La  reforma judicial está sobre el tapete. Tanto por hundida que depende de un inminente fallo del Consejo de Estado, como por la propuesta gubernamental de impulsar otra en el Congreso. El magistrado Luis Gabriel Miranda responde varios interrogantes sobre los temas más clave del ajuste. Dice que debía estudiarse la posibilidad de magistrados vitalicios para fortalecer la independencia judicial frente a los otros dos poderes. No está de acuerdo con acabar la Judicatura. Sobre las facultades nominadoras y electorales de las altas Cortes, sostiene que el tema de fondo no es quitárselas a los máximos tribunales sino establecer a quién se le pasan. Tampoco está de acuerdo con un nuevo tribunal para juzgar aforados. También se pronuncia sobre reforma a la tutela, la extradición, el populismo punitivo y la preocupación por el presupuesto de la Rama para 2015.

Entrevista

EL NUEVO SIGLO:-¿Debe crearse un nuevo tribunal para juzgar a los altos funcionarios aforados, quitándole esa facultad a la Corte Suprema de Justicia?

LUIS GABRIEL MIRANDA:- Es claro que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es inoperante. Por eso debe ser replanteada en cuanto a su estructura y funcionamiento en el sentido de dotarla de herramientas adecuadas y profesionales de apoyo idóneos para que cumpla su labor constitucional. Por el contrario, las instituciones que marchan bien hay que mantenerlas y fortalecerlas; es el caso de la Corte Suprema de Justicia frente a la investigación y juzgamiento de altos funcionarios del Estado. Una discusión distinta e indispensable es la creación de la doble instancia en los procesos penales contra aforados, incluidos los

ENS:- ¿Debe eliminarse el Consejo Superior de la Judicatura?

LGM:- No. Lo que se tiene que hacer es un replanteamiento de la Sala Administrativa por recaer sobre ella todo el sistema de gestión de la Rama Judicial, dando, por ejemplo, asiento con voz y voto a los presidentes de las altas Cortes y pensarse en una dirección gerencial que responda verdaderamente a las necesidades de la justicia; el actual régimen tiene más contratiempos que beneficios. La otra Sala responde a la necesidad de una jurisdicción disciplinaria, por lo que no hay posibilidad de supresión, aunque sí de cambio en el sistema de elección.

ENS:- ¿Si el Consejo de Estado llegara a declarar inexequible el decreto que citó al Congreso a extras para hundir hace dos años la reforma a la justicia, esta se reviviría automáticamente?

LGM:- Son muchos los comentarios que sobre el particular se escuchan. Sin embargo, nadie podría hacer suposiciones sobre los alcances de la decisión que adopte sin conocer el pronunciamiento definitivo. Una vez proferido, se podría dar alguna opinión al respecto aunque cualquiera que sea el sentido de la sentencia, se prevé una intensa y amplia controversia.

ENS:- Siempre se ha hablado de reformar las facultades de las Altas Cortes para eliminar el riesgo de choques de trenes o conflictos de competencia ¿Qué tan grande es ese riesgo hoy?

LGM:- Allí la dificultad está en la posibilidad que hoy existe de anular vía tutela decisiones judiciales proferidas por los órganos límite de las distintas jurisdicciones, cuando estos han examinado con sumo cuidado los procesos y las decisiones que toman. Es un riesgo contra la seguridad jurídica inherente a cualquier sistema cuya discusión sigue abierta. Sin embargo estimo que no puede cerrarse el camino para que por la vía de la acción de tutela se revise una decisión judicial de una alta Corte, pero tiene que ser excepcional.

Cuestión de fondo

ENS:- ¿Está de acuerdo con eliminar las facultades de nominación y electorales de las altas Cortes?

LGM:- Como lo dijo el nuevo Ministro de Justicia hace algunos días, son facultades que nunca pidieron las Cortes sino que llegaron a ellas por iniciativa ajena. La intención del constituyente de 1991 fue precisamente fortalecer el equilibrio de poderes, despolitizar el origen de organismos de control como Procuraduría, Fiscalía y Contraloría. Por eso he sostenido que lo importante de este debate no es si se retiran estas facultades a las altas corporaciones de justicia, que jamás las han asumido como un privilegio. La trascendencia de este eventual cambio es tener claridad sobre a quién se van a otorgar esas funciones sin desvertebrar el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza todo sistema democrático moderno, sin correr el peligro de volver al antiguo régimen de concentrar poderes en órganos políticos del Estado. Es un problema de profundidad o debilidad de la democracia. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia no se opone a esta reforma puntual, sólo quiere que el país sea consciente del enorme significado de lo que está en juego.

