El relevo de dos jefes de inteligencia militar fue ordenado por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, luego de que se conociera un nuevo escándalo por escuchas ilegales o chuzadas a funcionarios del Estado y especialmente a miembros del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc.

“Hemos decidido relevar de sus cargos al jefe de inteligencia del Ejército y al director de la Central de inteligencia técnica del Ejército Nacional, mientras avanzan las investigaciones”, dijo Pinzón luego de una reunión con el fiscal Eduardo Montealegre, cuyo organismo, hace diez días, adelantó un allanamiento al local donde funcionaban un restaurante y un centro de entretenimiento tecnológico, que, al parecer, servían como fachada para adelantar el espionaje.

El Ministro, que también anunció investigaciones disciplinarias dentro del Ejército y la apertura de “indagaciones preliminares” por parte de la Justicia Penal Militar, aseguró que los dos jefes de inteligencia fueron removidos para buscar “la mayor transparencia” del proceso.

“Las actividades de inteligencia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional son una herramienta estratégica para garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger a los colombianos, prevenir y combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Estas actividades están reglamentadas por los artículos 2 y 217 de la Constitución Política de Colombia, y por la Ley 1621 de 2013 que fue revisada en sentencia de la Corte Constitucional”, recordó el Ministro.

Y agregó que “los colombianos pueden estar seguros que el uso de estas herramientas por parte del Estado se realizan con total apego a la Ley y siempre buscando la seguridad de todos”.

Dijo que “de hecho debo decir, buena parte de los golpes estratégicos al terrorismo, al narcotráfico y a la criminalidad en general, se deben al esfuerzo, a la dedicación y al riesgo que toman los hombres y mujeres de la inteligencia colombiana a la hora de proteger al país. Muchos de los atentados terroristas, de las incautaciones de explosivos y de narcóticos son consecuencia de un trabajo heroico y comprometido por parte de estos funcionarios”.

Los generales relevados son el Jefe de inteligencia del Ejército (Ricardo Zúñiga) y el director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército Nacional (Óscar Zuluaga).

Por su lado, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, dijo que aunque las interceptaciones están permitidas por la Constitución y el ordenamiento jurídico del país, “no puede existir invasión a las personas”.

“Sobre la base de los lineamientos que ha señalado la Corte Constitucional, la Fiscalía adelantará la investigación, para determinar si existió o no una extralimitación por parte del Ejército Nacional”, dijo el fiscal.

“La Fiscalía ya tiene en su poder varios elementos producto del allanamiento. Contamos con autorización de un juez de control de garantías para hacer un examen minucioso a los computadores incautados. Vamos a determinar si las labores de inteligencia se desviaron a actividades prohibidas por la Constitución, como injerir en derechos fundamentales como el derecho a la intimidad”, advirtió Montealegre.

La Fiscalía reveló que en desarrollo del allanamiento realizado al local comercial desde donde supuestamente se realizaban chuzadas, fueron decomisados 26 computadores dotados con un software especializado para interceptar ilegalmente, al igual que ya fueron interrogadas seis personas vinculadas con este caso.

De acuerdo con los investigadores, los elementos de cómputo contaban con programas para infiltrar las comunicaciones de teléfonos inteligentes y sus servicios de whatssap, pin y otras redes sociales.

 

“Hasta el fondo”

Más temprano, el presidente Juan Manuel Santos, ordenó investigar las escuchas a su equipo negociador y advirtió que “fuerzas oscuras” buscan “sabotear” el proceso de paz con las Farc con acciones como ésta.

La denuncia de las escuchas fue publicada por la revista Semana en su edición electrónica, que sostiene que sectores del Ejército habrían instalado desde 2012 una oficina para interceptar ilegalmente comunicaciones de diversas personalidades, entre ellas los negociadores que negocian la paz con las Farc en La Habana: Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y Alejandro Eder.

Dijo el Jefe de Estado que la Inteligencia es una obligación del Estado, del Gobierno y  aseguró que se llegará hasta el fondo para establecer quién está detrás de las chuzadas.

Recalcó el Mandatario que “hacer Inteligencia en forma lícita contra los enemigos del Estado es una obligación. Enemigos del Estado como el terrorismo, como las Farc, el Eln, el narcotráfico, los secuestradores, el crimen organizado. Además es necesaria. La forma de poder combatir el crimen organizado y las diferentes modalidades de delincuencia es más efectiva si se hacen con una buena Inteligencia”.

