Por Gabriel Sonny Cubillos

Periodista EL NUEVO SIGLO

Los dineros obtenidos por el sobrecosto en las tarifas de energía con el fin de garantizar la prestación del servicio bajo condiciones críticas, ya no se quedarán en manos de las generadoras sino que deberán ir a un fondo público. Esta es una de las medidas que establece un proyecto de ley por medio de la cual se regula el llamado cargo por confiabilidad, que por estos días está en el ojo del huracán por la destinación que se le habría dado a estos recursos. La Procuraduría, Contraloría y Fiscalía adelantan investigaciones por estos hechos.  

Se trata del proyecto de ley No. 217/2016 Cámara, el cual fue radicado en días pasados por la bancada del Movimiento MIRA (los representantes Carlos Guevara, Guillermina Bravo y Ana Paola Agudelo), con la firma también del parlamentario Alirio Uribe (Polo), el cual será materia de discusión en primer debate por parte de la Comisión Sexta de esta Corporación.

La iniciativa tiene como objetivo regular los recursos del cargo por confiabilidad existente.

En ese propósito establece que el cargo por confiabilidad seguirá siendo recaudado por las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica, pero que ahora “de manera inmediata deberán trasferir los recursos al fondo común de naturaleza pública que será creado y administrado por el Ministerio de Minas y Energía”.

Añade que la cartera de Minas y Energía en el término de seis  meses tras ser sancionada la ley creará y pondrá en funcionamiento dicho Fondo.

Dice también la iniciativa de ley que este Ministerio priorizará la ejecución de proyectos de generación energética en medios alternativos no convencionales tales como generación eólica y solar, entre otros.

Además establece que se prohíbe la creación de más costos tarifarios o remuneraciones a cargo del usuario, encaminados a garantizar la confiabilidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Antecedentes

En el año 1996 la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) creó el cargo por capacidad, el cual buscaba reducir el riesgo de inversión, tanto de los generadores existentes como de nuevos inversionistas en el sector energético, con el fin de satisfacer la demanda a precios eficientes y evitar racionamientos.

El proyecto de ley reseña en su parte motiva que esta medida buscaba incentivar a los generadores para que realizaran nuevas inversiones y en contraprestación recibieran unos pagos adicionales.  Lo que dio resultado en un comienzo perdió efectividad y “se transformó en un ingreso más que recibían los generadores, en vez de ser un incentivo a la inversión. Esto conllevó a que diez años más tarde de la implementación de este mecanismo, en el 2006 la CREG decidiera, mediante la Resolución 071 de ese año, sustituirlo por el cargo por confiabilidad”.

Sin embargo, el país vino a poner los ojos sobre el cargo por confiabilidad a raíz de que en octubre pasado, el Gobierno nacional autorizó incrementos en las tarifas de energía por el fenómeno del Niño, que obligó a las termoeléctricas a generar a tope para suplir la baja en la capacidad de la generación hidráulica.

Este aumento en las tarifas buscaba compensar los mayores costos en que incurrieron las termoeléctricas por tener que operar con gas y diésel. ¿Por qué no se echó mano de los recursos acumulados durante 9 años por el cargo por confiabilidad en lugar de subir tarifas? Esa es una pregunta que todavía el Gobierno no le ha dado plena respuesta y que algo tuvo que ver en la renuncia de Tomás González como ministro de Minas y Energía.

La Contraloría General dijo que durante este tiempo las generadoras recibieron $18,5 billones, por lo que inició una investigación, pues varias de éstas no tenían suficientes recursos para operar.

La Procuraduría y la Fiscalía también iniciaron investigaciones de las cuales el país espera sus resultados.

El proyecto de ley en cuestión establece también que la inspección, control y vigilancia de los recursos provenientes del cargo por confiabilidad serán ejercidos directamente por el Contralor General de la República, quien deberá rendir informe de seguimiento al Congreso de la República al inicio de cada legislatura.

Añade la iniciativa que las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios que incumplan o pongan en riesgo la prestación continua y eficiente de los servicios públicos domiciliarios por razones ajenas a la fuerza mayor serán sancionadas pecuniaria y administrativamente.

El cargo por confiabilidad en la prestación del servicio de energía se mantendrá, pero los recursos no seguirían en manos de las generadoras, propone el proyecto de ley.