La Corte Constitucional escuchó a los diferentes sectores sobre la ley de amnistía, que fue uno de los primeros proyectos que se aprobó mediante el procedimiento del fast track. El debate se deberá centrar en los mecanismos que se deben seguir para poner en marcha esta ley.

Sobre este tema expresaron su concepto el presidente del Congreso, Efraín Cepeda; el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el procurador general, Fernando Carrillo; el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero; el representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Todd Howland; la delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, Paula Robledo, y representantes de las víctimas del conflicto armado.

El procurador dijo que la Ley de amnistía debe modificar la edad para juzgar el reclutamiento de menores, quien advirtió debe penalizar el delito de reclutamiento forzado desde que la víctima tenga 18 años y no desde los 15 cómo está establecido.

Asimismo, Carrillo dijo que la ley tal cual como está, "no se ajusta a la Constitución y no se puede caer en la trampa de que la norma se puede aplicar". Señaló que "si hay reclutamiento entre los 15 y los 18 se está hablando de un crimen de guerra".

El Procurador pidió entonces dar vía libre a la ley de amnistía, pero condicionándola a ampliar la protección de los derechos de los niños y adolescentes.

Por su parte, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, pidió a la Corte avalar la ley pero sin ninguna modificación. "La ley 1820 de 2016 no otorga tratamientos especiales de justicia más allá de la amnistía o indulto para lo cual se cumplieron las mayorías exigidas en el artículo 150, núm. 17, y es importante aclarar que los regímenes de libertades dispuestas en la Ley 1820 son beneficios de libertad condicional y transitorio, los cuales no consolidan situaciones jurídicas y por lo tanto no pueden confundirse con los tratamientos especiales de justicia que serán impuestos de manera efectiva por la JEP".

Entre tanto, el fiscal Néstor Humberto Martínez, aseguró que ese beneficio a los desmovilizados y militares debe ser condicionado. Comenzó su intervención con una sentencia a quienes cuestionan sus críticas a las leyes en el marco de la implementación de los acuerdos, aseguró que detectó algunas trampas por cuenta de quienes escribieron esas leyes.

Presentó documento en el que incluyó cuatro puntos que en su criterio deben ser revisados por la Corte Constitucional.

El primero, definir el alcance de los llamados delitos continuados como el lavado de activos y explica por qué. El fiscal aseguró que como están las cosas, todos los delitos en el Código Penal, excepto los de lesa humanidad, estarían incluidos, entre ellos el abuso de menores.

Indicó de la misma manera que el patrimonio económico de las Farc debe ser objeto de extinción de dominio, por eso el Fiscal lo deja en el tercer punto y con una urgente necesidad de definir el mecanismo para ese fin. Y acotó que el principio de no repetición debe estar incluido según el Fiscal en la ley de amnistía, como condición para recibir el beneficio.

El Fiscal aseguró que no deben existir diferencias a la hora de exigir beneficios judiciales, que las Farc no pueden solicitar la suspensión de los procesos mientras que piden investigar al resto de actores en el conflicto.

Pide darle vía libre

A su turno, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, defendió los trámites legislativos que han hecho sobre las iniciativas de la implementación del acuerdo de paz.

Cepeda manifestó que todos los trámites, y en especial el de la ley de amnistía, se han hecho con todo el rigor y que se ha cumplido con lo requerido en los trámites en comisiones y plenarias.

“Sería de especial importancia que la Corte Constitucional reitere que el modelo de justicia transicional vigente y que desarrolla los acuerdos de La Habana son los expedidos con posterioridad a la entrada en vigor de dichos acuerdos y de conformidad por la refrendación avalada por la Corte. Por esa razón les pedimos que sea declara exequible la ley de amnistía”, dijo Cepeda.

Críticas de Human Rights Watch

José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, hizo serios reparos a este Ley y pidió profundas modificaciones al considerar que hay muchas ambigüedades y que la Corte Constitucional debe precisar cada una de las categorías de la Jurisdicción Especial de Paz para garantizar que la implementación de la Ley de Amnistía sea compatible con las obligaciones jurídicas del Estado colombiano.