Según Alfonso Gómez Méndez podrían ir en una sola iniciativa, en lo que tiene que ver con el equilibrio de poderes, o por aparte y luego que, en el Congreso, se unan de acuerdo a la mecánica parlamentaria. El titular de la cartera judicial explica qué pasará con el Consejo Superior de la Judicatura, la edad de retiro de los magistrados, las funciones electorales de éstos así como la escogencia de los juristas y el aumento de requisitos para serlo. También habla de elevar la justicia a derecho fundamental, la depuración normativa y el salvavidas carcelario, entre otros temas

EL NUEVO SIGLO:- ¿Qué pasa si el Consejo de Estado revive la hundida reforma la Justicia?  

ALFONSO GÓMEZ:-Esa reforma no era mala, muchos de esos temas que se regulaban son convenientes. Por ejemplo ahí aparecía la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, la carrera judicial, la destinación de por lo menos dos billones de pesos anuales para la Rama Judicial… Esos temas hasta se pueden revivir en el proyecto que piensa presentar el Gobierno. Todo el país recuerda qué fue lo que pasó: en la etapa final, la llamada conciliación, se le agregaron una serie de micos, como la gente suele decir, y eso llevó al presidente Santos a retirar la reforma. La demanda que está conociendo el Consejo de Estado es sobre el decreto de convocatoria a sesiones extras para estudiar las objeciones presidenciales a ese acto legislativo. Desde luego el Gobierno no interviene en el proceso, respeta la decisión que tome el Consejo de Estado pero, eso sí, advierte que de llegar a ser como se está planteando, todavía no se sabe cuál será la argumentación, de ser así, se crearía un verdadero caos en la administración de justicia.

Por decirle, esa norma establecía que el periodo de 12 años comprendía a los magistrados que estaban en funciones. Pero de 2012 a hoy se han retirado varios por haber cumplido el periodo por 8 años. Si se llegara a decir que revive automáticamente la reforma, habría que restablecer a los magistrados y sacar a los que están, lo que dificultaría la continuación de procesos por parapolítica, habría un verdadero caos. No creo que el Consejo de Estado vaya a contribuir a eso. Pero vuelvo y repito: el Gobierno ha expresado su opinión, la expresó cuando presentó el alegato ante el Consejo de Estado y el Gobierno espera que eso no sea así.     

ENS:- ¿Cómo va el tema de una nueva reforma a la justicia?

AG:-Como lo planteó el Presidente de la República se ha pensado por parte del Gobierno en que habrá una reforma que el mandatario denominó “de equilibrio de poderes”, donde está el tema de la reelección presidencial, de la circunscripción nacional, el voto preferente… Y ahí se incluiría la de quitarle las funciones electorales o denominadoras a las altas Cortes y ponerle fin a lo que la ciudadanía ha comenzado a llamar la “puerta giratoria”. Entonces al interior del Gobierno se está analizando si se presenta una única reforma, un solo proyecto que comprenda todos esos temas, o si el tema político va por un lado y el judicial por otro, y si luego se unirían en el transcurso del debate parlamentario, aunque eso depende un poco de la mecánica parlamentaria que se vaya a manejar.

Ese tema de la reforma a la justicia también tendría la modificación de la edad de retiro forzoso, el periodo de los magistrados, la edad para ingresar y los requisitos para ser magistrado de una alta Corte; el rediseño del Consejo Superior de la Judicatura, probablemente con la modificación de la Sala Administrativa y la propia Sala Disciplinaria, que tendría otras funciones; sus integrantes  tendrían unos requisitos mayores, se les asignaría las funciones disciplinarias incluso sobre los magistrados de las altas Cortes y desde luego en cuanto a los abogados; se les seguirá manteniendo como tribunal de conflictos de competencia.

