El peor  error que se puede cometer al entrar a dilucidar el dilema en torno a si las reformas política y judicial deben presentarse en una sola iniciativa o cada proyecto por separado, es pensar que ese es apenas un asunto de mecánica parlamentaria.

Los partidarios de presentar un solo proyecto consideran que dado que el principal objetivo de las reformas debe ser reacomodar el equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, eso debe hacerse en una sola iniciativa ya que se trata de un ajuste institucional que toca a las tres ramas del poder público: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hacer esa reforma por pedazos y a destiempo, podría terminar en que, al final, se configuren reformas incoherentes y desbalanceadas.

Además, si el Gobierno tiene en esta primera legislatura unas mayorías parlamentarias bastante sustanciales en el Senado y la Cámara, y el presidente Santos, recién reelecto, un capital político nuevo y listo para gastar, entonces lo mejor es apostar por una reforma de gran espectro en un solo paquete, en lugar de dividirla.

Además, si hay dos proyectos, por tratarse de temas constitucionales, tendrían que ser discutidos por las mismas comisiones, es decir las Primeras de Senado y Cámara. Al decir de quienes consideran que debe presentarse una sola reforma, es claro que mandar por un lado la política y por otro la judicial lo único que conllevaría es que, al promediar la legislatura, alguna de ellas tenga que ser sacrificada para que la otra se salve. Un riesgo que, en sana lógica política y parlamentaria, consideran que no debería correrse siendo tan urgentes los temas a modificar.

A lo anterior suman el hecho de que no deben separarse ajustes de fondo a la Carta como la eliminación de la reelección presidencial consecutiva y la consecuente ampliación de los periodos para Jefe de Estado, alcaldes y gobernadores (asuntos naturales de la reforma política), del debate sobre la eliminación de las facultades electorales y de postulación de altos funcionarios por parte de las altas Cortes (temas propios de la reforma judicial) y menos aún de la discusión sobre el nuevo papel que tenga la Casa de Nariño y el Congreso en la escogencia del Fiscal, Procurador, Contralor, Auditor, Registrador, Defensor del Pueblo y otros altos cargos (análisis propios de una reforma al Legislativo).

Por qué no

Sin embargo, para quienes se oponen a que ambas reformas vayan en un solo proyecto, hay otros asuntos que deben sopesarse.

En primer lugar, que meter en un solo costal los temas de las reformas al equilibrio de poderes, las facultades de las altas Cortes y las nuevas prerrogativas de los poderes Ejecutivo y Judicial, mediando nada menos que el asunto de la ampliación de periodos para presidente, alcaldes y gobernadores, y estando como telón de fondo el grado de independencia de magistrados y titulares de entes de control y vigilancia, prácticamente daría pie a una especie de semi-constituyente, un ejercicio que ya sea a través del Parlamento o una asamblea citada para tal fin, se sabe en dónde comienza pero no dónde termina.

Y menos aún si de por medio se encuentra nada menos que un proceso de paz con las Farc, las mismas que, junto al uribismo (principal flanco de oposición al Gobierno), han insistido en la necesidad de citar a una asamblea constituyente para reformar la Carta Política del 91 y adecuarla a lo que se pacte con las guerrillas para la terminación definitiva del conflicto armado. Como se sabe, el gobierno Santos ha rechazado de manera enfática citar una constituyente y recalcado que el acuerdo de paz será refrendado directamente por la ciudadanía, ya sea a través de un referendo, una consulta popular o un plebiscito.

Así las cosas, presentar dos iniciativas distintas de reforma política y judicial garantiza, de un lado, que el Gobierno puede controlar de forma más efectiva las temáticas y ajustes sectoriales que se aprueben, y, de otro, que no habrá presiones políticas internas (uribismo) ni externas (guerrilla) que busquen meter a la fuerza asuntos propios del proceso de paz en esas dos iniciativas, pese a que aún no han pasado por las urnas para el respectivo mecanismo refrendatorio.

Otro peros…

También argumentan los partidarios de presentar dos reformas, que si bien hay temas en que ambas iniciativas coinciden, sobre todo en lo relativo al equilibrio de poderes, hay otros, no de tanto fondo constitucional pero sí legal y reglamentario, incluso de funcionabilidad de la rama del poder público, en que no hay conexidad alguna y, por lo tanto, requieren de un análisis aparte y profundo.