ENS:- ¿El sistema de elección de todos los magistrados debe hacerse por cooptación? ¿Cuál debe ser la edad mínima para llegar a una alta Corte?

LGM:- Creo que el sistema de la cooptación plena, que funcionó hasta antes de entrada en vigencia la actual Constitución era correcto, operó de manera adecuada. En cuanto a la edad mínima de ingreso a una alta Corte considero que puede ser de 50 años, con una experiencia exigible de 20 años de ejercicio profesional. Esta es la culminación de carreras profesionales importantes.

ENS:- ¿Cómo acabar con la puerta giratoria de magistrados que pasan de una Corte a otra? ¿No debería pensarse en Colombia, como existe en EU, en la posibilidad de magistrados vitalicios en cortes como la Suprema de Justicia o la Constitucional?

LGM:- Debe existir una expresa prohibición normativa. Sobre ese tema se ha especulado mucho, y en realidad los nombramientos para la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que ha hecho la Corte Suprema de Justicia siempre han sido con la intención de que sean personas con amplio conocimiento del sector judicial, como lo tienen los exmagistrados. Justamente ese conocimiento o experiencia facilita la labor de administración del sistema de gestión judicial porque nadie mejor que los propios jueces para conocer sus necesidades. La posibilidad de establecer magistraturas vitalicias podría ser un punto importante que bien vale la pena estudiar para fortalecer la independencia de poder judicial frente a los otros dos poderes.

 ¿Y la tutela?

ENS:- ¿No es hora ya de reformar la acción de tutela?

LGM:- La tutela es un patrimonio jurídico de los colombianos. Es necesario recogerla en un estatuto junto con las demás acciones constitucionales para que tengan reglas claras y, sin desdibujar el Estado social de derecho, sigan siendo herramientas ágiles y al alcance de todos los ciudadanos para la protección rápida y efectiva de los derechos y garantías fundamentales. Es decir, no se puede reformar en cuanto a su misión y objetivo, sino evaluar puntualmente aspectos de su funcionamiento.

ENS:- La Corte hizo un llamado tiempo atrás para que el Congreso disminuyera el frenético ritmo de las reformas penales ¿Tuvo algún efecto? ¿Qué hacer con el populismo punitivo?

LGM:- Esa es una discusión que no se acaba, desde luego consideramos que las autoridades rectoras en este punto, como la Fiscalía General de la Nación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, o la justicia penal en términos generales, son las más autorizadas para darle una solución a estos problemas que no son muy fáciles de resolver. Nosotros hemos hecho una gran cantidad de reformas, pero muchas veces vemos que no se ha logrado el objetivo deseado, y en ese sentido consideraríamos que esto también debe ser parte de esa reforma estructural y total de la administración de justicia, para de una vez diseñar un sistema penal que verdaderamente se adecue a nuestras necesidades y ojalá con un margen amplio de flexibilidad en cuanto a la creación y adecuación de los tipos penales, para que no tengamos que estar legislando constantemente.  

ENS:- ¿Está Colombia preparada para abordar temas como la cadena perpetua a violadores?

LGM:- Dado el alto impacto social de este tipo de delitos el castigo debe ser ejemplar, pero la cadena perpetua para violadores es una pena extrema. El derecho penal no puede ser el único instrumento para persuadir a la comunidad de evitar agresiones tan graves como esas. Hay que examinar con detenimiento si las penas más altas evitan realmente la ocurrencia de esas conductas y, si no es así, plantear soluciones alternativas basadas en la educación.

ENS:-  Las cárceles presentan hacinamiento ¿La solución es seguir flexibilizando las normas penales, de procedimiento penal y penitenciarias para disminuir el número de personas privadas de su libertad?

LGM:- Los problemas de hacinamiento en las cárceles no son de actualidad, como ya lo manifesté en el reciente encuentro de la jurisdicción ordinaria que se llevó a cabo en Montería. Es un problema que viene por lo menos desde 1925, desde entonces se ha venido hablando de hacinamiento y de problemas de salubridad y de higiene de los reclusos. Es lamentable que esta situación se siga presentando en la actualidad a pesar de las múltiples reformas que se han hecho en ese campo. Ya es momento de que la justicia colombiana y en general los encargados de diseñar la política criminal adopten soluciones audaces y definitivas para este problema. Hay que acudir a la construcción de más establecimientos penitenciarios, porque la flexibilización de las normas penales, sobre todo en asuntos que causan gran impacto en la ciudadanía, puede ser un factor negativo para la estabilidad social que tanto requerimos.      

ENS:- La Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte Suprema fijar límites a uso de redes sociales, a raíz del problema esta semana entre la representante Cabal y una víctima de las Farc ¿Cuál es su opinión?

