Los procesos de reparación integral que deben derivarse de la ley de víctimas y restitución de tierras están enfrentados a graves obstáculos, como la persistencia del conflicto armado interno, la debilidad de algunas instituciones del Estado comprometidas con estos propósitos y la precaria capacidad de respuesta del aparato de justicia para cumplir eficazmente con sus compromisos y tareas.

Así lo señaló hoy el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, al intervenir en el seminario internacional "Justicia Transicional y Corte Interamericana de Derechos Humanos", en el Centro de Convenciones de Cartagena.

Consideró que la estrategia de redireccionar  hacia las víctimas una parte de la oferta social  con la cual el gobierno pretende enfrentar la pobreza en general, no sólo desconoce las directrices impartidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la propia Corte Constitucional y demás instancias judiciales, sino que tiende a inviabilizar las necesidades particulares de esta población que, según una Encuesta realizada por la CGR afronta una gravísima situación socioeconómica.

Sostuvo que entre las medidas que resultan necesarias para avanzar en los procesos  de reparación integral de víctimas está rediseñar las políticas de generación de ingresos, de otorgamiento de vivienda digna y de fortalecimiento de las condiciones de seguridad de los que optan por retornar.

Indicó que "Si bien solamente  para las dos primeras políticas, generación de ingresos y vivienda, el actual gobierno ha destinado cerca de un billón de pesos anuales para cumplir ese propósito, esos recursos son aún insuficientes para el logro de la satisfacción del derecho ineludible de las víctimas a la reparación integral, lo que podría conllevar cuestionamientos y responsabilidad internacional del Estado colombiano en las instancias internacionales de protección a los derechos humanos".