Pero hay un tema que, diría, es novedoso y es el de establecer el derecho a la pronta justicia como un derecho fundamental. Ello dentro de la idea de crear todos los instrumentos legales administrativos necesarios para que a los ciudadanos se les resuelvan sus conflictos jurídicos en tiempo oportuno. El presidente Santos ha hablado de tutelizar la administración de justicia, es decir que en lugar de disminuir la tutela, tratar más bien que dentro de los procesos ordinarios puedan utilizar los mecanismos de tutela, para que la justicia sea, como lo ordena la Constitución, pronta y eficaz.

ENS:-¿Pero las reformas política y judicial irán en un solo proyecto, de manera simultánea?

AG:-Es posible, ese tema se manejará al interior del Gobierno, pero es posible que vayan, sobre todo en lo que el Presidente ha llamado “el equilibrio de poderes”, de allí que sea posible que vaya un solo proyecto. Pero también hay otra opción con la que estaría de acuerdo: que se presenten por separado, como se hizo en el año 68 con la reforma de Carlos Lleras Restrepo, y que en el curso del debate parlamentario se puedan unir, porque hay temas de la reforma a la justicia que tienen que ver con el equilibrio de poderes y otros que no. Pero esa discusión se adelantará en los próximos días y dependerá de la técnica parlamentaria.

¿Derecho fundamental?

ENS:-¿Cómo es eso de que la justicia sería elevada a derecho fundamental?

AG:- Sí, está expresamente en los anteproyectos que estamos manejando, que, por lo demás, y aprovecho la oportunidad para decirlo, vamos a tener una especie de ronda con los presidentes de las Cortes. Ya lo hicimos con la presidenta del Consejo de Estado, esta semana lo hacemos con el presidente de la Corte Suprema, la Sala Penal, y también vamos a invitar al Procurador, al Fiscal, a la Contralora, a los jefes de los partidos políticos y a los presidentes de las comisiones Primeras de Senado y Cámara, todo para tener alguna aproximación con ellos sobre las líneas rectoras de lo que sería este espectro constitucional de la reforma.

ENS:- Volvamos al Consejo Superior de la Judicatura ¿Qué cambios habría en la Sala Administrativa?

AG:-En la Sala Administrativa se retomaría la idea de la frustrada reforma del 2012 para cambiarla por un nivel gerencial distinto. Estará conformada por los presidentes de las Cortes, pero además representantes de los magistrados,  jueces, sindicatos, poder judicial, con una especie de junta directiva y un gerente. Eso sí, todo conservando el principio de la autonomía de la Rama Judicial para manejar su presupuesto.

ENS:- ¿Cuál sería la edad de retiro forzoso de los magistrados?

AG:- Cuando se habló de 75 años como edad de retiro forzoso, el promedio de vida en Colombia estaba en los 55 ó 57 años; hoy ese promedio de vida está en los 74 años, y se coloca una edad de retiro a los 70 años. Eso que sea igual para todos, vamos a acabar con esa diferencia que hay hoy: unos magistrados que tienen la edad de retiro a los 65 y otros a los 70. Pero eso tiene una contrapartida y es que igual se aumentaría, por vía de los requisitos, la edad para acceder a la magistratura. Con ello queremos que la llegada a una alta Corte sea el último escalón en la vida judicial de un abogado y que no sea un trampolín para pasar a otra corte u otras actividades.   

ENS:- ¿Y lo que tiene que ver con las funciones electorales de los magistrados?

AG:-Creo que ya hay una especie de consenso, en que tenía razón el constituyente Hernando Yepes Arcila, cuando se discutió desde la Constituyente, que con la mejor intención para despolitizar ciertas entidades involucró a las Cortes en su designación y terminó politizándolas a ellas. Tenía razón el magistrado Yepes cuando, al oponerse en el seno de la Constituyente a esas facultades, dijo que ese era un regalo envenenado. Y lo ha reiterado el actual presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, es un regalo envenenado porque ha afectado el prestigio y la credibilidad de las Cortes. Entonces en las Cortes solamente se nombrarían los funcionarios judiciales propiamente dichos, se restablecería la cooptación con carrera judicial o por concurso para su integración interna. No tendrían que ocuparse de elecciones, postulaciones o designaciones de las tres ramas del Estado.

