
ENS: ¿Cómo se arma el rompecabezas?
ABC. Esas bases son primero la legitimación democrática de los poderes públicos y el restablecimiento de la separación de poderes. Ese es el mandato popular que recibió la Asamblea. En Venezuela, además de la elección directa del Presidente de la República, de los diputados de la Asamblea, de alcaldes y gobernadores, la Constitución establece a nivel nacional la elección popular indirecta en segundo grado de los magistrados del Tribunal Supremo, miembros del Tribunal Electoral, así como del Fiscal General y Defensor del Pueblo por la Asamblea (que actúa como cuerpo elector) no como órgano legislativo, garantizándose una máxima representatividad con el voto de las dos terceras partes de los miembros de ese cuerpo legislativo y una máxima participación ciudadana al establecerse que sean sendos comités exclusivamente de representante de la sociedad los únicos que pueda presentar los candidatos.
Todas estas normas fueron violadas sistemáticamente desde el 2000. En muchos casos estos funcionarios son en su mayoría y los comités de postulaciones integrados como simples comisiones parlamentarias con mayoría de diputados. Una verdadera burla a la denominada participación popular.
Entonces, la primera responsabilidad para restablecer la democracia de la Asamblea es anular esos nombramientos inconstitucionales y proceder cuanto antes a la elección popular de segundo grado. Es tan aberrante esta situación que, desde el 2004, los miembros del Consejo Nacional Electoral han sido nombrados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, la última vez en diciembre del 2014, con la peregrina excusa de omisión legislativa.
ENS: ¿Qué otras medidas considera fundamentales para la democracia?
ABC. El restablecimiento de la legitimidad pasa por la elección democrática de los magistrados y los altos funcionarios, con la finalidad de sentar las bases para el restablecimiento de la separación de poderes, que tiene como objetivo el fortalecimiento de la autonomía e independencia del poder judicial, que en Venezuela no existe.
A su vez, como compromiso prioritario, la Asamblea tiene la responsabilidad de restablecer el sistema de descentralización política reviviendo el Estado Federal, que ha sido aplastado por el centralismo del Estado totalitario. El totalitarismo chavista quebró la tradición descentralizadora de Venezuela, con ese fin montó una organización paralela al Estado Constitucional, denominado el Estado Comunal o Estado del poder popular, creando comunas y desistitucionalizando y desmunicipalizando el Estado constitucional.
Hasta el presidente chavista de diputados quiso, cuando agonizaba su gestión, establecer un ilegitimo y fantasmal parlamento comunal para minimizar la Asamblea Nacional respaldada por millones de votos de los venezolanos. La otra obligación de la Asamblea para cumplir el mandato popular de restablecer la democracia y ello tiene que ver con las reformas a fondo de las leyes orgánicas del poder popular, que han desquiciado el Estado.
Otra misión fundamental de la Asamblea es devolver el poder político local a los municipios y los Estados de la Federación y someter a los mismos al mal llamado Estado comunal.
ENS: ¿Qué otros pasos se deben dar?
ABC. La Asamblea debe legislar, esa es su función y cumplirla hace parte de la restauración de la democracia. Lo mismo que debe ejercer el control político, tal como manda la Constitución. En Venezuela, la Asamblea durante 15 años renunció a su función fundamental de legislar y delegó sucesivamente en el Presidente la función legislativa, consagrando el autoritarismo con la totalidad de las leyes y decretos leyes del Ejecutivo.
Así que la Asamblea debe cumplir su deber y ejercer el control político y administrativo sobre el Ejecutivo. Existe una Ley de desacato que obliga a los funcionarios públicos a comparecer a la Asamblea o ser sancionados, cuando esta los convoca.