Un fuerte  llamado de atención al Ejército Nacional por presuntamente permitir que los miembros de esa institución vulneren los derechos de los ciudadanos, hizo la Sección Tercera del Consejo de Estado.

“Para la Sala es inadmisible y censurable que el Ejército Nacional permita y patrocine que agentes suyos desconozcan el derecho de los ciudadanos a ser inocentes hasta que una autoridad competente declare lo contrario, desapareciendo y asesinando personas que supuestamente ostentaban calidad de criminales” dice la sentencia.

El pronunciamiento lo hizo el Alto Tribunal al condenar a la Nación, Ministerio de Defensa y Ejército Nacional a pagar más de 500 millones de pesos por haber retenido, desaparecido, y asesinado a un ciudadano en el municipio de Yondó, Antioquia.

De acuerdo con los hechos materia de investigación “el señor Gildardo se desplazaba en una motocicleta en compleja de otra persona, fueron detenidos por un retén militar conformado por unidades del Batallón Nueva Granada No 2, y se les condujo a un paraje retirado de la carretera”.

“Allí, los uniformados procedieron atarlos de pies y manos para interrogarlos, acusando al señor Gómez de ser miembro de un grupo al margen de la ley, ante un descuido de los militares, Hernando Gaitán se desató y huyó del lugar, momentos después, escuchó el ruido de la moto y dos disparos de arma de fuego, sin volver a conocer del paradero de Gildardo Antonio, hasta el 18 de septiembre de ese año, cuando en zona rural del municipio de Yodó, fue hallado su cadáver con heridas de arma de fuego y evidentes signos de tortura” precisa.

Para el Consejo de Estado es evidente que se logró demostrar que “Gildardo Antonio Gómez, el 6 de septiembre de 1991 fue retenido por varios miembros del ejército nacional, un retén ubicados en el kilómetro 5 de la vía que del municipio de Yodó conduce al corregimiento de San Luis Beltrán, siendo atado de pies y mano e interrogado sobre las dispuestas actividades ilegales a las que se dedicaba”.

Para ello se tuvo en cuenta el proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría en el cual se declaró responsable a los militares Norberto Londoño Acevedo, José Domingo Pereira y Jesús Antonio Pinzón Ochoa, por la retención ilegal, tortura, desaparición y muerte de Antonio Gómez.

“Se trata de la desaparición y ejecución de un ciudadano cuando se encontraba bajo la custodia del ejército nacional” agrega la Corporación Judicial.