Luego de una reunión entre el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el fiscal Eduardo Montealegre y el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, por el nuevo escándalo de 'chuzadas' en el país, los altos funcionarios anunciaron respectivas investigaciones.

Por un lado, el ministro Pinzón manifestó "hemos decidido relevar de sus cargos al jefe de inteligencia del Ejército (brigadier general Mauricio Zúñiga) y al director de la Central de inteligencia técnica del Ejército Nacional, mientras avanzan las investigaciones”.

"Hemos decidido relevar de sus cargos al jefe de inteligencia del Ejército y al director de la Central de inteligencia técnica del Ejército Nacional, mientras avanzan las investigaciones", dijo Pinzón en una declaración a la prensa sobre el caso de las escuchas.

El ministro, que también anunció investigaciones disciplinarias dentro del Ejército y la apertura de "indagaciones preliminares" por parte de la justicia penal militar, aseguró que los dos jefes de inteligencia fueron removidos para buscar "la mayor transparencia" del proceso.

Por otro lado, el fiscal Montealegre anunció que ya tiene autorización de un juez de control de garantías para adelantar una investigación minuciosa para establecer si las labores de interceptaciones se adelantaron con el fin de la defensa nacional (contemplada dentro de la Constitución) o "para fines particulares que violen la intimidad de las personas".

“De acuerdo a nuestra Constitución, las labores de inteligencia encubiertas, de rastreo del espectro electromagnético, entre otras medidas, son absolutamente legales y permitidas por la legislación y el ordenamiento jurídico colombiano. Si bien es cierto que el uso de inteligencia encubierta, que incluye la posibilidad de tener actividades de fachada para realizar la inteligencia, también es de resaltar que la Corte Constitucional ha señalado que el desarrollo de inteligencia del Estado tienen unos límites predeterminados en el ordenamiento jurídico”.

“Si bien es cierto que está permitida la inteligencia encubierta (..) no es permitido injerir en el derecho a la intimidad o al buen nombre de las persona”, apuntó el fiscal Montealegre.

“Sobre los lineamientos que ha señalado la Corte Constitucional, la Fiscalía adelantará esta investigación para determinar si existió o no una extralimitación de funciones por parte del Ejército Nacional, los miembros de la Fuerza Pública e intervinieron en esta labor de inteligencia encubierta”.

“La Fiscalía ya tiene en su poder varios elementos producto del allanamiento que se adelantó el 24 de enero de este año por orden de un fiscal. En este momento contamos con la autorización de un  Juez de control de garantías para hacer un examen minucioso de los más de 20 computadores, elementos y memorias que fueron incautados el día de allanamientos. Allí vamos a verificar si las labores de inteligencia se limitaron a proteger la seguridad nacional o por el contrario se desviaron hacia actividades totalmente prohibidas por la Constitución Nacional como de injerir en derechos fundamentales como el derecho a la intimidad”, concluyó el Fiscal General.