Más de 2000 hechos que involucran a cerca de 280 postulados que pertenecieron al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, han sido documentados por la Fiscalía en un trabajo sin precedentes en el que se realizaron  las audiencias de reparación integral a víctimas de este grupo en Bucaramanga (Santander), Pereira (Risaralda), Pasto (Nariño) y Cali (Valle del Cauca); así lo afirmó el Director Nacional de Justicia Transicional, Carlos Fidel Villamil, quien también explicó la importancia en materia de verdad y reparación para las más de 10.000 víctimas que participaron en este incidente.

“Allí se han ventilado temas connotados y de relevancia en los cuales se han vulnerado gravemente los derechos humanos. Más de 200 torturas, prácticas como la construcción de un búnker bajo tierra en el departamento de Caquetá donde  realizaban las torturas, casos lamentables como la desaparición de las hermanas Galarraga y el desplazamiento de más de 139 familias”, agregó el funcionario.

Durante la audiencia se imputaron hechos a 35 máximos responsables del BCB, entre otros, Iván Roberto Duque, Guillermo Pérez Alzate, Rodrigo Pérez Alzate, Carlos Mario Ospina Bedoya, Arnulfo Santamaría y José Germán Sena Pico, y se logró la extinción del derecho de dominio sobre 71 bienes adquiridos por el grupo armado de manera ilegal. “Cerca de 46 de esos bienes corresponden a labores investigativas de la Fiscalía. No fueron entregados, denunciados u ofrecidos por los postulados sino que la Fiscalía General de la Nación encontró”, dijo Villamil.

El Director de Justicia Transicional también indicó que parte de los bienes ocultos eran propiedades de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, quien fue excluido del proceso. Respecto a esto en particular el funcionario aseguró que “la situación de exclusión de un postulado no impide que la Fiscalía continúe en el proceso de persecución de bienes con fines de extinción para la reparación de las víctimas”.

Los bienes rurales y urbanos, según los informes de la Dirección de Justicia Transicional, tienen una extensión de más de 7000 hectáreas y están avaluados en más de 53.143 millones de pesos. “Hay bienes de especial trascendencia como por ejemplo la producción que ha generado el cultivo de palma en donde se han solicitado la extinción de más de 6000 millones de pesos producto de esta actividad”, puntualizó el directivo.
Magistrados del Tribunal de Justicia y Paz y entidades como la Defensoría y Procuraduría apoyaron el desarrollo de este proceso judicial.