Una proposición en ese sentido garantizará los medios y recursos para su buen funcionamiento. El tema será debatido por el Congreso en marzo.

Una disposición en el proyecto de reforma a la justicia que garantizará los medios y recursos para el buen funcionamiento de la jurisdicción indígena, anunció el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, al inaugurar ayer una Casa de Justicia en Riosucio, Caldas, donde la mayoría de habitantes son indígenas.
El municipio de Riosucio integra cuatro importantes resguardos indígenas: San Lorenzo, Loma Prieta, Escopetera y Pirsa y el de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, que representan buena parte de su población.
"El Gobierno Nacional es respetuoso del artículo 246 de la Constitución que reconoce la existencia de los sistemas de justicia de los pueblos indígenas, con sus características y peculiaridades, por eso además, en el proyecto de reforma constitucional a la justicia que pasó ya su primera vuelta en el Congreso, viene en camino una disposición que dará atención prioritaria y garantizará los medios y los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la jurisdicción indígena", señaló el jefe de la cartera de Justicia.
La nueva Casa de Justicia además de reunir en sus instalaciones a las principales autoridades que imparten justicia ordinaria, albergará una serie de recintos destinados a aplicar y garantizar la administración de la jurisdicción especial indígena o "propia".En su recorrido por Riosucio el alto funcionario aprovechó para visitar el Resguardo indígena de San Lorenzo y conocer de primera mano las distintas instancias que administran justicia propia.
"Llegar a un sitio como este a inaugurar una Casa de Justicia resulta absolutamente reconfortante. Aquí se ha dedicado un espacio especial para la justicia propia de los resguardos indígenas. Me gusta esta Casa porque es un lugar de inclusión, aquí no he visto sino sonrisas, entusiasmo y ganas de todos los funcionarios lo que es signo de que vamos por muy buen camino", destacó Esguerra.
La discusión del proyecto de reforma a la justicia la retomará el Congreso a mediados de marzo, cuando inicie la segunda mitad de la legislatura.
Hace algunos meses se abrió el debate nacional por reglamentar o reformar la jurisdicción indígena, por cuenta de un caso en el que un violador en un resguardo indígena fue castigado apenas con unos correazos.
Este Diario consultó en ese instante a varios expertos constitucionalistas para saber qué hacer al respecto. Para el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, el tema es claro pues las autoridades indígenas tienen que respetar los preceptos constitucionales.
“A mí me parece que debe aplicarse la norma del artículo 246 de la Constitución, que dice que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, en conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios esos mandatos a la Constitución y leyes de la República”, aseguró.
El también ex presidente de la alta Corte, Carlos Gaviria, señaló que compatibilizar las dos jurisdicciones es un trabajo difícil.  “Compatibilizar la vigencia de los derechos humanos, que de acuerdo con la jurisprudencia internacional deben regir en toda parte, con los que los indígenas imponen, no es una operación fácil, porque hay que revisar qué conductas se van a castigar, cuál es la pena que se está imponiendo, y si dicha pena constituye tortura o un atentado contra la dignidad humana o no”, precisó.
Por su parte, el ex presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, afirmó que una ponderación de ambas jurisdicciones no es posible hacerse por regulaciones generales, sino caso por caso. “Eso debe resolverse caso por caso, a través de una ponderación específica que debe hacer la Corte Constitucional”, manifestó el ex magistrado.