“Los cambios hasta ahora aprobados afectan (…) la independencia y la autonomía del Poder Judicial”: carta de Tarquino, Fajardo, Morales y Ordóñez.

Amén de la defensa que el Gobierno ha hecho de la Reforma a la Justicia, con cuyo espíritu están de acuerdo tirios y troyanos, ya no cabe ninguna duda de que el resultado del trámite en el Congreso no está resultando satisfactorio para los magistrados de las altas Cortes.
Pero no es solo que estén en desacuerdo con lo aprobado, sino que perciben un doble discurso entre los congresistas e, incluso, en los voceros del Gobierno, porque mientras hablan de concertación y gastaron casi un año en amigables reuniones, a la hora de plasmar las ideas en el articulado que concluyó su primera vuelta en esta parte de la legislatura, a los altos juristas les queda un amargo sabor de revancha en su contra de parte de la clase política representada en las cámaras legislativas.
Como lo expresó EL NUEVO SIGLO en su editorial del jueves, “el burdo espectáculo al cual asiste el país con la mal llamada Reforma a la Justicia, es verdaderamente lamentable. Está clara la piñata que los congresistas se están dando con el quite y pone de artículos e incisos al gusto del convite, mientras el Gobierno deja prosperar la feria”.
Y concluyó: “Habíamos titulado un editorial de agosto de este año al respecto como La Contrarreforma. Lo que hoy se está presentando es eso y mucho más. Nada menos que el Réquiem por la Constitución de 1991, al cual no creemos, en absoluto, que el presidente Juan Manuel Santos o el ex presidente César Gaviria quieran asistir, salvo un mutis por el foro que no le hace bien a las supuestas ideas liberales que algunos pregonan”.
Como ya lo publicó este Diario en la semana recién terminada, con base en el inconformismo de la cúpula judicial en Colombia con el proyecto de reforma que cursa en el Congreso, está haciendo carrera entre los magistrados la idea de que los Presidentes de las altas Cortes pidan oficialmente a Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, que programe una visita a nuestro país para que conozca de primera mano la situación que ellos califican de crítica y desinstitucionalizadora.
En la carta que le enviaron al presidente Juan Manuel Santos los magistrados Camilo Tarquino y Mauricio Fajardo, presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, en compañía de la fiscal Vivianne Morales y el procurador Alejandro Ordóñez, le piden que intervenga porque “los cambios hasta ahora aprobados afectan de manera directa dos de los principales elementos que necesaria y esencialmente deben formar parte de la organización judicial en los regímenes democráticos, como el que usted permanentemente proclama, defiende y preside: la independencia y la autonomía del Poder Judicial, pilares de la paz y la convivencia sociales”.
Como se sabe, no sería la primera vez que la relatora Knaul pondría los ojos sobre Colombia. Lo hizo tiempo atrás en medio de los ataques del gobierno de Álvaro Uribe a la Corte Suprema de Justicia por cuenta del proceso de la parapolítica. Y cómo se está presumiendo una revancha por la misma razón, pues las puertas de esa solicitud están abiertas.
Con una diferencia. A Uribe le tenía sin cuidado la Relatoría. Con toda seguridad al presidente Santos sí le preocupará ver manchada una de sus gestiones mejor calificada, la de las relaciones exteriores, con una relatoría de la ONU y en un tema tan delicado.

Indignados
Son variados los peros de los magistrados a la reforma. Por ejemplo, al poner a la Corte Constitucional como organismo de las tutelas, “en lugar de acabar con el choque de trenes como se dice lo agudiza”, explicó el magistrado Tarquino, porque “la Corte Constitucional tiene una función de control constitucional y si bien se ocupa de revisar ciertas tutelas que ellas escogen, van a terminar emitiendo jurisprudencia sobre temas penales, civiles y laborales que no les corresponde”.
Tarquino también rechazó la propuesta de crear una súper Corte para investigar y juzgar a los altos dignatarios del Estado y dijo que sí parece una retaliación, aunque el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra diga lo contrario: “El podrá decir que no es una retaliación, pero lo que sí veo es que una vez nos levantamos o dejamos de asistir a los debates empezaron a surgir estos temas que jamás fueron examinados por el Senado”.
El representante Germán Navas, del Polo Democrático, sostuvo hace poco que “este proyecto debería ser retirado y volverlo a conciliar con las Cortes, porque no soluciona el problema real de la justicia que es el acceso y la descongestión de los despachos”.
Pero que este no es un asunto de la oposición, lo muestra que el propio presidente del Congreso Juan Manuel Corzo -Partido Conservador- ha insistido en que “si no se arreglan esos problemas y sigue como se desbarató en la Cámara la reforma, prefiero que se hunda”.
El presidente de la Cámara Simón Gaviria, jefe Único del Partido Liberal, calificó de grave este nuevo escenario puesto que “el proyecto va perdiendo consensos y amigos”, lo que le va restando además credibilidad.
Aunque hay otros temas, como que las Cortes quedan sin capacidad nominadora y lo relativo al Presupuesto de la Rama Judicial, una de las mayores mortificaciones y que, como lo mencionó arriba el magistrado Tarquino, tiene un tufillo a revancha, es el de la súper Corte para reemplazar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara en el juzgamiento de los congresistas, magistrados de las altas Cortes, del Consejo Nacional Electoral, Fiscal, Procurador, Contralor, Auditor y Defensor del Pueblo; en resumen, los funcionarios con fuero o aforados, excepto al Presidente de la República y al Vicepresidente.
Parte de la controversia tiene que ver con la composición de la súper Corte que, para un periodo de 12 años, tendría 6 magistrados: 2 designados por el Presidente, 2 por el Congreso y 2 por el Consejo Superior de la Judicatura, es decir, los posibles investigados eligen a sus posibles jueces.
“No veo por qué se pueda partir del supuesto de que” los magistrados elegidos para la súper Corte “van a ser malos, mientras que los de las altas Cortes son buenos, si los requisitos son exactamente los mismos”, manifestó el ministro Esguerra.
Aunque por respeto a la independencia de las Ramas del Poder Público, Tarquino, Fajardo, Morales y Ordóñez en la ya mencionada carta no le dicen a Santos en qué sentido debe intervenir, el país ya ha escuchado lo que piensan los magistrados.
Por ejemplo, el magistrado Fajardo ha expresado varias veces que “no vacilamos en afirmar que en las condiciones en que se encuentra el proyecto es preferible que no se apruebe por el bien del país y de la administración de justicia”.
También el procurador Ordóñez le recomendó al Gobierno retirar la iniciativa.

Relatoría
En 2009, entre el 6 y el 16 de diciembre, la relatora Knaul visitó Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, reuniéndose con Uribe y el entonces vicepresidente Francisco Santos, con el ministro Fabio Valencia y otros altos funcionarios del Gobierno, con magistrados de las Cortes, el fiscal encargado Guillermo Mendoza, el procurador Ordóñez y funcionarios judiciales de todos los niveles.
“Como relatora especial observo el equilibrio del sistema” de pesos y contrapesos establecido por la Constitución de 1991, “y advierto que la participación del Ejecutivo y del Legislativo en los procesos de nombramiento de los miembros de estas Cortes debe estar rodeada de las máximas salvaguardias y garantías”, dijo Knaul en la rueda de prensa que concedió el último día de sus estadía en Colombia, a la cual asistió este Diario.
Knaul consideró que “si el Estado quiere que la justicia sea realmente independiente es necesario que se adopten medidas que apliquen efectivamente las declaraciones constitucionales”.