En medio del escándalo por presuntos hechos de corrupción en la rama judicial, el senador uribista Juan Carlos Vélez presentó por segunda vez el proyecto de ley para convocar una Asamblea Constituyente que tramite una reforma a la justicia.

Durante la radicación en la Secretaría del Senado, Vélez explicó que la iniciativa “no tocaría otros puntos de la Constitución sino estaría únicamente dedicada a reformar temas relacionados con la justicia”.

El Senador explicó que la reforma a la justicia deberá incluir temas como la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, la creación de una gerencia para la Rama Judicial, quitarle las funciones electorales a las altas cortes, el fuero militar y sus normas constitucionales, el periodo de magistrados y las funciones de control fiscal de la Contraloría frente a los altos cargos del Estado, entre muchos otros temas.

“Quedó evidenciado que el Congreso no está en condiciones de hacer una reforma a la justicia debido al conflicto de intereses y por lo tanto hay que buscar otros mecanismos. Las vías restantes son el referendo, que también requeriría un acto legislativo, y se incurriría también en conflicto de intereses. Así las cosas, la vía legal más adecuada es la Asamblea Constituyente que aborde exclusivamente los artículos constitucionales relacionados con la justicia", dijo Vélez Uribe.

El senador aclaró que el Congreso no cesará en sus funciones, sino que seguirá trabajando durante el periodo en que la Asamblea Constituyente esté realizando sus modificaciones a la justicia. "Sólo se prohibiría que el Congreso aborde temas relacionados con la justicia durante el tiempo que esté sesionando la Asamblea Constituyente".

Según el senador Vélez, el proyecto tendría plazo hasta junio de 2014 por lo que, de seguir el trámite legislativo adecuado, se podría estar hablando de la conformación de la Asamblea Constituyente para la justicia a finales del próximo año.

No obstante, el Gobierno no es partidario de realizar una Constituyente como también lo plantearon las Farc en medio de las conversaciones con el Gobierno en Cuba.

Consultado sobre este aspecto recientemente, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri la descartó. “Nos hemos referido a ese tema que también propone las Farc y mi respuesta ha sido categórica y sin mucha explicación: a una asamblea nacional constituyente no”.

Antes de que se conociera la radicación del proyecto, sectores como la Corte Suprema de Justicia expresaron su respaldo a una reforma a la justicia.

“Frente a la proyectada reforma a la justicia planteada por el Gobierno Nacional, la Corte Suprema de Justicia manifiesta a la opinión pública que no se opone a dicha propuesta y estará dispuesta a participar activamente en su discusión y trámite”, dijo la Corte en un comunicado.

El alto tribunal agregó que “ojalá -este proyecto- se mantenga alejado de la contienda política que se avecina, en procura de que no se menoscabe la autonomía e independencia y otros valores y principios esenciales de la Rama Judicial, sin pretender privilegios o beneficios de ninguna especie para sus integrantes”.

De otra parte, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo que no es conveniente tramitar una reforma a la justicia en medio de la coyuntura por la que atraviesa el país.

 “Las reformas a las instituciones no deben decidirse en momentos coyunturales, es indudable que las instituciones deben responder y estar diseñadas para afrontar los episodios frente a los cuales tienen que pronunciarse y actuar”, explicó Ordóñez.

Los cuestionamientos sobre la rama judicial y en específico sobre la pertinencia del Consejo Superior de la Judicatura, se produjeron tras las revelaciones sobre presuntos arreglos a fallos judiciales en esta Corporación por parte del magistrado Henry Villarraga.