Acabar con la trashumancia electoral es uno de los principales propósitos del registro que establece el proyecto de ley estatutaria del nuevo Código Electoral, explicó el ministro del Interior Germán Vargas, al aclarar que este proceso no está relacionado con tareas de Inteligencia.

“El censo electoral se viene utilizando con muchos propósitos, en relación con medicina prepagada, con el Sisbén, y qué bueno es tener un registro actualizado y veraz para muchos aspectos. Pierdan cuidado quienes anticipadamente creen que esto tiene un fin relacionado con tareas de Inteligencia”, sostuvo Vargas al comentar los alcances de esta iniciativa que hace trámite en el Congreso y la cual el Gobierno espera que sea aprobada este semestre.

El ministro Vargas anotó que lo que buscan el Gobierno Nacional y la Registraduría es acabar con el sistema de inscripción de cédulas faltando pocos meses para las elecciones: “Lo que se pretende es que cualquier persona pueda inscribirse en el lugar en donde reside, en cualquier momento, indicando y señalando cuál es su lugar de residencia o de domicilio principal”.

Según el jefe de la cartera política, esta Administración tiene como objetivo que las inscripciones de cédulas se realicen de manera permanente, para evitar trashumancia electoral y permitirles a los colombianos, en cualquier momento, solicitar ser inscritos para ejercer su derecho al voto.

¿Empadronamiento?

Las declaraciones de Vargas coinciden con las que ha entregado recientemente el registrador Carlos Ariel Sánchez, en el sentido de que en ningún momento eso significa un empadronamiento.

Sánchez aclaró que resulta muy comprensible que se tenga un proceso de cruce de datos, verificación de la residencia del ciudadano, que se debe hacer mediante una inscripción permanente, pero precisó que los datos que se exigen en el registro electoral son de conocimiento público y pretende verificar si realmente la persona reside en el lugar donde vota.

“Jurídicamente estamos buscando que se presuma que la persona se inscribe donde vive”, aseguró.

Debate

Por insistencia de varios congresistas de la Comisión Primera del Senado el debate del proyecto de ley fue aplazado para la segunda mitad de la actual legislatura, que inicia el 14 de marzo.

Sin embargo, la iniciativa de origen gubernamental no se hundió porque la Comisión aprobó el informe con que termina la ponencia.

“Es un proyecto que se debe analizar a fondo, porque hay que entregarle un buen Código a la democracia colombiana, y por esa razón he solicitado que no les demos a 280 artículos un pupitrazo, y que los partidos nos comprometamos, al igual que cada uno de los senadores, a analizarlo”, afirmó el risaraldense Carlos Enrique Soto, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), quien preside la comisión de seguimiento electoral del Senado.

El coordinador de ponentes, senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, señaló que la principal apuesta de la iniciativa es por el voto electrónico, que garantizará una mayor transparencia en los comicios: “Para mí lo principal que debe incluir este Código Electoral, además de armonizar la legislación que tenemos en Colombia bastante desactualizada, obsoleta, que data alguna de ella de antes de la Constitución de 1991, es el voto electrónico”.

“Si no somos capaces los colombianos de tener en el 2014 para las próximas elecciones para Congreso y para Presidente el voto electrónico y el sistema de identificación biométrico para todo el país, realmente habremos perdido este gran esfuerzo de estudiar, debatir y votar el Código Electoral en el Congreso”, señaló el congresista.

Además del voto electrónico, el proyecto de ley también regula la conducta de los actores políticos y administrativos, los cargos y las corporaciones de elección popular y la campaña de reelección presidencial.

Asimismo, propone regular la participación en política de los funcionarios, quienes podrían intervenir en actividades o controversias electorales e incluso, en el caso de que los miembros de corporaciones públicas puedan financiar partidos y movimientos políticos, siempre y cuando no utilicen bienes del Estado.

Este tema de la participación en política de los funcionarios y servidores públicos ya había sido abortado por la misma Comisión Primera del Senado, al hundir un proyecto de ley que le daba la posibilidad de intervenir en política a ministros, alcaldes y gobernadores.

Otro de los temas que desarrolla la iniciativa tiene que ver con el censo electoral, el cual se convertiría en el registro electoral, e incluiría a los colombianos residentes en el exterior y a los extranjeros habilitados para votar en Colombia. El proyecto también contempla mecanismos para depurar la información de los ciudadanos que pueden sufragar.

De igual manera, propone que la violación a los topes de financiación de las campañas de los candidatos a corporaciones públicas sea sancionada con la pérdida de la investidura. También, la propaganda electoral emitida a través de los medios de comunicación o fijada en el espacio público solo podría hacerse durante los dos meses anteriores al día de la elección.

Atención

En opinión de Galán, “ha pasado inadvertida en los medios de comunicación la discusión del proyecto de Código Electoral, con excepción de una errada interpretación que trata de equiparar el registro o censo electoral con el llamado empadronamiento”.

Galán considera que “es importante que los colombianos vuelquen su atención a esta iniciativa, pues la calidad del proceso electoral es la legitimidad de la democracia. El proceso electoral es el mecanismo a través del cual el voto se transforma en decisiones, elección de funcionarios y aprobación de iniciativas”.