Como una ligereza calificó la revisión de contratos por concesión del Sistema Transmilenio fallada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI).

Mientras el dirigente gremial advertía que el fallo judicial pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, el concejal Guillermo Asprilla, del Polo Democrático, ponía en conocimiento de los organismos de control y justicia la posible pérdida de medio billón de pesos pagados de más por los usuarios en pasajes.
Para el presidente de la CCI, “este fallo se suma a otros eventos recientes que producen enorme incertidumbre en la estabilidad de las reglas de juego para la construcción y operación de grandes proyectos, mientras se expide una nueva ley para promover la participación privada en este tipo de infraestructuras”.
El directivo afirmó que factores recientes de incertidumbre producirán un replanteamiento de las condiciones económicas de los contratos, costos que necesariamente serán trasladados a los usuarios del sistema.
Para el concejal Asprilla, hay un enorme desequilibrio económico que implican los contratos de los operadores troncales del sistema Transmilenio, generando sobrecostos y elevando injusta e ilegalmente el valor del pasaje al ciudadano, quien paga una tarifa muy por encima de lo que debería pagar: “En enero de 2011 al cumplirse 10 años operación de fase I, se terminaron de pagar los buses, pero siguieron cobrando capital y rendimientos”.
En este sentido, el alcalde mayor electo Gustavo Petro dejó el interrogante en su momento: “¿Por qué no nos preguntamos si el Transmilenio vale 1.700 pesos en Bogotá, por qué vale 1.500 el Metroplus de Medellín? Cada pasajero de Transmilenio primera fase paga 458 pesos de exceso en la tarifa. Se paga capital y rendimiento ya cancelados”.
De acuerdo con el concejal Asprilla, el precio por pasaje debería estar alrededor de los 1.300 pesos si se tiene en cuenta que la flota de buses de la Fase I de Transmilenio ya fue pagada en su totalidad y por lo tanto se debe aplicar la reducción en el pago que se hace por depreciación y remuneración a capital, que representan el 28 por ciento de la tarifa final equivalente a 485 de pesos por pasaje.
Según Asprilla, es importante aclarar que el valor real de la tarifa técnica hoy, si se deducen los costos ilegalmente pagados (depreciación + remuneración de capital), sería de 1.256 pesos. Esta cifra es aplicable a la Fase I, cuya operación se inició en Enero de 2001, la cual según el contrato, contempla el pago del capital invertido en un plazo de 10 años, que terminó en Febrero de 2011.
La denuncia del concejal Asprilla, certificada por Transmilenio, confirman que el monto total del capital invertido por los operadores troncales, reajustado mensualmente por el Indice de Precios al Consumidor (IPC), se han pagado en su totalidad.
Si a esto se suman los montos ilegalmente pagados por concepto de remuneración del capital, al calcular éste sobre el total del capital invertido en todos los períodos, sin descontar lo amortizado, la defraudación, puede sobrepasar el medio billón de pesos en todo el período, conforme al cálculo de Asprilla.
Ante esta situación, Asprilla pidió modificar unilateralmente los contratos de concesión de las fases I y II, para ajustar el cálculo de la tarifa a la legalidad y evitar el pago de sumas no debidas por concepto de depreciación o retorno de capital y remuneración del mismo: “Ajustar la tarifa técnica restando de la misma las sumas que retribuyen el componente de costos fijos. Rebajar la tarifa al usuario para que se corresponda con la tarifa técnica ajustada según las normas legales. Iniciar las investigaciones correspondientes sobre la conducta de los funcionarios que tuvieron a su cargo la vigilancia sobre la ejecución del contrato”.
El primero de enero, cuando se posesione el alcalde mayor Petro, el nuevo burgomaestre deberá resolver si baja o no la tarifa al usuario de Transmilenio a 1.300 pesos y no a 1.700 pesos como está establecido.