Vuelve y juega  el debate sobre reglamentar la participación de los funcionarios públicos, en lugar de prohibirla como lo hace la normatividad actual.

El proyecto se encuentra en el Senado y establece la reglamentación de  la participación en política de los servidores públicos de conformidad al inciso 3º del artículo 127 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones.

El senador Carlos Soto, de La U, dijo, “este proyecto es una deuda del Congreso con los servidores públicos y la democracia desde hace 20 años”.

“El constituyente fue explícito dando la orden a la corporación que lo reglamente. El resto es una máscara, que cuando les conviene se la quitan y nutren sus apetitos, y cuando no, la considera una amenaza”, manifestó.

El proyecto estipula que es toda actividad que de manera individual o colectiva realiza un servidor público, por fuera del normal cumplimiento de sus funciones, y por la cual expresa su opinión de apoyo u oposición a una causa o campaña política, en razón de actividad o controversia política.

La iniciativa estipula que se entiende por actividad política la realizada por un partido político, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, tendiente a intervenir en la designación de gobernantes, miembros de corporaciones públicas, o a influir en la formación de la política estatal.

Dejan claro que los funcionarios políticos que podrán participara en actividades políticas son:“los miembros de juntas administradoras locales, ediles, diputados, concejales, Congresistas; ni a los empleados vinculados a sus unidades de apoyo normativo y unidades de trabajo legislativo quienes por el ejercicio de su labor podrán intervenir en todo tipo de actividades políticas y electorales”.

Se establece dentro de la reglamentación que no se puede utilizar bienes del Estado, información reservada o recursos del tesoro público para participar en el desarrollo de las actividades o controversias políticas.