Por ejemplo, es claro que asuntos como la reforma al Consejo Superior de la Judicatura, los periodos de los magistrados, los requisitos para llegar a esa instancia, el presupuesto mismo de la Rama Judicial, su nivel de autonomía para manejarlo, la carrera judicial, la fuerza de las jurisprudencia, los mecanismos para solucionar choques de jurisdicciones y conflictos de competencias… Todos esos y más, hasta los mismos ajustes a la acción de tutela, son asuntos que requieren tiempo y dedicación para ser analizados en profundidad, algo que no se garantizaría si quedan en segundo plano, al estar en un mismo proyecto, con asuntos de mayor calado como el sistema de pesos y contrapesos. Por ejemplo, el sólo hecho de reformar las facultades de la Procuraduría es un tema tan complejo, que no debería ir en ninguna de las reformas planteadas, sino en un proyecto aparte.

E igual pasa con la reforma política, en donde es claro que propuestas como eliminar el voto preferente, reinstalar la circunscripción nacional para el Senado, modificar asuntos clave del Estatuto de los Partidos o las facultades del CNE frente a las del Consejo de Estado, el régimen de incentivos electorales, el valor del voto en blanco y otras propuestas más, no hacen parte de la discusión gruesa del equilibrio de poderes, pero sí son claves para hacer más transparente y ágil el sistema democrático.

Como se ve, tanto los partidarios de que exista un solo proyecto de reforma político-judicial, que tenga como columna vertebral una reforma al sistema de pesos y contrapesos que lleve a un mejor equilibrio de poderes, como quienes insisten en que ambas iniciativas son muy importantes y, por lo tanto, deben discutirse por aparte, tienen argumentos que sustentan sus posiciones.

Al final será el Gobierno y su coalición de Unidad Nacional quienes decidan qué camino seguir, siempre teniendo en cuenta que al finalizar esta legislatura debe existir una reforma, ya sea conjunta o separada. No aprobarla, sería un fracaso político de amplio espectro.

Unificar periodos

El presidente Juan Manuel Santos reiteró ayer ante más de 900 mandatarios locales su propósito de que se unifique el periodo del presidente con los periodos de los alcaldes y los gobernadores.

El mandatario durante su intervención en el Vigésimo Quinto Congreso Nacional de Municipios, en Bucaramanga, aseveró que “una de nuestras prioridades es que sus administraciones fluyan sin tantos obstáculos y con mayor independencia”, y señaló que también se le pedirá al Legislativo que “busque el mejor camino para ampliar esos periodos”.

“Alcaldes y gobernadores, cuando arrancan sus periodos, se ajustan a los programas de un presidente que va de salida. Y a mitad de camino les cambian las reglas de juego y deben readaptarse a los programas de un presidente entrante”, argumentó.

Y agregó: “O peor: es una pesadilla, para un alcalde o un gobernador, paralizar su gestión –o ejecutar a medias– por cuenta de la reelección y las limitaciones de la Ley de Garantías”.

Subrayó que por esos motivos “vamos a presentar al Congreso que acaba de posesionarse una reforma integral de equilibrio de poderes y queremos que ustedes, señores alcaldes, nos ayuden a formularla y nos hagan llegar sus propuestas”.

Les aseveró a los mandatarios locales que “la decisión está tomada y lo que debemos es discutir los detalles, con la participación de ustedes”.

Explicó que entre otros aspectos hay que definir si se amplía “el periodo presidencial y el de los mandatarios territoriales a 5 o 6 años, y cómo unificamos esos periodos, porque es un tema que tiene profundas consideraciones de carácter jurídico y político”.

Conservadores proponen periodo de 5 años

Eliminar la reelección inmediata, instaurar el periodo presidencial por cinco años y dejar solo en manos de la Asamblea Nacional Constituyente o de un  refrendo la facultad de poder volver al sistema de reelección, son los tres puntos fundamentales del proyecto de ley que fue presentado por el Partido Conservador, con autoría del senador Eduardo Enríquez.

En su exposición de motivos, Enríquez propone “que en adelante el período del presidente de la República se amplíe a cinco años con la finalidad de que tenga espacio más que suficiente para realizar su programa de gobierno. La consecuencia que se impone por generación espontánea es que nadie podrá ocupar la presidencia más allá de ese período. Ahora bien, como la reelección presidencial no armoniza con la democracia, su restauración sólo podrá hacerse por referendo o asamblea constituyente. De esta manera, se la protege y se establece por vía de reforma constitucional un límite al mismo Congreso en un aspecto que forma parte de la identidad política del Estado social de derecho, como es el control del ejercicio del poder público”.