Que se excluya la inversión extranjera en el sector de la vigilancia y la seguridad es lo que se propone en un proyecto de ley que está siendo tramitado en el senado y que ya hubo la audiencia pública.

Esta iniciativa fue presentada por el senador Mauricio Lizcano y los representantes Juan Felipe Lemos y Luz Adriana Moreno, todos del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

Se trata del proyecto de ley número 72 de 2014 Senado, “por el cual se regula el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia y se dictan otras disposiciones”.

En la exposición de motivos se expresa que las deberán estar obligadas de hacer el registro de todo su personal, para lo cual se utilizarán las herramientas tecnológicas que permitan la verificación de dicha información en cualquier tiempo que incluya el registro fotográfico y reseña dactiloscópica, el cual deberá estar a disposición de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Con el objeto de hacer dicha verificación, con base en la información suministrada por parte de las empresas, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mantendrá un registro actualizado del personal operativo de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

De la misma manera establece que los asociados a una cooperativa de vigilancia y seguridad privada, deberán ser personas naturales de nacionalidad colombiana. Las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, deberán acreditar aportes suscritos y pagados no menores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de constitución de la empresa.

El Gobierno nacional podrá establecer las cuantías mínimas de patrimonio que deberán mantener y acreditar estas cooperativas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto recoge “toda la normatividad dispersa relacionada con el sector de vigilancia y seguridad privada y centralizar en una sola norma, con todos los preceptos jurídicos, logrando así adicionar elementos que son necesarios para fortalecer esta normatividad, modificar y mejorar algunas de las normas existentes y llenar vacíos jurídicos que son obstáculo para el desarrollo del sector, la actualización de la normatividad habilitará a los empresarios del sector, garantizar que quienes presten el servicio sean idóneos, técnica, financiera y tecnológicamente”.

Según lo que se argumenta en la iniciativa, la figura de limitar el acceso a la industria de la seguridad privada solo a nacionales está en la legislación de muchos países y propone que a los nacionales se les dé acceso a través de sociedades de responsabilidad limitada.

De la misma la iniciativa pretende que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expida licencia de funcionamiento, de carácter nacional, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos, por parte del solicitante. Pero para un mayor control se exigirá la copia promesa futura de sus asociados, informando los nombres de los asociados y representantes legales, adjuntando las hojas de vidas con las certificaciones académicas y laborales correspondientes, y fotocopias de la cédula de ciudadanía.

El exsenador Carlos Barriga, del Partido Conservador, recordó que él ya había presentado un proyecto en ese sentido que tenía como objetivo regular el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia para que se presten con absoluto respeto a la Constitución.

El general retirado José Leonardo Gallego, que actualmente dirige una empresa de vigilancia, manifestó que lo que se requiere es una regulación entre las empresas que tienen capital nacional y las que tienen capital extranjero.

“Lo que se decide por parte de las empresas que tienen capital doméstico es que haya una adecuada regulación, que no haya desigualdad de condiciones para el capital extranjero que existe en las empresas frente al capital nacional”, explicó.

El oficial recordó que el Gobierno nacional siempre orientado a la política que existe en las necesidades del país defiende la inversión extranjera en los diferentes sectores de la economía nacional.

Para Orlando Gutiérrez, propietario de una empresa de vigilancia Profec, lo que pasa es que las empresas grandes de ese sector quieren que las pequeñas desaparezcan.

Manuel Mateus, otro empresario del sector, está de acuerdo con que no exista inversión extranjera ya que es un tema que afecta a le pequeña y mediana empresa porque “las inversiones extranjeras vienen con mucha fuerza”.

Mateus recordó que actualmente en el decreto 354 se estipula que existe una prohibición de la inversión extranjera, “por tal motivo estamos de acuerdo con que se siga manejando los mismos para metros de la inversión extranjera en Colombia, como se ha venido manejando hasta el momento”.

El excongresista Juan Lozano, de La U, conocedor del tema recordó, que la ley colombiana tomó una decisión que en su momento entiendo fue necesaria y  correcta. “Respetó el estado de cosas al momento de aprobar la Ley y reconoció que quienes habían adquirido por virtud de las normas anteriores el derecho a tener inversión extranjera lo podían mantener. Claro, eso era razonable. El Estado colombiano no podía ser un Estado que desconociera el derecho adquirido de los inversionistas hasta ese punto. Pero a partir de ese momento, el Estado a través de la legislación dice consideramos que este sector debe ser en este frente un sector que se desarrolle a partir de la inversión nacional”.

Lozano agregó que a él lo que le inquieta sobre este tema es que hay unas empresas pueden crecer de una manera, otras que no lo pueden hacer.