Para responder ante la justicia renunció a su cargo el embajador de Colombia en Perú quien regresaría a Colombia en las próximas horas.

Luego de la orden que le profirió la medida de aseguramiento al embajador de Colombia en Perú, Jorge Visbal, acusado de vínculos con el paramilitarismo, este renuncio a su cargo, según fuentes de la cancillería.
Visbal, ex presidente de Fedegán, aparece en el computador del jefe paramilitar Édgar Ignacio Fierro, alias don Antonio, mano derecha de Rodrigo Tovar, alias Papa Tovar o Jorge 40, como si el exdirigente gremial tuviera una comunicación fácil y directa con los irregulares.
“Yo no tengo nada qué ocultarle al país, siempre he puesto la cara, nada me avergüenza y defendí siempre los intereses de los ganaderos”, aseguró Visbal, cuyo nombre apareció por primera vez vinculado al tema paramilitar en una investigación de la Fiscalía en 1997. El investigador presentó la situación por departamentos y al describir lo sucedido en Sucre, reseña una lista de personajes, en la que Visbal figura como uno de los “prestantes ganaderos de la región, que se integraron a la organización de los grupos de autodefensa”. Esta investigación hace parte de los insumos que tiene la Corte Suprema en el proceso contra congresistas.
El representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, dijo que espera una actitud honesta del embajador Visbal y “que venga a Colombia a responder por los cargos que le imputan, y no entre a engrosar la lista de exfuncionarios del gobierno Uribe que hoy son prófugos de la justicia en el exterior”.
El 19 de mayo del año pasado, Cepeda  le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos solicitándole que considere la permanencia en la misión diplomática de Colombia en otros países, de algunas personas que, a su juicio, presentan inquietantes antecedentes y que actualmente están vinculados a delicados procesos penales y disciplinarios.
Entre los mencionados por Cepeda estaba Visbal debido precisamente al proceso que se le seguía en el despacho de la Fiscal General.
Para el congresista, esos funcionarios deberían estar en Colombia respondiendo por dichos procesos y no debe el Gobierno colombiano esperar a que en cualquier momento y al amparo del Artículo 9 de la Convención de Viena, sean declarados personas no gratas por los Estados receptores.