Uno de los retos más importantes que tendrá el Congreso, más específicamente la Cámara de Representantes, en este segundo semestre será la elección del Defensor del  Pueblo. Como se sabe el cargo se encuentra en estado de interinidad desde enero pasado cuando su titular renunció en medio de un escándalo de presunto acoso sexual. 

La escogencia del nuevo titular de la Defensoría no debe ser vista como un simple trámite legislativo ni tampoco  reducirse a la tradicional puja entre los partidos que aspiran a quedarse con una entidad que maneja un presupuesto millonario y tiene un importante andamiaje burocrático a nivel nacional y regional. Lo cierto es que esta no es una elección más, sino que debe marcar un punto de inflexión sobre el futuro de una institución que no sólo hace parte del Ministerio Público, sino a la que muchos sectores ven como clave dentro de la etapa del llamado posconflicto, claro si el proceso de paz con las Farc se firma finalmente en La Habana, pasa la refrendación popular y comienza el proceso de implementación de lo pactado.

Como se sabe, en los últimos años no son pocas las voces que advierten que hay una duplicidad de funciones entre la Defensoría y la Procuraduría e incluso se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de, en aras de los apretones fiscales, suprimir a la primera y descargar en la segunda, paralelo a su jurisdicción disciplinaria, la tarea de impulsar el efectivo respeto de los derechos humanos y la observancia del Derecho Internacional Humanitario, muy propio de un país que lleva varias décadas en conflicto armado y que aun si se firmara un acuerdo de paz con las Farc seguirá enfrentando a otros grupos armados como el Eln y las llamadas bandas criminales al servicio del narcotráfico.

¿Cuál, entonces, debe ser ese nuevo papel de la Defensoría del Pueblo? Hay varias hipótesis. Una, por ejemplo, va en la dirección de que esta institución amplifique su tarea en la defensa, activa y cercana, de los derechos fundamentales y conexos de todos los colombianos, tomando un papel más determinante en temas como el acceso a la salud, que continúa siendo el mayor motivo de acciones de tutela en el país  y prácticamente no hay día en que no se genere un escándalo por fallas en el acceso a tratamientos y medicamentos. Si bien es cierto que el recurso de amparo es, sin duda, la mayor conquista de la Carta de 1991, no puede considerarse como normal que día a día tengan que fallarse centenares de tutelas ordenando a las autoridades solventar las violaciones a las garantías más fundamentales, sin que a la larga se consoliden políticas que eviten su permanente irrespeto.

También hay quienes sostienen que la Defensoría del Pueblo debería entrar a reemplazar la estructura de los personeros municipales, no sólo por tener un principio de especialización funcional más efectivo en la defensa de los derechos humanos, sino porque en no pocas ocasiones los funcionarios del orden local llegan a esos cargos por cuestiones típicamente políticas, por lo que su capacidad para controlar y vigilar a los alcaldes y sus administraciones es reducida. Igualmente muchos de los diagnósticos en torno a los motivos reales de la crisis carcelaria en el país apuntan a que la Defensoría carece del suficiente personal y presupuesto para proveer abogados de oficio a miles los sindicados que no tienen cómo pagar un defensor privado. Ello genera una sobrecarga al sistema judicial que, con el pasar de los años, ha llevado no sólo al crecimiento del hacinamiento en las prisiones, sino a tener que proyectar leyes para facilitar excarcelaciones masivas a quienes no se les ha resuelto a tiempo su situación jurídica.

Y, por último, como ya se mencionó, está sobre el tapete la propuesta de que la Defensoría se convierta en la garante principal del cumplimiento de los acuerdos de paz en el posconflicto, sobre todo como vigilante del compromiso de que habrá verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para los millones de víctimas de la guerra intestina que ha desangrado al país por más de medio siglo.

Como se ve, la elección del Defensor del Pueblo va más allá de la baraja de nombres, los cálculos partidistas  y la milimetría política. Ojalá tanto el Gobierno como el Congreso y los propios candidatos entiendan la dimensión del reto institucional.