Examen a abogados

ENS:- ¿Cómo será el examen del Estado para los abogados?

AG:-Esto no hace parte de la reforma a la justicia, pero podría ir en una ley. Nosotros creemos que para mejorar el servicio de justicia, para que lleguen los mejores, hay que  establecer un mecanismo que existe en otras partes del mundo y es que las personas que hayan terminado sus estudios y recibido su título de la universidad respectiva, para poder ingresar, ya sea como jueces y fiscales, tienen que presentar una especie de examen de Estado, que se confiaría a un gran ente integrado por universidades fundamentalmente, que los habilite para poder ejercer esa función. Es un examen de Estado dentro de la idea de que parte de la reforma de la justicia: garantizar que sean los mejores abogados, los que tengan mejor formación, los que lleguen a ser administradores de justicia. Y esto va unido también con la carrera judicial, que se va a centrar no solamente en el ingreso, sino en el egreso, para que haya una evaluación continua que justifique la permanencia de los funcionarios en los cargos.

ENS:- ¿En qué va el proyecto de depurar la cantidad de leyes que existen?

AG:-Ese es un proceso que viene de tiempo atrás, se inició con mi antecesora, la doctora Ruth Stella Correa. Ya incluso hemos hecho un convenio con la Imprenta Nacional y por ahora se identificaron un número de leyes que supera las 50 mil, más de dos millones de artículos, de parágrafos e incisos. La idea es identificar cuáles son esas leyes inútiles, obsoletas, que ya no cumplen ninguna función y depurar así el sistema legislativo. Pero también esto tiene otro componente: cambiar esa tendencia de que el Congreso saque leyes a diestra y siniestra. En los congresos del mundo moderno el papel es el de ejercer el control político y no tanto seguir expidiendo leyes inconexas.

ENS:- Ahí entra a jugar el tema del llamado “populismo legislativo” o “punitivo”…     

AG:-Por ejemplo, el Congreso vive cambiando permanentemente el Código Penal, creando tipos legales, aumentando las penas sin adecuar para eso el sistema penitenciario, por eso resultan leyes inconexas, incoherentes y algunas veces claramente inútiles.

Crisis carcelaria

ENS:-¿Y el plan para afrontar la crisis en el sistema de prisiones?

AG:-El problema penitenciario es un problema estructural. Durante muchos años el Estado dejó de mirar el tema penitenciario y ahí está la crisis. De un lado hemos tenido una política criminal basada fundamentalmente en el Código Penal como único instrumento de regulación de los conflictos sociales y, además, una sociedad que ha tenido alma carcelera y que cree que todo se resuelve con la cárcel. La idea nuestra, y así quedó en el Código Penitenciario, es que la cárcel esté reservada para los delincuentes que verdaderamente causan graves daños a la sociedad. Estamos hablando de asesinos, secuestradores, extorsionistas, violadores, pero hay una gran cantidad de personas en la cárcel que podrían enfrentar su proceso en libertad. De otro lado tampoco el Estado había construido muchas cárceles. Hay algunas prisiones que son todavía casonas del siglo XIX y unas del siglo XX que han sido habilitadas como cárceles.

Ya estamos trabajando en eso. Con unos diseños de la Universidad Nacional se están construyendo nuevos pabellones con una mentalidad distinta de resocialización en varias partes del país. Son pabellones dentro de las cárceles que ya existen. También se está terminando un proyecto de pabellones nuevos que nos generaría unos tres mil cupos más con los ingenieros militares y se ha dispuesto ya la construcción de tres grandes cárceles de mediana seguridad. Una en Fundación que cubre gran parte de la Costa, otra en Riohacha y la última en Pereira, mientras que adecuamos los grandes proyectos, vía APP, de construcción de mega-cárceles. Estamos trabajando tanto en la parte logística y en medidas a corto, mediano y largo plazos para resolver para siempre el problema penitenciario y no con pañitos de agua tibia.