La suspensión provisional de la Resolución 339 de 19 de septiembre de 2012, por medio de la cual se autorizó la instalación de una mesa de diálogo con el grupo subversivo Farc y se designaron los delegados del Gobierno nacional para la misma, fue negada por el Consejo de Estado.

 

La Resolución fue demandada por un particular al considerar que no se ha cumplido con el mantenimiento del orden público y con la obtención de la paz, según informaciones publicadas por los medios de comunicación.

 

“El Gobierno y las Farc actúan contrario a lo que sostiene el presidente cuando deja por fuera al otro grupo terrorista Eln, desconoce las facultades que se le ha otorgado a la Fuerza Pública y resulta contrario con los mandatos constitucionales que lo comprometen como mandatario con la protección de los derechos fundamentales de las personas residentes en Colombia”, señala el demandante.

 

La magistrada ponente María Elizabeth García estudió los argumentos y encontró que no existe una violación de la Constitución Política, por cuanto el actor se limita a transcribir apartes de noticias sobre actos violentos cometidos por los grupos armados de las Farc y el Eln.

 

“En el texto de la demanda se hacen elucubraciones acerca de la inconveniencia de adelantar un proceso de paz sin participación de todos los grupos al margen de la ley… y en contravía del bienestar común que debe defender el Estado, pues hasta la fecha no han cesado los ataques a la población civil”, indica el Auto que resolvió la medida cautelar, el cual no fue objeto de recurso alguno.

 

La audiencia inicial del proceso fue fijada para el próximo 7 de julio y deberán comparecer las partes, es decir, el demandante, el apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación.