El presidente Juan Manuel Santos en alocución desde la Casa de Nariño afirmó que "desde que el no ganó en el pasado plebicito del 2 de octubre sobre los acuerdos de paz, se trabajo en un nuevo texto de manera rapida y precisa para tener un documento que recogiera las aspiraciones de los colombianos".

Estos son apartes de su discurso dirigido a los colombianos.

Hoy me he reunido con el Ex Presidente Uribe en Rionegro por tres horas, y he hablado varias veces con el Ex Presidente Pastrana y con la Ex Ministra Martha Lucía Ramírez. Todos los voceros del NO recibirán los textos a más tardar mañana.  

Desde ya quiero destacar los cambios más importantes que se hicieron: 

Uno de los temas que más reclamaron los colombianos era que las FARC entregaran sus bienes y la plata que tengan disponible para reparar las víctimas. Eso se logró. 

En el nuevo acuerdo, las FARC tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar a las víctimas. 

Un reclamo generalizado de los del No y los del Sí era que se definiera en qué consistía la restricción efectiva de la libertad, pues fue criticado como impreciso. Eso se logró. 

El Tribunal debe fijar en cada caso: 

Los espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización) 
Los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas 
Establecer el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción 
Imponerles el deber de solicitar autorización para salir de las zonas donde cumplan la sanción y 
Señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción. 

Se estableció además, y eso fue otra petición de partidarios del no, que el tiempo que pasen en las zonas veredales Transitorias de Normalización, se les tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período desarrollen actividades de reparación. 

Escuchamos los comentarios válidos de varios sectores, incluyendo a nuestras altas Cortes para mejorar y articular la justicia transicional con nuestro sistema judicial ordinario.

Una petición expresa era que se pusiera un límite de tiempo a la Jurisdicción Especial de Paz. Eso se logró. Funcionará hasta por 10 años y sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los 2 primeros años. 

También se estableció que las ONG no podrán actuar como fiscales y acusar. Sólo presentar información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del Tribunal. 

Otro tema que exigieron muchos de los del No era que no hubiera jueces extranjeros. Eso también se eliminó. Todos serán colombianos y tendrán las mismas calidades de los magistrados de nuestras cortes. 

Otra controversia era el manejo de las tutelas frente a las decisiones de la Justicia Especial para la Paz. 

Ahora como parte de la articulación con las otras jurisdicciones, las tutelas contra decisiones de la JEP podrán a ser revisadas. 

Una de las principales preocupaciones del Centro Democrático era el respeto a la propiedad privada, a la iniciativa privada y que a nadie se expropie por fuera de la ley ya vigente. Todo eso se logró y se ratificó, como lo pidió expresamente el ex presidente Uribe. Que no queden dudas: ¡Se respetará el derecho a la propiedad! 

Han surgido algunas inquietudes sobre la legislación agraria que no hacen parte del Acuerdo de Cartagena, pero que sabemos que deben ser atendidas. Por tal razón, decidimos crear una comisión de expertos para revisar esos temas. 

El catastro –fundamental para formalizar la tierra—no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras.  

Dejamos absolutamente claro que en virtud de este acuerdo no se autorizaran nuevas zonas de reserva campesina, más allá del trámite normal de acuerdo a la legislación vigente que hay sobre estas zonas. 

Varios grupos de empresarios expresaron su preocupación por el posible impacto de las inversiones del pos conflicto en la estabilidad macro económica. Para dar tranquilidad, se incluyó expresamente que la implementación se hará con respeto al principio de sostenibilidad fiscal, y se amplió de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal, si es que la hubiera, y no afectar de manera alguna los programas prioritarios del gobierno. 

Otra preocupación de los empresarios era que se desatara una posible cacería de brujas en la aplicación para ellos de la justicia transicional. Ese temor quedó totalmente disipado y los empresarios satisfechos. Los que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria. 

Muchos sectores, en particular de militares retirados, veían con preocupación el tratamiento de agentes del Estado en la Justicia Especial de Paz. Este temor se resolvió. Logramos una fórmula que garantiza a nuestros soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica. Esta solución dejó tranquilos a todos. Es lo mínimo que podíamos hacer por ellos y había sido un compromiso personal mío. 

Una queja reiterada de los voceros del No era que las 16 curules transitorias en la cámara de representantes, establecidas para las comunidades y víctimas afectadas por el conflicto, serían para las FARC. 

En el nuevo acuerdo se incluyó expresamente que el partido que surja de la reincorporación de las FARC NO podrá, repito, NO podrá inscribir candidatos para esos espacios. 

Esta modificación dejó satisfechos a muchos de los voceros del NO que habían expresado preocupación por este tema.  

Por solicitud de los diferentes sectores políticos del Sí y del No, se redujo desde el primer año en 30% la financiación al partido de las FARC para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos.  

En este mismo capítulo, quedó claro que la protesta social debe ser siempre pacífica, y que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos. 

