Después de casi 12 horas de discusión, las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron ayer en primer debate la reforma tributaria; proyecto del que fue retirado el artículo que aplicaba cárcel para los evasores y del que se dejaron intactos temas como el impuesto a la riqueza hasta 2018 y la sobre tasa del CREE.
Inicialmente se aprobaron en bloque 36 artículos que no tenían ninguna proposición, de los 56 que la componen, y luego la discusión fue uno a uno. Por ejemplo el artículo 39, que especificaba pago de 3 a 8 años de cárcel para quienes omitan activos o reporten pasivos inexistentes por más de 8.000 millones de pesos, fue retirado de la ponencia para que todas las alternativas sean estudiadas por una comisión especial.
El tema causó especial polémica porque el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas explicó que los ponentes habían acordado que la decisión definitiva sobre el particular, “se tomaría después de escuchar al Consejo Nacional de Política Criminal que ya fue convocado para el miércoles en plenarias por el Ministro de Justicia. No podemos quedarnos con la zanahoria sin tener el garrote, la zanahoria es ofrecerles a los contribuyentes evasores la posibilidad de pagar una tarifa, pero el que no lo haga se debe exponer unas sanciones mayores a las actuales”.
Ese punto no encontró la mayoría en las comisiones pero se escucharon opciones como sanciones de tipo penal y administrativo “porque la misma ley le otorga al contribuyente una oportunidad de normalización, con lo pagará una sanción del 10%, pero también sancionará más severamente a quienes nos e acojan esa normalización”.
Riqueza y CREE
En lo que respecta a las tarifas del Impuesto a la Riqueza (con el que se pretende recaudar $6 billones) y la sobre tasa del CREE, el Congreso y el Gobierno acordaron que no se modificaban como venían de la ponencia. Es decir que el impuesto desaparecerá año tras año hasta derogarse por completo en 2018 “y se llama ahora el impuesto a la riqueza con menores tarifas y un nuevo sistema de cálculo, que beneficia al contribuyente”.
Entonces, para compensar la disminución de los dineros recaudados por la eliminación del Impuesto a la Riqueza en empresas, se estableció la sobretasa al CREE.
Personas jurídicas:la tarifa máxima que pagarán será sobre patrimonios líquidos superiores a 1.000 millones de pesos, y se establece que sea del 1,3% en 2015, del 1% en 2016, del 0,75% en 2017 para desaparecer por completo, en el caso de las sociedades, en 2018.
“Escuchamos atentamente a los empresarios y ese tributo se reemplazará paulatinamente con la sobre tasa del CREE, que será del 6% en 2016, del 7% en 2017 y del 9% en 2018”, lo cual aplica solo para empresas con utilidades sobre 800 millones de pesos.
Para las personas naturales con patrimonios de más de 1.000 millones de pesos, que representan unos 50 mil colombianos, se les aplicará el pago de este tributo y para quienes tienen entre 1.000 y 2.000 millones de pesos en patrimonio, se les pedirá una contribución de una tarifa del 0,25%. Es decir que una persona con un patrimonio de 1.000 millones de pesos, pagaría cerca de 800.000 pesos al año.
“Las tarifas en el Impuesto a la Riqueza serán marginales dependiendo del monto del patrimonio, lo cual representa un alivio frente a las tarifas existentes para el Impuesto al Patrimonio”.
Personas naturales: pagarán un gravamen máximo de 1,5% anual entre 2015 y 2018 sobre patrimonios líquidos a partir de 1.000 millones de pesos, declarados con corte al 1° de enero de 2015 y la tarifa mínima será de 0,125%.
CREE:la sobretasa al denominado Impuesto sobre la Renta para la Equidad, que grava las utilidades sobre empresas que generen ganancias superiores a 800 millones de pesos “será de 4% en 2015, de 6% en 2016, de 7% en 2017 y de 9% en 2018”. Es así que en la distribución del noveno punto del CREE, el 0,6% se destinará a la educación superior pública y el 0,4% a programas para el desarrollo de la primera infancia”.
De otro lado se propuso la eliminación de la devolución de 2 puntos de IVA a compras débito y crédito, por lo que la comisión examinará el Régimen Imporenta; así como que aprobaron que el 4X1.000 se mantenga hasta el 2019 y luego empiece su desmonten el año 2022. En otras palabras, quedará 4X1.000 hasta 2018, será del 3X1.000 en el 2019, luego del 2X1.000 en el 2020 y de 1X1.000 en el 2021. A partir del 2022 desaparece.
