El embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, señaló que a pesar del desencuentro entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno colombiano en el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, las relaciones siguen fluyendo en una buena dirección con el organismo internacional.

     El alto funcionario se pronunció luego de que la presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, expresara su preocupación por la decisión del Gobierno colombiano de no atender las medidas cautelares recomendadas y suspender la destitución de Petro.

     "Hay desencuentro sobre un punto en particular, pero ello no significa de ninguna manera que se afecte el normal funcionamiento de la relación fluida con el Sistema Interamericano", aseguró González a la Cadena Caracol Radio.

     "Hay que subrayar que en las últimas sesiones y audiencias, Colombia ha sido de los países que más ha reiterado su compromiso con una diversidad de medidas de protección, más de 150 que se encuentran vigentes, somos el país que más ha puesto en marcha mecanismos de protección", agregó.

     Entre tanto, Rafael Barrios, abogado del exalcalde Petro, pidió al Consejo de Estado que se pronuncie sobre las medidas cautelares y que el Tribunal Superior de Bogotá acelere el estudio de 20 tutelas (instrumento legal) presentadas por el exalcalde y un grupo de electores.

     "Tras este pronunciamiento (el de la CIDH) esperamos que de la manera más pronta posible, el Consejo de Estado se pronuncie sobre las medidas cautelares de urgencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Tribunal Superior de Bogotá sobre las 20 tutelas radicadas en ese organismo", dijo.

     El exalcalde fue destituido e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría por el mal manejo de un nuevo sistema de recolección de basuras en diciembre de 2012.

     El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó el 19 de marzo la destitución de Gustavo Petro, y designó al actual ministro de Trabajo, Rafael Pardo, como nuevo burgomaestre encargado.