LGM:- Con pleno reconocimiento de la importancia de la libertad de expresión para una democracia, hay que ver este tipo de episodios desde diversas aristas. En este caso concreto, por ejemplo, he podido observar que la congresista María Fernanda Cabal ha expuesto más una posición política frente al proceso de paz de La Habana. Aunque sus comentarios han causado rechazo y desconcierto en algunos sectores, de todos modos no podemos olvidar la importancia que hoy en día tienen las redes sociales como mecanismo de difusión de ideas, posiciones personales o políticas. Estas discusiones deben darse con amplia participación de la ciudadanía y el Congreso de la República antes de entrarse a regular.

El posconflicto

ENS:- ¿Cuál debe ser el horizonte de la justicia para aclimatar el posconflicto? ¿Más justicia transicional?

LGM:- El horizonte de la justicia debe ser claro y abarcar todos los componentes que importan a una buena administración de justicia. A partir de parámetros normativos precisos y adecuada infraestructura, la justicia jugará un papel muy importante tras la eventual firma de los acuerdos de paz. Los mecanismos deben ser diseñados por el Congreso de la República y los jueces los aplicarán con todo rigor.

ENS:- ¿Es momento de alguna reforma al régimen de extradición?

LGM:- En algunos casos la extradición de nacionales colombianos no ha tenido los resultados esperados en cuanto antes se tenía como un instrumento temido de represión de delitos trasnacionales y ahora se ha visto como una posibilidad más expedita de que los implicados finiquiten sus asuntos con la justicia penal. 

ENS:- ¿Debe crearse una jurisdicción o tribunal especial para revisar los casos de militares condenados por delitos relacionados con el conflicto armado, como lo propone un partido en el Congreso?

LGM:- Me inclino por no excluir a ningún sector en particular. Sin embargo, la situación de todos los actores que han participado en el conflicto debe ser estudiada y resuelta en el contexto del acuerdo de paz al que se llegue.

Petición a Minjusticia

ENS:- ¿Qué temas planteará la Corte en su primera reunión con el nuevo Ministro de Justicia?

LGM:- Los que hemos formulado insistentemente para que sea estructural y no se quede en lo marginal. Una reforma a la justicia debe facilitar el acceso ciudadano a ella y procurar que sea pronta. La Rama Judicial debe tener un presupuesto propio, autónomo, adecuado a sus necesidades y que no esté sujeto a las apropiaciones que finalmente el Ejecutivo lleva al Congreso para su incorporación al Presupuesto General de la Nación. Hemos pedido cambios de fondo, de abajo hacia arriba y que comprenda y abarque los problemas que afronta la justicia y que son de todos conocidos: congestión, falta de personal, insuficiencia de recursos económicos, tecnológicos y en general de infraestructura, así como la falta adecuada de conocimientos sobre nuestros derechos y obligaciones dentro de la comunidad.

ENS:- ¿Cómo garantizar la autonomía de la Rama Judicial para manejar su presupuesto?

LGM:- La solución es señalarle un porcentaje fijo dentro del Presupuesto General de la Nación, de manera que ya la Rama Judicial pueda diseñar su propio sistema de gestión, de acuerdo con las necesidades de la misma. Eso le permite mayor flexibilidad en su operación y se traduciría en un mejoramiento en el sistema de administración de justicia.   

ENS:- Precisamente el pasado jueves se llevó a cabo un  debate sobre el presupuesto de la justicia, ¿cuál debe ser realmente?

LGM:- En esa reunión de la Comisión Primera del Senado, a la que asistí con el presidente de la Sala Administrativa, se señaló que el presupuesto requerido y elaborado por la Rama Judicial está alrededor de los 5 billones de pesos, pero parece que en el Presupuesto General de la Nación solamente se asignan 3 billones 200 mil millones. La diferencia es muy grande; en eso radicó la preocupación.

 

Según el magistrado Miranda la extradición ya no es temida y ahora se ha visto como una posibilidad más expedita de que los implicados finiquiten sus asuntos con la justicia penal. /Fotos Juan Sebastián Cuéllar

 

La situación de todos los actores que han participado en el conflicto debe ser estudiada y resuelta en el contexto del acuerdo de paz al que se llegue, dijo Miranda

 

Lo importante no es si se retiran las facultades nominadoras y electoras a las altas Cortes… Es tener claridad sobre a quién se van a otorgar esas funciones sin desvertebrar el sistema de pesos y contrapesos.

El presupuesto requerido por la Rama está alrededor de los $5 billones, pero parece que en el Presupuesto General de la Nación solamente se asignan $3,2 billones.