Factores como la desigualdad social, la falta de oportunidades para educarse y una mala repartición de la riqueza son factores que hacen que en Colombia sean necesarias reformas en varios campos de la economía.

Las más sonadas son la reformas tributarias, pues tocan el bolsillo de los ciudadanos, pero hay otras que por falta de voluntad política o por no tener el suficiente apoyo no solo a nivel legislativo o de la sociedad, no se realizan o se aplazan hasta que la situación llegue al extremo de tener que realizarlas más por fuerza que por convicción.

Pensiones

En 1993 el Gobierno nacional puso a consideración del Congreso un proyecto de ley en el cual se pretendía cambiar el régimen pensional de los colombianos. En ese momento fue cuando nacieron las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Para 2003 se comenzó el marchitamiento de los regímenes especiales, que aún no ha terminado pero se ha dicho en varios círculos especialmente dentro de los analistas económicos de la realización de una nueva reforma pensional.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, sobre el tema señaló que se tiene una visión del BID sobre el sistema pensional colombiano, resaltando que los incrementos en la cobertura no bastan para garantizar la sostenibilidad de dicho sistema, por lo que resulta necesario implementar reformas paramétricas; y el análisis de la OCDE sobre los mercados laborales en América Latina, destacando su elevada informalidad, cerca del 55% y la importancia de abordar las reformas estructurales laborales y tributarias de forma conjunta.

ANIF subraya la urgencia de implementar una reforma pensional en Colombia. Hay que abordar los temas en materia paramétrica, la conveniencia de atar la edad de pensión a la mayor esperanza de vida, la urgencia de reducir las elevadas “tasas de reemplazo”, las cuales bordean el 65%-75%, cuando los mecanismos a nivel global están en la franja de 45%-55%; y marchitar el régimen público de Colpensiones, dado que los sistemas de “prima a nivel mundial han mostrado su incapacidad para acoplarse a los drásticos cambios demográficos.

Sobre el tema, Fasecolda propone un sistema multipilar. El primero que sea no contributivo y se focalice a la población más vulnerable que no logra hacer los aportes que se requieren por norma y que la financiación se haga a través del Presupuesto General. Lo que se busca es la focalización de los subsidios hacia la población más vulnerable.

El otro pilar está enfocado a un régimen de ahorro individual, que constituya su mesada pensional a partir de los aportes a la cuenta, pero adicionalmente se cuente con aporte solidario proveniente del Estado, “con el fin de no gravar el empleo, ni al empleador, ni aumentar las cifras de informalidad y que sirva de fuente de financiamiento para los trabajadores que no logren acumular el capital suficiente para tener por lo menos una mesada pensional de salario mínimo”, explicó Sandra Rodríguez, directora de la Cámara de Seguridad Social de Fasecolda.

Régimen minero

Desde 2001 Colombia cuenta con un Código Minero, que por los cambios en materia política, económica, ambiental y jurídica debe ser revisado y modificado para adaptarlo a las necesidades de la actividad en el momento.

Durante un Encuentro de Alcaldes de Municipios de Entorno Minero realizado en Santa Fe de Antioquia el viceministro de Minas Carlos Andrés Cante explicó los avances normativos que promueven y apoyan la minería bien hecha de Colombia.

El Viceministro de Minas resaltó la Resolución 41265 la cual resuelve la situación jurídica de más de 860 contratos mineros en virtud de aportes y licencias de explotación que llevaban más de 10 años en una incertidumbre legal.

"Esta resolución es de gran importancia para la pequeña y mediana minería del país, porque gracias a esto, cerca del 10% de los títulos otorgados en Colombia podrán continuar haciendo una minería bien hecha que genera aproximadamente 35 mil empleos directos y 100 mil empleos indirectos y grandes beneficios económicos y sociales para las regiones", afirmó el ministro de Minas y Energía, German Arce Zapata.

Carlos Cante habló sobre el Decreto 1666, el cual clasifica por escalas la minería, se definen y establecen los requisitos para la pequeña, mediana y gran minería y además, "se reconoce la existencia de una minería de subsistencia en nuestro país que debe ser objeto de protección".

También mencionó el Decreto 1421, el cual crea mecanismos para controlar la contaminación con mercurio de las plantas de beneficio de oro del país. El Viceministro aseguró que en el 2016 se intervinieron más de 30 plantas de beneficio de oro, lo cual contribuirá a que 3,2 toneladas de mercurio se dejen de utilizar anualmente.

Reforma Agraria

Otro de los aspectos que requiere cambios urgentes frente a la nueva realidad del país es el sector agropecuario. Mucho se habla de la reforma agraria, pero poco es lo que se avanza en el tema.

Cuando Rubén Darío Lizarralde fue ministro de Agricultura, se comenzó hablar sobre la posibilidad de realizar una reforma agraria partiendo de una “alineación de intereses políticos y económicos” es decir: Pacto Agrario, que escalaba y metódicamente se estaba desarrollando a lo largo y ancho de Colombia.

Las reformas agrarias en el mundo por lo general se surten por tres razones, Inequidad Social, Reingeniería Económica y Seguridad Alimentaria.

Uno de los primeros pasos y bajo la dirección en el Ministerio de Agricultura de Aurelio Iragorri, fue la creación del banco de tierras, el que se nutrirá de las tierras baldías que son alrededor de un millón de hectáreas, según los cálculos expresados por Iragorri.

En opinión del Ministro, "es innegable que ha habido un desorden histórico en la administración de los baldíos" y agregó que la mayor víctima en pérdida de tierras "ha sido el propio Estado, porque en este país se robaron los baldíos y muchos están indebidamente ocupados".

En este sentido afirmó que el banco también se alimentará de los procesos de restitución de tierras, y se usarán subsidios integrales de reforma agraria para comprar predios privados que serán "titulados y redistribuidos a los campesinos más necesitados de tierras".

Las CAR

Uno de los mayores problemas que se registran al interior de las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, es la politización e inoperancia que quedó al desnudo por cuenta de la ola invernal de 2011.

En vez de tenerse allí un cuerpo técnico de ingenieros, ambientalistas y geógrafos, las juntas de la CAR se han convertido en el fortín burocrático de quienes no alcanzan a ser elegidos parlamentarios, pero quienes “ofrecen ayudarle con gobernabilidad” a la Administración de turno.

Varias veces se han presentado proyectos de ley para buscar su reforma pero no ha existido ambiente ni voluntad política para avanzar en el tema.