Las recomendaciones de la comisión de expertos en cuánto a los impuestos territoriales, no le es del todo indiferente a los exgobernadores ni a la Federación Nacional de Departamentos, pese a que argumentan que hay que analizar de fondo cada propuesta en la materia.
El director de la Federación, Amylkar Acosta, le dijo a EL NUEVO SIGLO que exalta que por primera vez se haya contemplado los tributos territoriales en un proyecto de reforma tributaria.
“Lo positivo es que por primera vez se ha contemplado los tributos territoriales en un proyecto de reforma tributaria como el que se propone, porque aquí hemos tenido una reforma tributaria en promedio cada dos años, y en ninguna de ellas se ha contemplado los tributos territoriales, siempre las reformas que se han hecho es para que le entren más recursos a al Gobierno central”, dijo.
Según Acosta de cada 100 pesos que se recaudan en el país por concepto de impuestos 87,5 por ciento van para el Gobierno nacional, el 11,9 van para los municipios y para los departamentos 4,6 por ciento, por lo que “el cambio sería positivo ya que se traduciría en mayores ingresos para los departamentos y municipios, que hoy dependen de rentas anacrónicas”.
“Lo que ha venido sucediendo es que se han venido concentrando los recursos en el Gobierno central. Desde el año 1992 y hasta el 2014 que fue la última, se hicieron 11 reformas tributarias y todas han sido para generar recursos”, dijo Acosta.
Frente a la propuesta de la comisión de ajustar los impuestos específicos al consumo, de ir subiendo gradual pero significativamente el impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco, revisar la estructura de los impuestos a la cerveza y los licores, y evaluar detalladamente la posibilidad y conveniencia de introducir un impuesto sobre las bebidas azucaradas, Acosta sostuvo que esto ayudaría en cierta medida a mejorar los ingresos a los departamentos, pero recordó que ya cursa en el Congreso un proyecto de ley de licores que también tiene el mismo fin.
¿Falta más claridad?
Para el exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gosaín, falta claridad en las propuestas que han generado controversia aunque destacó que después de 11 años se tengan en cuenta los impuestos territoriales.
“En primer lugar no ha sido claro hasta ahora cual es el informe de la Comisión, se tejen muchas versiones pero no hay un manifestación coherente sobre este informe. Es lamentable repetir episodios de centralismo como el que esta comisión ejemplifica, esto nos impone una reforma tributaria señalada por 10 personas de las que el país no conoce nada, y que alguien los convirtió en expertos. Sin embargo es rescatable que se tengan en cuenta los impuestos territoriales después de 11 años”, sostuvo.
Distribución equitativa
Por su parte, el exgobernador de Putumayo, Harold Díaz, sostuvo que es importante que los ingresos lleguen a las regiones y que la distribución sea equitativa.
“Nosotros hemos entendido que hay un esfuerzo en la reestructuración del régimen tributario, lo que demandamos nosotros es que si van a hacer incrementos que no se sientan de manera fuerte en quienes pagamos impuestos, y que parte de los ingresos lleguen a las regiones, considero que pese a que es acertado lo que se está haciendo debe existir una distribución equitativa en las regiones y acabar con el centralismo para que los recursos lleguen a los lugares más apartados del país”, expresó Díaz.
Frente al aumento del impuesto al consumo de tabaco y licor, Díaz sostuvo que “queda la duda porque no sabemos si será permanente. Tendríamos que evaluar cómo sería el incremento y mirar a ver cómo las utilidades benefician a las regiones”.
Recomendaciones territoriales
En cuanto a los impuestos departamentales, la Comisión propone ajustes a los impuestos específicos al consumo, que son los más importantes dentro de sus ingresos tributarios, para acercarse a estándares internacionales en los que el propósito de salud pública se ha vuelto prioritario. Conforme a ello, propone aumentar gradual pero significativamente el impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco, revisar la estructura de los impuestos a la cerveza y los licores, y evaluar detalladamente la posibilidad y conveniencia de introducir un impuesto sobre las bebidas azucaradas. Estos ajustes apuntan también a imprimir una mejor estructura y avances en recaudo, lo cual no se podrá materializar si la DIAN y los gobiernos subnacionales no hacen esfuerzos importantes para combatir el contrabando, la adulteración y falsificación. En particular, se recomienda adoptar procesos de marcación que faciliten la trazabilidad de los productos nacionales e importados, como lo han hecho con éxito otros países. Adicionalmente, la Comisión recomienda revisar la estructura del impuesto sobre los vehículos, de manera que su diseño responda no solo a razones de recaudo sino también a consideraciones ambientales.
Las recomendaciones de la Comisión en materia de impuestos municipales se centran en el impuesto predial y en el ICA. En cuanto al primero, si bien se proponen algunos cambios en materia de diseño, se resalta la urgencia de adoptar todas las medidas necesarias (que no son de índole tributaria) para lograr una actualización catastral de todo el país. En particular, se propone dotar al IGAC de recursos adecuados, con una participación sobre el Sistema General de Participaciones, para que pueda cumplir esta tarea, dando prioridad a la actualización de los catastros rurales y de los pequeños municipios, y al mismo tiempo, facilitar a otras ciudades y municipios importantes operar sus propios catastros o contratar actualizaciones con cualquiera de los catastros independientes existentes. En cuanto al ICA, siguiendo las sugerencias del Banco Mundial, la Comisión hace recomendaciones con el objetivo desimplificar el impuesto (ICA) buscando una reducción en la dispersión de tarifas, agrupando las actividades gravadas teniendo en cuenta diferencias en rentabilidad, así como una mejor definición de territorialidad, entre otras.