La oposición a la reforma universitaria propuesta por el Gobierno crece en las calles y en el Congreso, a pesar de los llamados al diálogo expresados por la ministra María Fernanda Ocampo y el propio presidente Juan Manuel Santos.

En las últimas horas, la bancada del Polo Democrático en la Cámara, tras manifestar su “total preocupación por el futuro de la educación superior en Colombia, principalmente por lo atinente al contenido de propuesta de nueva Ley de Educación Superior (reforma a la Ley 30)”, declaró su apoyo a “la decisión del movimiento estudiantil agrupado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE-, la cual el pasado 1 de octubre en Cali decidió que los y las estudiantes del país entrarían a paro universitario de carácter indefinido a partir del momento de radicación del proyecto de ley en Cámara”.
Para los congresistas la reforma “profundiza un modelo educativo que no responde a los problemas reales del país, sino las del gran capital nacional y transnacional y ha sido elaborado sin consultar, en manera alguna, a la comunidad académica del país”.

“En ese mismo sentido”, expresó la bancada en su comunicado, “se compromete con las comunidades académicas y con el país a contrarrestar la propuesta presentada por el Gobierno Nacional, teniendo como elemento político el Programa Mínimo de los Estudiantes definido por la MANE el pasado 20 y 21 de agosto en Bogotá”.

Los legisladores del Polo invitaron “a las demás bancadas en el Congreso de la República a rechazar esta iniciativa de proyecto de ley por las razones expuestas y, sobre todo, por no contar con un respaldo legítimo de la comunidad universitaria del país”.

En las calles y el Congreso, poco a poco, las posiciones se han ido polarizando.

Desde varios estamentos universitarios, el rechazo no es tanto a la reforma en sí, sino a toda la política hacia la universidad pública, que desde hace años cuestiona los postulados sobre los que funciona la Ley 30 que ahora se quiere reformar.

“Lo único que tiene el proyecto de reforma a la educación superior es cosas positivas”, por ejemplo, para aumentar la cobertura y la calidad educativa, afirmó hace algunos días el presidente Santos.

El Mandatario reiteró que para la educación superior la reforma significa más recursos (11 billones de pesos en diez años), nuevos cupos (que calculan en 600 mil), un aumento considerable de la cobertura (que pasará de 37 a 50 por ciento) y mayor calidad educativa para los egresados de las universidades y los institutos técnicos y tecnológicos.

“Ese proyecto lo único que tiene es cosas positivas para la educación superior”, reiteró el presidente Santos.
“Más allá de los recursos financieros, relevantes por supuesto”, ha expresado la representante Ángela Robledo, del Partido Verde, “es urgente pensar en unas instituciones de educación superior con la capacidad de atender preguntas fundamentales como cuáles son los ciudadanos y ciudadanas del presente siglo, su marco ético de actuación, su compromiso con el cuidado de la vida y el planeta”.

Tras señalar que “la educación superior de alta calidad demanda altos costos”, expresados en, por ejemplo, “la existencia de un número creciente de profesores de dedicación exclusiva con formación avanzada”, así como “de aulas y laboratorios donde puede llevarse a cabo de buena manera el encuentro pedagógico”, Robledo precisó cómo “la financiación estatal a estas universidades se queda corta, no responde consistentemente a esta dinámica típica de una sociedad desarrollada que quiere penetrar el mercado mundial de manera audaz y no tangencialmente, ni de manera arrodillada”.

Para Robledo, “una reforma a la Educación Superior no puede estar imbuida, hasta la médula, de esa creencia de que el ánimo de lucro, la búsqueda del provecho económico, pecuniario, es el camino para resolver todas las necesidades, todas las urgencias de nuestra sociedad, desde la salud y las pensiones, hasta la educación para una nueva ciudadanía”.

En julio, con la presentación de un borrador, la ministra Campo puso en debate la iniciativa, que será una de las más importantes de la Unidad Nacional durante esta legislatura.

El presidente Santos lamentó que algunos sectores traten de bloquear su aprobación: “Esa Ley realmente puede revolucionar nuestra educación superior, para bien. Mucha gente ha estado tratando de estigmatizarla, y ustedes saben muy bien esas estrategias de achacarle ciertas características que no tiene esa ley. Esa ley no está privatizando para nada la educación superior, todo lo contrario, la está fortaleciendo, pero uno de los problemas más graves que tenemos en Colombia es ese cuello de botella que se genera entre el bachillerato y la educación superior”.

En opinión del senador Alexander López, del Polo, “este Gobierno y la banca privada proyectan invertir 2,4 billones de pesos adicionales para la Educación superior en los próximos 3 años. Pero el negocio produce una tasa de retorno de 2,2 billones de pesos cada año. Es decir que en los tres años proyectados recaudarán 6,6 billones de pesos. Gran negocio, pero a costa de acabar con la educación pública”.