Defensa del Gobierno
Al ser preguntado por las declaraciones del presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, sobre el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de una nueva reforma tributaria el próximo año, Cárdenas aclaró que el primer paso será “introducir una reforma tributaria para las entidades sin ánimo de lucro, y será presentada el 20 de julio de 2015. Hay un gran foco de evasión, en algunos casos hay empresa que aprovechan esas figuras para generar unas utilidades y ganancias”.
Y es que el presidente de la ANDI y presidente del Consejo Gremial Nacional, indicó en la mañana de ayer que no salieron felices de la reunión con el Jefe de Estado.
“Pero creemos que se generó una nueva forma de diálogo. Se verificaron además los 28 artículos nuevos que establece el texto de la Reforma Tributaria, y es una buena noticia la disposición del Gobierno de atender de la solicitud de hacer un estudio una reforma estructural lo antes posible”.
Pero reconoció que el Gobierno ha mantenido la posición de que la reforma sea por 4 años “y los niveles que están contenidos en las ponencias, de alguna manera han sido la primera aproximación que ha tenido el Gobierno a las comisiones económicas”, adujo Mac Master.
Justamente, durante un Foro de empleo y emprendimiento del Ministerio de Trabajo y el SENA, el presidente Santos manifestó, es una reforma progresiva, “no más de 50.000 serán los contribuyentes que van a tener que pagar más impuestos, son los que pueden y tiene capacidad de pagar más impuestos”.
Aseguró que lo que generará la Reforma no será para el funcionamiento administrativo del Estado, sino para los programas sociales de la nación.
“Son recursos que se requieren para precisamente atender a las poblaciones vulnerables, a los niños de ‘Cero a Siempre’, para que desde que nacen hasta que vayan al colegio tengan una atención integral, para la gratuidad de la educación, para que el SENA pueda estar financiado y pueda generar más empleo”, garantizó el presidente Santos.
Posición opuesta la tuvieron los congresistas del Polo, del Partido Verde y del Centro Democrático; de este último habló el senador Alfredo Ramos, quien expresó sus preocupaciones porque “lo único que busca es que los empresarios, que los empleados, terminen pagando los platos rotos de un Gobierno que no lucha contra la evasión ni contra la corrupción”.
Otras críticas
Ramos criticó la meta del Gobierno de recuperar sólo 5 billones de pesos de evasión a través de los mecanismos de la normalización de activos con multas y de la criminalización, mientras aumenta el gasto burocrático. Señaló que si se suman estos cinco billones de pesos a los 12,5 billones del déficit, el hueco fiscal real es de 17,5 billones.
Quien también se mostró inconforme fue la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) que, a través de un documento, explicó que este proyecto de ley “deja en desventaja a Colombia frente a otros países que están haciendo reformas para atraer inversión, pues se da precisamente en un momento en el que las casas matrices de las compañías petroleras están revaluando sus prioridades de inversión en países donde los retornos de la misma sean mayores y se generen más rápidamente”.
La incertidumbre también se origina porque en la norma propuesta se habla del desmonte de las sobretasas e impuestos propuestos a partir del año 2019, pero no hace claridad sobre cuál sería el rubro de gasto público que se reduciría a partir de ese año para que se puedan desmontar esos tributos, a lo que se une la expectativa de gastos relacionados con el tema pensional y un eventual postconflicto.
La sobretasa del CREE, que llega hasta el 9%, más un impuesto a la riqueza por tres años, incrementan la participación estatal en un proyecto petrolero hasta el 75% (actualmente está en el 70%) y son gravámenes muy onerosos para un sector como este, caracterizado por altas inversiones de capital con gran riesgo de fracaso.
Adicional a lo anterior, el impuesto de renta (con CREE) oscilará entre el 39 y el 43%, cifra que afectará sin lugar a dudas la inversión y le resta competitividad a Colombia frente a los países de la región. En México es del 30%, en Perú del 26%, en Estados Unidos entre el 15 y 35%, en Canadá de 15%, en Brasil de 34% y en Argentina de 35%.