Añadió que “lo que no es aceptable bajo ningún punto de vista es que esa Inteligencia se haga contra los ciudadanos legítimos, comunes y corrientes, contra la oposición política, y mucho menos contra funcionarios del propio Estado”.

“La información que ha surgido de una operación de Inteligencia donde aparentemente se les estaba haciendo inteligencia a funcionarios del Estado, específicamente los negociadores del proceso de paz en La Habana, es algo totalmente inaceptable”, dijo.

“En mi vida política, en mi vida pública, he sido tajante cada vez que compruebo que hay algún tipo de manejo irregular de la Inteligencia. Procedí así como Ministro de Defensa, cuando descubrimos que aquí en la Policía se estaba haciendo una labor irregular de Inteligencia frente a ciertos personajes y a ciertos ciudadanos. Y actuamos con total contundencia”.

“Así procedí cuando descubrimos lo del DAS, que inclusive ustedes recordarán que propuse desde Washington que se eliminara el DAS, que el DAS dejara de existir, porque nos habíamos dado cuenta que había llegado casi que a un punto de no retorno, iniciativa por la cual en cierta forma fui reprendido en ese momento pero que después resultó que era la medida más conveniente”.

Según Semana, el restaurante que funcionaba en el local tiene registro de Cámara de Comercio aprobado el 12 de septiembre de 2012.

“El nombre bajo el cual funcionó la fachada era 'Andrómeda' y estuvo a cargo de un capitán del batallón de Inteligencia Técnica del Ejército número 1, Bitec-1”, señala el artículo y agrega que “estas unidades Bitec hacen parte de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército -Citec-, que ha sido fundamental en algunos golpes a la guerrilla como la operación Jaque”.

Y aclara que en 'Andrómeda' no solo trabajaban militares, también había civiles que eran Hackers “algunos de esos muchachos fueron reclutados en los 'Campus Parties', que son esas ferias de tecnología que se hacen anualmente. Otros son hackers conocidos que han ayudado en el pasado”, contó a Semana.com uno de los trabajadores del lugar.

 

“El DAS a la sombra”

Un DAS a la sombra, que legalmente no existe, pues sigue en proceso de supresión desde octubre de 2011, pero que cuenta aún con infraestructura, equipos, nómina de empleados y contratistas, según se comprueba en el mismo portal de contratación del Estado, estaría haciendo chuzadasa desde diversos lugares e incluso negocios particulares.

Al lado de esta fuerza fantasma, que es difícil rastrear -según una investigación de Caracol Radio-, se encuentra otra oscura trama de militares y ex militares que hasta hace pocas semanas operaban para intervenir a sus objetivos.

“Las salas de escuchas telefónicas con capacidad para intervenir más de 1.500 líneas parecían haberse acabado con el cierre de varias de ellas. Una de esas sería el caso de la sala Gris, que el Ejército tenía en el sector de la calle 100, por los alrededores del World Trade Center, y que podía intervenir 430 líneas. O las salas de la Armada en Cartagena o del Comando Especial Conjunto del Ejército en Cali”, señaló Caracol Radio.

A quiénes se chuzaba desde la nueva fachada? Literalmente a todo el mundo. Desde altos funcionarios del Estado, pasando por generales y todo tipo de oficiales y suboficiales, sin importar sin son activos o de la reserva, del mismo Ejército o de la Policía, si están libres o en prisión, a periodistas, políticos, e incluso a los negociaciones de paz en La Habana, como lo ha denunciado Semana.com

“Pero quienes chuzarían con los equipos y el personal del DAS en supresión y los de las ahora desaparecidas salas de escuchas no son los mismos. Hay de todo. Mercenarios del ex Das, policías y militares. Sus destinatarios finales también distintos: los de siempre como el gobierno y el uribismo, e incluso a sus adversarios dentro de misma policía y otras fuerzas”, agregó el informe.

Y explicó que uno de los nombres que más ha sonado desde el pasado es el de un oficial de la Policía, un teniente coronel, de quien se dice llegó a tener tanto poder que se enfrentó a quien era su superior jerárquico, el general Óscar Naranjo, entonces director de la Policía. Se trata del teniente coronel Juan Carlos Nieto Aldana, que empezó a trabajar en labores de inteligencia cuando el ministro de Defensa era justamente Juan Manuel Santos.

