• Ojo a reforma del régimen de tierras
• No lesionar derecho a propiedad privada

Sin duda alguna la reforma al régimen de tierras en Colombia es quizá una de las más importantes de los últimos años debido a sus profundas implicaciones. No hay que olvidar que en varios gobiernos se ha intentado  modificar la llamada ley 160 de 1990, pero ninguno de esos esfuerzos dio mayor fruto o terminaron en ajustes muy parciales y casi intranscendentes. Sin embargo,  es claro que el régimen de propiedad y uso de la tierra en Colombia tiene que ser actualizado.

El Censo Nacional Agropecuario revelado por el Dane, el año pasado, puso de presente que la realidad del campo colombiano es muy distinta a la que se venía presumiendo en la última década y sobre la cual se proyectaron equivocadamente las políticas de desarrollo agrario que, por obvias razones, no dieron los resultados  esperados.  Según dicho censo, realizado después de 45 años, la situación del campo es bastante complicada no sólo por la alta concentración de  extensos predios en un reducido número de propietarios, sino también porque los índices de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas son muy altos en comparación con las zonas urbanas.  También se determinó que hay problemas con la extensión de la llamada frontera agrícola y que el área sembrada para cultivos continua siendo deficiente frente a la demanda alimentaria interna. 

A este diagnóstico deben sumarse los resultados de otros estudios que dan cuenta, por ejemplo, de que por lo menos cinco millones de hectáreas habrían sido arrebatadas o despojadas a sangre y fuego durante el largo conflicto armado interno en Colombia. No menos preocupante resultan en los estudios  que alertan sobre las deficiencias de competitividad agroindustrial de nuestro país, más aún en medio de una economía globalizada y con la mayoría de los tratados de libre comercio suscritos ya en vigencia plena. 

Otras investigaciones advierten, por igual, un detrimento ambiental significativo de extensas zonas rurales y de alta potencialidad agrícola por cuenta de fenómenos delictivos, como el narcotráfico y la minería ilegal. Y, como si lo anterior fuera poco, están las ruinosas consecuencias del cambio climático en nuestro país.

Frente a todo lo anterior y pese a que a este Gobierno le restan apenas nueve meses de mandato y al Congreso un tiempo menor de trabajo legislativo, se acaba de anunciar por parte del Ejecutivo que a mediados del próximo mes se radicará un nuevo proyecto de reforma al régimen de tierras, que no solo va en la dirección de cumplir lo pactado con las Farc en La Habana sobre desarrollo agrario, sino que busca crear las condiciones normativas, presupuestales y de acción institucional necesarias para  aumentar la rentabilidad y calidad de vida en el campo.

Se trata de una iniciativa ambiciosa que busca, entre otras cosas, titular 10 millones de hectáreas, que serían repartidas a familias campesinas que hoy no son propietarias  o que no han formalizado su calidad de dueñas sobre los predios que hoy ocupan.  De igual manera se pretende solucionar, de una vez por todas, el eterno problema de los baldíos de la Nación, crear un nuevo marco de apoyo institucional y financiero para el desarrollo del campo, precisar el régimen de expropiación en zonas rurales, combatir la microfundización, reglamentar los derechos de servidumbre, agilizar la recuperación de predios ocupados de manera ilegal por particulares, castigar la llamada práctica de “fincas de engorde” y, en general, dotar al país de un nuevo marco legal sobre uso, propiedad, tenencia y explotación de la tierra en el área rural.

Como todavía no se conoce el texto de la reforma, las reacciones de los gremios agrícolas y del país en general sobre el alcance de la misma  son todavía muy cautelosas. Sin embargo es claro que  los temas más candentes apuntan a ser aquellos relacionados con las nuevas reglas del juego para titulación y formalización de la propiedad, el régimen de expropiación y extinción de dominio en los campos, así como la recuperación y reasignación de baldíos de la Nación.  No en pocas ocasiones se ha advertido desde estas páginas  que dicha reforma debe tener unas líneas rojas muy definidas e impasables, sobre todo en lo que tiene que ver con el respeto a la propiedad privada y a su legítima tradición, evitando cualquier asomo de  trasnochadas y anacrónicas políticas de propiedad colectiva de los medios de producción agrícolas.

Resulta, por el momento, tempranero emitir un concepto sobre el contenido de esta nueva reforma debido a que, como se dijo, no se conoce el texto de la misma. Habrá que esperar para revisar su contenido puntualmente e ir vislumbrando si esta es la verdadera reingeniería que requiere el campo colombiano para salir del atraso y la pauperización de las últimas décadas.

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