La plenaria del Senado aprobó, con 53 votos a favor y 0 en contra, el acto legislativo 04 de 2017 que asegura el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de armas por parte del Estado.
Esta iniciativa forma parte de la implementación de los acuerdos del Teatro Colón, a través del procedimiento legislativo especial, también conocido como fast track, y consiste en dar garantías de no repetición y contribuir a asegurar el monopolio de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado.
Este acto legislativo también prohíbe la creación, promoción, organización y financiación, entre otros, de grupos civiles armados organizados ilegales como paramilitares, autodefensas o grupos de seguridad ilegales.
Sobre esta reforma constitucional, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que "es parte del desarrollo del acuerdo de paz" que habla de un pacto político nacional que consiste en poner en marcha "la prohibición de financiación, creación y estructuración, entre otras, de estructuras armadas ilegales".
Lo más importante para Rivera es que "este pacto busca la convivencia pacífica entre colombianos" y que con este proyecto "pasamos definitivamente la página del horror". Ahora este acto legislativo pasa a tercer debate en comisión primera de Cámara de Representantes.
Por su parte, el senador Alexander López, del Polo Democrático, ponente del articulado, sostuvo que como el paramilitarismo no está tipificado como conducta penal, está prohibición debe quedar en la Constitución para evitar que se repita esta ola sangrienta de la historia colombiana.
El senador López en el debate en plenaria aseguró que “Colombia no puede ocultar su historia con el paramilitarismo y debe evitar que de nuevo se presente esa ola de dolor y terror. Este acto legislativo lo prohíbe de manera tajante”.
“La figura del paramilitarismo no aparece en ningún tipo penal en Colombia, pero existen antecedentes nefastos que ha vivido el país de apoyo de funcionarios públicos al paramilitarismo. Esto se evidencia en diferentes disposiciones como el Decreto presidencial 3398 de diciembre de 1.965 que estableció la obligación de cooperación de todas las personas naturales y jurídicas en la defensa nacional y entrego las armas de uso privativo de las fuerzas armadas a civiles; la resolución 368 de 1995 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que dio lugar a la organización de cooperativas de seguridad conocidas como convivir”, dijo el congresista.
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