 

6 CLAVES DEL ESCÁNDALO

 

1. CASO DISTINTO A CHUZADAS URIBISTAS: en el pasado gobierno las interceptaciones ilegales se hicieron desde el DAS, que dependía directamente de la Presidencia de la República, y los espiados fueron la oposición, los magistrados y los periodistas críticos. Es decir, el Gobierno fue el victimario. En el caso relevado ayer, uno de los blancos de las chuzadas es, precisamente, el grupo oficial negociador de paz, la principal bandera de la administración Santos. Es decir, aquí el Gobierno es la víctima.

2. NO HAY NADA OSCURO EN LA HABANA: aunque suene paradójico, si se espió al equipo gubernamental que negocia con las Farc y hasta el momento no se ha filtrado a la prensa ni a los opositores del proceso de paz ningún tema escandaloso que pudiera afectar las tratativas, se evidencia  que en Cuba las cosas se están haciendo bien y no hay riesgos de “entrega del país a los terroristas”, como alegan los críticos de Santos. Es obvio que si algo extraño hubiera detectado el espionaje, la información habría sido utilizada por los enemigos del Gobierno.

3. ¿EFECTO ELECTORAL?: por el momento es muy complicado establecer si este caso tendrá coletazo en la campaña presidencial. Es más, mientras Santos fue inteligente en mostrarse ayer, tanto él como el proceso de paz, como víctimas de un complot, las miradas acusadoras se dirigieron al expresidente Uribe, a quien tiempo atrás  acusaron de filtrar informaciones relacionadas con la negociación y hasta de revelar coordenadas en donde se  recogió a un cabecilla guerrillero para llevarlo a Cuba. De allí que el propio Uribe fue el primero en salir a desmentir ayer esas insinuaciones. Ahora, si bien Santos fue, en el gobierno Uribe, el primero en decir que el DAS debería acabarse por el escándalo de las chuzadas, el hecho de que alguien del Ejército pueda estar espiando ahora en su gobierno, afecta su imagen.

4. CAÓTICO DESMONTE DEL DAS: el historial de liquidaciones de entidades en Colombia es muy negro. Eso no es nuevo, el problema es que en el caso del DAS están en juego no sólo todos los equipos de interceptación de comunicaciones sino una gran cantidad de personal que quedó cesante pero que tenía acceso a los mismos y la experticia para saber cómo se realizaba ese espionaje, personas que en algunos casos terminaron alquilándose al mejor postor, muchas veces organizaciones delincuenciales. Es claro que la transición entre el DAS y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tuvo muchas y graves fallas, que quedaron equipos al garete y a hoy no es claro quién los tiene y para qué los usa.

5. LA LEY DE INTELIGENCIA EN PAPEL: esta norma, cuya primera versión se cayó en la Corte Constitucional, pero luego fue aprobada de nuevo por el Congreso, fue redactada con el objetivo único y principal de que no se repitieran los hechos que llevaron al escándalo de las chuzadas en el gobierno Uribe. Se estableció que todas las plataformas de interceptación las manejaría la Fiscalía, que sólo se podría espiar previa orden judicial, que una comisión congresional vigilaría que el sistema no se saliera de control… Lo que se evidencia ahora es que la ley se quedó en el papel. Varias entidades, desde el Ejército, la Policía y otras instituciones tienen plataformas de espionaje; la comisión de vigilancia no funciona y se chuza sin permiso judicial.

6. ¿QUIÉN RECIBE LA INFORMACIÓN?: lo que aún no queda claro es quién recibía la información de la ‘central de chuzadas’ que funcionaba en el centro de Bogotá. ¿Sabía la cúpula del Ejército de esta sala clandestina? ¿Por qué y a quién se reportaban los datos recaudados? ¿Quién ordenó espiar al equipo negociador de paz? ¿Con qué fin? ¿Por qué la DNI no detectó a través de contrainteligencia ese espionaje? ¿Qué hace la DNI y quién la vigila? ¿Hay un complot al interior del Ejército contra el proceso de paz? ¿Hay sectores políticos de oposición recibiendo esos datos?...