Intempestivamente renunció la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Lucía del Pilar Bohórquez.

La funcionaria, después de un comité con los asesores anunció que esperaba a ver a quién nombraban para hacer el empalme y de paso presentó un informe de gestión a 30 de junio donde resalta la ejecución presupuestal del 57,7 por ciento, atención al usuario, supervisión y control de la operación de recolección, barrido y limpieza, operación del relleno, prestación del alumbrado público y servicios funerarios, entre otros.

La funcionaria saliente, quien tuvo como antecesores a Guillermo Asprilla y Nelly Mogollón, anunció que el equipo jurídico y técnico de la Unidad permitió la recuperación de 21.000 millones de pesos por la caducidad del contrato celebrado con Distromel Andina y de 9.000 millones de pesos en el incumplimiento de la reversión de la flota de uno de los operadores privados de aseo de la ciudad. Estos hechos reafirman el compromiso de lucha contra la corrupción de la actual Administración de Bogotá D.C.

En el primer caso se trata del pago de la cláusula penal por cerca de 21.000 millones de pesos que hizo la aseguradora del contratista Distromel Andina, cuya caducidad del contrato se declaró en febrero de este año por el incumplimiento del mismo. Esta compañía, incursa en lo que se ha llamado el carrusel de la contratación, había suscrito en 2011 un contrato de prestación de servicios con la Uaesp para el montaje de un sistema de información de todo el servicio de aseo de la ciudad por un valor total de 106.000 millones de pesos. Distromel se había comprometido a implementar, operar y entregar en 2012 un sistema de información para controlar el servicio de aseo, obligación que nunca cumplió.

“La gestión de nuestro equipo jurídico y técnico permitió reducir los daños y perjuicios fiscales para el Distrito y es una muestra clara de la lucha frontal frente a la corrupción en la que está empeñada la Bogotá Humana. Seguiremos insistiendo en este tema, que es una de las premisas éticas de la actual Administración”, afirmó Bohórquez.

El segundo caso en el que la acción eficaz de la Uaesp dio resultados positivos fue el proceso jurídico de liquidación de los contratos de la concesión de aseo 2003-2011, que incluía la devolución de los vehículos compactadores o su equivalente. Con esta gestión se ha permitido, hasta ahora, recuperar cerca de 9.000 millones de pesos en razón del pago hecho por la aseguradora de uno de los operadores privados del servicio de aseo.