Uno de los temas más delicados en todos los acuerdos de paz, es el de la protección de los reincorporados a la vida civil. En Colombia hemos sufrido especialmente ese drama. Por eso en el acuerdo se creó una comisión de protección y garantías de seguridad, en la que tenían participación las FARC. 

Su presencia generó preocupación en muchos promotores del no. En el nuevo acuerdo, y siguiendo una recomendación de la doctora Marta Lucía Ramírez, se eliminó la participación de las FARC en esa comisión. 

Se eliminó también las facultades de esa comisión para revisar hojas de vida, o ejercer facultades de inspección y vigilancia sobre las empresas de seguridad privada. 

Sobre la lucha contra el problema de las drogas, el nuevo acuerdo obliga a todos los que se presenten a la Justicia especial de Paz a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades. En este tema fue particularmente insistente el ex presidente Pastrana. 

Se reiteró y subrayó también que el gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la fumigación, además de los programas de sustitución para los campesinos. 

No habrá formalización de ningún predio en Colombia sin que antes se constate que está libre de la presencia de cultivos ilícitos 

Para atacar de manera más efectiva el problema del consumo de drogas, se robusteció el papel de la familia y de los grupos religiosos en la política de prevención y atención a los consumidores. 

La idea de incorporar todo el acuerdo al bloque de constitucionalidad generó mucho rechazo en los expresidentes Pastrana y Uribe, en Marta Lucía Ramírez,  y en muchos voceros del No y algunos del Sí. 

Confieso que tenían razón, porque además generó muchas malas interpretaciones sobre el Acuerdo.  

Eso se corrigió. Sólo quedarán los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por si hacen parte de la constitución. 

La implementación del acuerdo fue otro tema sobre el que recibimos comentarios y propuestas. A algunos les preocupaba que hubiera una especie de co-gobierno con las FARC para la implementación. 

Ha quedado ahora mucho más claro que el gobierno será el único – el ÚNICO— responsable de la implementación. Habrá, eso sí, una comisión que hará seguimiento, impulso y verificación del cumplimiento de los acuerdos. 

Una preocupación que compartieron muchos colombianos, y en particular la iglesia y organizaciones religiosas, fue que el acuerdo de paz pudiera contener elementos de la llamada ideología de género y se afectaran los valores de la familia. 

Pues bien, ese tema fue revisado con sumo cuidado por la Iglesia Católica, por los pastores cristianos y otros voceros del No. 

Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente – nunca lo estuvo— ni siquiera de manera sugerida. 

Lo que sí se dejó claro es que este capítulo busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos. 

Se incorporaron en el nuevo acuerdo los principios de igualdad y no discriminación, de libertad de cultos y se reconoció a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto. Esa fue otra solicitud expresa. 

Estos son algunos de los principales cambios realizados. Pero como ya lo señalé, en 56 de los 57 temas hubo cambios y mejoras. 

Un punto que reclamaban muchos de los del No era que los jefes guerrilleros no pudieran ser elegidos. 

Yo entiendo que este es el sentir de muchos ciudadanos. En la mesa de La Habana los negociadores del gobierno insistieron mucho en ese punto para responder a esa preocupación. Tengo que decirlo con franqueza. Aquí no se logró avanzar.  

Es muy importante que los colombianos entendamos que la razón de ser de TODOS los procesos de paz en el mundo es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad. 

Este proceso con las FARC no es una excepción, ni puede serlo. 

Las FARC tienen un origen político y su intención hacia el futuro es poder hacer política sin armas. 

Muchos de ustedes recuerdan que en 1990, en el acuerdo con el M-19, sus líderes salieron directamente de la mesa de negociación a participar en las elecciones. 

En El Salvador y en muchos otros países, los guerrilleros fueron congresistas desde la elección siguiente a la firma de los acuerdos.  

En la constitución del 91, los artículos 12 y 13 transitorios le daban la posibilidad al presidente de nombrar a dedo a ex guerrilleros en el congreso. Eso no ocurre en este acuerdo. 

En otros países, como en Irlanda del Norte, entraron a cogobernar desde la firma del Acuerdo. La semana pasada estuve en ese país reunido con la primera ministra que es protestante y con el viceprimer ministro que es católico. Eso fue parte del acuerdo. Esto no ocurre en este acuerdo. 

Para ser claro. No tendrán curules a dedo. Al contrario, tendrán que participar en las elecciones. Tampoco tendrán cargos en el gobierno, como ha ocurrido en muchos otros casos. Pero si podrán ser elegidos 

Mirando para atrás, el resultado del plebiscito nos abrió la oportunidad de unirnos y quiero agradecer nuevamente la buena disposición y la buena voluntad con la que participaron todos los voceros, en particular los del No. 

Este acuerdo, renovado, ajustado, precisado y aclarado debe unirnos, no dividirnos. Esa es mi invitación. A que nos unamos, así el acuerdo no satisfaga todas las aspiraciones de todos los sectores. 

Invito a todos los colombianos, a los promotores del Sí y del No, a que le demos una oportunidad a la paz con este nuevo acuerdo.