- Más narcotráfico y más consumo
- Reformar Estatuto de Estupefacientes
Uno de los informes que más impactaron a la opinión pública en el último año fue aquel revelado por el Departamento Nacional de Planeación, según el cual el negocio del narcomenudeo en Colombia movió en 2015, a través de las organizaciones criminales del microtráfico, 6 billones de pesos, equivalentes al 0,75 del PIB, como consecuencia del aumento del consumo de drogas ilícitas en el país. La misma investigación evidenció que de ese valor estimado de mercado, 300 mil millones de pesos correspondían a las ganancias de la red dedicada al cultivo y producción, 2,5 billones de pesos a la banda delincuencial que la distribuía y 3,2 billones a los expendedores de droga que la ponen en las calles para el consumo. También se reveló que se calculaba que en el país había un estimado de 1,5 millones de consumidores de drogas, siendo las de mayor recurrencia la cocaína, marihuana, bazuco y éxtasis. Más de la mitad de esos consumidores estaba en las ciudades capitales…
Todo lo anterior para concluir que, lamentablemente, los índices de drogadicción en el país habían aumentado de manera dramática en los últimos años y que por efecto, según el citado informe, de la transformación de grandes carteles de la droga en organizaciones fragmentadas así como por el crecimiento del mercado interno de sustancias como la cocaína, marihuana y bazuco, ello entre 2008 y 2014, Colombia ya ocupaba el cuarto lugar en Suramérica con mayor consumo de las dos primeras sustancias.
Es claro que el dramatismo de esas cifras, referidas en gran parte a 2015 y años anteriores, es hoy por hoy mayor por la simple razón de que la extensión de narcocultivos se duplicó en tres años, llegando ya a 188 mil hectáreas, a lo que se suma que el potencial de producción de la cocaína también creció, así como las capturas por microtráfico y la incautación de drogas.
Pero no han sido las únicas novedades en este frente. No hay que olvidar que ya el año pasado se dio vía libre a la legalización para el cultivo, mercadeo y producción de marihuana con usos medicinales y terapéuticos. De igual manera, por virtud de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia no sólo se flexibilizó el concepto de “dosis mínima de estupefacientes”, sino que la penalización de asuntos relacionados con drogadicción cada vez es más confusa.
Y como si todo lo anterior fuera poco, en el marco de la accidentada implementación normativa del acuerdo de paz con las Farc, la lucha contra el narcotráfico ha estado en el centro del debate. La Fiscalía ha tenido que advertir en repetidas ocasiones que las gabelas políticas, económicas y jurídicas a los subversivos desmovilizados en modo alguno pueden desembocar en la legalización de narcofortunas, la persistencia de nexos con este negocio ilícito o en un mecanismo para que los capos se ‘cuelen’ en los listados guerrilleros con el fin de esquivar pedidos de extradición o acceder a penas alternativas.
Por otra parte, el Gobierno acaba de presentar un nuevo proyecto de ley para reformar el Código Penal y aplicar un tratamiento diferencial y benévolo a quienes trabajan en los pequeños narcocultivos, lo que evitaría el encarcelamiento, en cálculos oficiales, de no menos de 400 mil personas. A ello se suma un no menos polémico proyecto para el sometimiento colectivo a la justicia de las bandas criminales emergentes (Bacrim), actores principales del narcotráfico, junto a las disidencias de las Farc.
En medio de todo ese berenjenal, el propio Ministerio de Justicia, por intermedio del Sistema de Alertas Tempranas, reportaba días atrás el hallazgo de seis nuevas sustancias psicoactivas y aparición de mezclas de hasta cinco sustancias en una misma dosificación, varias de las cuales al ser consumidas pueden causar la muerte o graves efectos a la salud. Esto confirma, entonces, que la importación o incluso la producción local de las llamadas “drogas sintéticas” sigue aumentando y, por ende, incrementando el número de consumidores, sobre todo entre los jóvenes.
Todo lo anterior evidencia que el país urge una reforma a fondo del llamado Estatuto Nacional de Estupefacientes, que integre de forma coherente y efectiva toda la política antidroga. Si bien es cierto que la ya desgastada Ley 30 de 1986 ha sufrido algunos retoques, se requiere un nuevo marco legal moderno y que refleje la realidad del narcotráfico. La reformitis legal, ya sea por la vía de agravar o de rebajar penas y sanciones, no ha disminuido el tráfico de drogas y el consumo interno aumentó. El fracaso no puede ser más evidente.
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