El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se refirió al alcance de la Circular 054 de 2010 expedida por su despacho, a través de la cual conminó a las autoridades responsables para que se respetara el orden jurídico y se diera la debida aplicación a la reiterada jurisprudencia de las altas cortes frente a la aplicación del principio de inescindibilidad en los regímenes especiales de pensiones.

Ante las críticas que ha originado la citada circular, el jefe del Ministerio Público aseguró que “Si se abrió el boquete, lo abrió hace 40 años el legislador (…) lo han abierto cientos de miles de decisiones judiciales proferidas por el juez natural en esas materias que es el Consejo de Estado; (…) lo han abierto infinidad de cientos de miles de decisiones del juez constitucional, tanto de los jueces de la jurisdicción ordinaria como de la jurisdicción contenciosa, como la misma Corte Constitucional; (…) lo abrió el Congreso cuando modificó el artículo 48 de la Constitución con el Acto Legislativo 1 de 2005 (…)”.

Ordóñez Maldonado reiteró que la labor de la Procuraduría es hacer respetar la Constitución, la Ley y los precedentes judiciales, y reiteró que la Circular 054 simplemente recuerda que los funcionarios públicos encargados de reconocer las pensiones deben adecuar sus decisiones a los precedentes judiciales. “Aquí lo que hay es una agenda con la cual se pretende desmontar los regímenes de transición para beneficiar a determinados sectores que tienen que ver con estas actividades de reconocimientos pensionales”, señaló al referirse a posibles intereses de quienes “oscilan” entre el Ministerio de Hacienda y los Fondos Privados de Pensiones.

El procurador general sentenció que continuará su gestión en defensa de los derechos de miles de colombianos que han obtenido el beneficio de una pensión, de acuerdo con los términos y condiciones en que se adquirió el respectivo estatus pensional.

De igual manera, seguirá defendiendo el patrimonio público, ya que la alta judicialización en materia pensional conlleva a grandes costos para el erario por el reconocimiento de intereses y gastos de representación judicial, además de los prolongados tiempos de los procesos.