Asesorando a los burgomaestres del país para que incorporen adecuadamente la Ley de Víctimas a sus Planes de Desarrollo se encuentran varias entidades gubernamentales y no gubernamentales.

Por ejemplo, la Secretaría del Interior del Atlántico, con la orientación del Ministerio del Interior, está capacitando a los funcionarios públicos, alcaldes, secretarios de Gobierno y Planeación sobre los alcances de la Ley; el objetivo es brindar atención a los afectados por el conflicto armado, soporte humanitario, trato respetuoso e imparcial que les asegure condiciones de dignidad e integridad física, sicológica y moral.

A esta norma le deberán dar aplicación en todos los Planes de Desarrollo municipales y departamentales para el periodo 2012-2015.

Para el secretario Jaime Berdugo, la incorporación de la Ley dentro de los Planes locales de Desarrollo es muy importante, porque “gracias a ello el Estado propenderá por generar contextos culturales, socio-económicos seguros, en los cuales las personas afectadas podrán reintegrarse a la sociedad”.

“Dentro de los Presupuestos municipales y los Planes de Desarrollo deben encontrarse los alcances de la atención a las víctimas del conflicto, este tema es muy importante aplicarlo para que los afectados sean reparados”, anotó.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se alió con la Fundación Social, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz) y la Corporación Nuevo Arco Iris para promover la inclusión de un mandato específico sobre la Ley de Víctimas en los Planes de Desarrollo de los entes territoriales a través de un manual al que le anteceden dos documentos que se complementan entre sí: El primero, es la actualización de un estudio realizado en 2009 por la consultora Iris Marín Ortiz para la AECID sobre el tema de los derechos de las víctimas y el rol de las entidades territoriales; el segundo, es un estudio sobre corresponsabilidad, realizado por el consultor Edgar González para la AECID y que se concretó con propuestas presentadas durante el debate legislativo del Proyecto de Ley.