El debate sobre la presencia de militares en territorios indígenas volvió a calentarse ayer al darse a conocer el Auto 173 de 2012 proferido por la Corte Constitucional, en el que le da seis meses de plazo al Ministerio de Defensa para entregarle a la comunidad indígena Jiw (también llamada Guayabero) el terreno que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Militares Especiales e Infantería de Marina en Barrancón, Guaviare.

Los jiw consideran que ese territorio es sagrado.

La primera y obvia referencia fue el conflicto que se vive desde hace muchos años y del que se ocuparon los medios de prensa en las últimas semanas, como lo vienen haciendo casi cierto tiempo: el clamor de los indígenas nasa (o paeces) para que Ejército, guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes abandonen su territorio.

Sin embargo, hasta donde se ha podido conocer del Auto, la decisión tomada en relación al Guaviare no sería aplicada al Cauca.

En todo caso, lo que sí deja es una frontera difusa entre el deber del Estado de hacer presencia, incluso militar, en todo el territorio nacional, incluyendo los resguardos indígenas, y el derecho de las etnias a disfrutar de la autonomía que quedó plasmada en la Constitución de 1991.

Según la Corte, la decisión la adoptaron porque “los pueblos indígenas Jiw y Nükak, asentados en los departamentos de Meta y Guaviare”, según el auto de seguimiento a una tutela interpuesta en 2004, “están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente, a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección".

La base en cuestión es el principal centro de entrenamiento de las Fuerzas Especiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El proceso deberá hacerse con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Pastoral Social Caritas (de la Conferencias Episcopal Colombiana), indica la sentencia.

 

Gobierno apelará

 

El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón dijo que "acata" el fallo, aunque anunció que lo apelará, en declaraciones a periodistas, en las que aseguró que los militares tienen "magníficas" relaciones con los indígenas en esa zona.

Por su parte, el Comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, aseguró que "estamos allá porque hubo acuerdos con el gobierno local".

 

“Golpe de Estado”: Uribe

 

Evidentemente sin conocer el fondo del auto de la Corte, el ex presidente Álvaro Uribe se apresuró a graduar de golpistas a los magistrados del Tribunal.

Uribe considera de “la mayor gravedad” la determinación, y advirtió que si es necesario reformar la Constitución para corregir ese hecho, hay que hacerlo, hilando delgado con su propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente.

“Eso es un golpe de Estado a Colombia”, declaró Uribe, y anunció un pronunciamiento de fondo una vez conozca el texto integral del fallo de la Corte.

 

 

Indígenas Jiw (o guayaberos)

 

Según un informe de ACNUR, “la comunidad Jiw o Guayabero se encuentra ubicada en varios asentamientos indígenas a través del río Guaviare y ha sido víctima de la violencia de los grupos armados ilegales en el departamento del Guaviare, que ha afectado sus territorios”.

“La Defensoría del Pueblo ha informado en varias oportunidades sobre el desplazamiento forzado que ha venido afectando a los indígenas guayaberos como consecuencia de las acciones violentas que han provocado el confinamiento, las restricciones en la movilidad, el reclutamiento forzado, el minado y los asesinatos selectivos de líderes y miembros de la comunidad, lo que requiere de una acción efectiva de las autoridades competentes del Estado y de los organismos humanitarios”, consignó ACNUR en su informe.

 

 

Auto no aplica para el Cauca

 

El presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) Luis Evelis Andrade le dijo a la Agencia France Press (AFP) que la decisión de la Corte no sólo le "dio la razón a la demanda de los indígenas, sino que dejó claro que es necesario dialogar y consultar con los indígenas antes de que se instale una base militar" en sus resguardos.

Sin embargo, advirtió que el fallo no se puede extender a la situación del Cauca, porque "el caso es diferente y tiene otro contexto".

Un comunicado de la ONIC de enero pasado dio cuenta de la muerte de

Juan Bautista Ladino, anciano de 60 años y por lo tanto baluarte de la sabiduría ancestral de los Jiw, al pisar una mina antipersonal en Mapiripán, Meta (más exactamente en el asentamiento Zaragoza 4), a donde había tenido que huir con su familia en calidad de desplazado por los continuos hechos que dieron motivo a la decisión de la Corte.

En el comunicado, la ONIC reproduce el pronunciamiento Jiw: “Nada tenemos que ver con el conflicto armado, del que tampoco queremos ser parte” y que mantienen su “posición como pueblo de no tener ningún tipo de vinculación, con ningún grupo armado al margen o no de la ley”. También expresaron que se sienten “acorralados por el conflicto armado que pareciera empecinarse en perseguirnos, aun cuando nos desplazamos huyendo de él, toda vez que los grupos armados nos ponen como escudo de sus acciones, siguen minando nuestros territorios y prohibiéndonos actividades básicas para adquirir nuestro sustento diario y poder sobrevivir”.

Al final del comunicado, los Jiw le exigen al Estado que “tomen de manera inmediata todas las medidas necesarias para la protección de nuestros territorios y la garantía de seguridad en los asentamientos que ocupamos como población desplazada al norte del Guaviare y sur del Meta”.

La inspección de esta situación ha estado a cargo de ACNUR, la Defensoría y la Pastoral, que han conformado comisiones humanitarias conjuntas para atender a la población jiw en condición de desplazamiento.

El auto de la Corte menciona, según quienes han tenido acceso a su texto, que aproximadamente 60 por ciento de esa etnia ha sido víctima del desplazamiento forzado y que en los últimos años seis de sus integrantes han sido asesinados, mientras que cinco han sido víctimas de desaparición forzada.

En cuanto a los problemas derivados de la proximidad a la Escuela, la Corte anota que “el polígono de tiro de la base” fue ubicado detrás de los cultivos indígenas “y, por tanto, representa un grave peligro para sus habitantes".

Además de los accidentes con minas ya referidos, la Corte señaló que “en el resguardo de Barrancón, Guaviare, cuyo territorio se encuentra invadido por una Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, se han presentado incidentes como consecuencia del abandono de municiones sin explotar (MUSE) por parte de la Fuerza Pública. Y en ese sentido, en el documento se relacionan 16 víctimas, tanto de minas antipersonales (MAP), como de municiones sin explotar".

Aunque se trata de situaciones diferentes, el miércoles la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) publicó un comunicado declarando que “los abusos a nuestro pueblo no son cosa de ahora, hace 10 años hemos enfrentado la agudización del conflicto. Con el dolor y la sangre que nos ha costado les aclaramos que no pueden subestimar este proceso, que es proceso y no coyuntura, que los indígenas del norte del Cauca no queremos la paz de la que habla Santos y Timochenco, no queremos la paz de la opresión para negociar nuestra autonomía, no queremos la paz de los que usan nuestra lucha y esfuerzo para callarnos y ordenarnos qué hacer. La paz que queremos es la armonía de la Madre Tierra, armonía que significa la salida de todo lo que atenta contra la vida, la salida definitiva de las transnacionales, que son las que traen la guerra al despejar el territorio para comerciar con sus riquezas”.