La mayoría de los partidos insiste en ponerle peros a la iniciativa, que es urgente para un Gobierno que está bajo la lupa de las calificadoras de riesgo, soporta una complicada estrechez fiscal y tiene encima a la OCDE. Panorama EL NUEVO SIGLO

 

Negro. Así se ve el panorama político para el proyecto de reforma tributaria estructural que el Gobierno debe presentar al Congreso en el segundo semestre de este año.

 

Aunque desde hace varios meses, distintos voceros partidistas han reiterado que no hay ambiente para tramitar un ajuste impositivo, el Gobierno, tanto por intermedio del presidente Santos como por vocería del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reiteraron en la última semana que dicha reforma no solo es necesaria sino que será radicada en el Parlamento una vez arranque la segunda legislatura.

 

Es más, el viernes pasado, en la clausura del Congreso de Asofondos, en Cartagena, el propio Jefe de Estado recalcó que la “reforma tributaria es una certidumbre… Vamos a discutirla con el sector privado, es otra certidumbre. Es una discusión que queremos tener para que sea estructural, para que realmente corrija problemas que se han venido acumulando a través de muchísimos años”.

Santos dijo que “hoy tenemos un sistema muy ineficiente y muy injusto. Por eso quiero darle la certidumbre de que vamos a aprobar una reforma este año, la necesitamos aprobar”.

Indicó que el Gobierno compartía plenamente los principios que están contenidos en el informe de la Comisión de Expertos, en el sentido de que el sistema tiene que ser progresivo, equitativo, simple y eficiente.

“Lo que estamos haciendo es acabando de hacer los cálculos que el propio informe de la Comisión dejó de último para saber exactamente cuál es el impacto de cada una de las propuestas. Las estamos comparando con el resto de las propuestas que hemos recibido de diferentes entidades, del BID, de la OCDE, y de otros estudios que se han hecho del sistema tributario colombianos”, explicó el Jefe de Estado.

 

Insistió en que el Gobierno estaba determinado a una “reforma que realmente sea estructural. Y lo cierto es que esa reforma debe estar aprobada cuando termine la sesión del Congreso este año, o sea, para que entre en vigor el año entrante”.

 

A su turno, Cárdenas ha insistido en que esa reforma es necesaria e incluso se ha mostrado dispuesto a pagar el costo político de su aprobación en el segundo semestre.

Según el zar de las finanzas será una reforma integral, inaplazable ya que es urgente un replanteamiento de toda la estructura impositiva.

 

Presiones

Se sabe por igual, que las firmas calificadoras de riesgo han insistido en que es necesario el ajuste en materia de impuestos e incluso han llegado a recalcar que debe adoptarse en buena medida el paquete de recomendaciones que sobre la materia hizo la llamada Comisión de Expertos que el Gobierno confeccionó el año  pasado para analizar las bases de una reforma estructural, cuyo informe ya fue presentado hace varias semanas, generando una dura polémica a nivel nacional.

 

Esas mismas firmas calificadoras ya han puesto en alerta las notas crediticias colombianas e incluso semanas atrás hubo una rebaja en uno de estos indicadores por parte de Standar & Poor’s.

 

También tercia en toda esta coyuntura la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en sus recomendaciones sobre las tareas que tiene pendiente el país para poder ingresar a ese exclusivo club de países con buenas prácticas de Gobierno, ha insistido en la necesidad de la modernización tributaria a fondo.

De igual manera, varios gremios económicos han mostrado su preocupación porque el Ejecutivo no ha desarrollado todavía un primer borrador del proyecto tributario, en el que los empresarios están muy interesados ya que Santos y Cárdenas en todos los foros y congresos en los que han participado, han insistido en que se le desmontará a la empresa privada una parte de la carga de impuestos con el fin de incentivar la inversión y la generación del nuevos empleos. 

En la otra orilla están los sindicatos, que han advertido que con una economía que se está enfriando y apenas crece un 3 por ciento en su Producto Interno Bruto (PIB) no hay lugar para un nuevo ajuste tributario. Alegan, por igual, que la inflación está disparada (3,55 por ciento a marzo), el desempleo no para de subir (10,1 por ciento) y el costo del dinero es cada vez más alto por cuenta de que el Banco de la República sigue aumentando sus tasas de interés para atajar el incremento en el costo de vida. El viernes pasado hizo el último reajuste de 0,50 puntos básicos, llegando así a 7 por ciento.

 

En el Congreso también se debate sobre este tema y ya varios senadores y representantes han citado en tres ocasiones al ministro Cárdenas para que explique cuáles son las bases de esa reforma tributaria que se está confeccionando, pero el zar de las finanzas no ha podido asistir y dar las respectivas explicaciones.

Para los congresistas, el Ejecutivo está incumpliendo su promesa de que el borrador de la reforma sería socializado con el Parlamento antes de que fuera radicado cuando arranque la segunda legislatura el 20 de julio. Igual queja se escucha de muchos gremios.

 

Sin escenario

Más allá de todo lo anterior, lo cierto es que el Gobierno sabe que para poder avanzar hacia una reforma lo primero que tiene que hacer es asegurar un escenario político en el Congreso que garantice que la iniciativa puede salir avante en este segundo semestre, ya que en 2017, por ser un año de antesala electoral, será muy difícil viabilizar en el Parlamento un proyecto de estas características que a todas luces es impopular. 

Sin embargo es aquí en donde surge la mayor dificultad para el Ejecutivo, toda vez que la mayoría de los partidos se ha manifestado muy renuente a apoyar un proyecto que signifique un apretón de impuestos a las clases más populares.

De allí que hoy es casi que imposible encontrar un senador o representante a la Cámara que esté dispuesto a respaldar el aumento de uno o dos puntos en el IVA, que es una de las bases del informe de la Comisión de Expertos, que también recomienda la creación de impuestos a las utilidades y la renta, ampliar la base de pago de otros tributos así como aumentar tasas a los combustibles, entre otras alternativas.

Tampoco son muchos los dirigentes políticos que se muestran de acuerdo con una ampliación del llamado impuesto del ‘4 x mil’ o que sea el ya exiguo Presupuesto General de la Nación el que asuma la financiación definitiva del SENA, la Caja de Compensación y el Instituto de Bienestar Familiar, si llega a aceptarse la propuesta de  eliminar los parafiscales.

 

A ello habría que sumarle los peros a otros temas como gravar las pensiones altas, aumentar la tarifa de renta presuntiva, aplicar un impuesto a los dividendos  y crear una nueva tasa para aplicar a la venta de inmuebles y otros activos.

También hay varios gobernadores y alcaldes que se muestran muy preocupados por los cambios que se están proponiendo en materia de impuestos regionales y locales.

Como se ve, el ambiente político ya era adverso y esa situación se hizo más patente a partir del reajuste ministerial y de otros altos cargos que el presidente Santos aplicó la semana pasada.

 

Fue evidente que una de las primeras reacciones de los partidos que se consideran afectados por el reacomodo burocrático en la cúpula gubernamental, fue la de advertir que no apoyarán una nueva reforma tributaria. Los liberales fueron los más explícitos en este campo, pero se sabe que tanto en La U, el conservatismo y Cambio Radical tampoco hay ambiente para aprobar una iniciativa  impositiva que afecte en forma sustancial a la clase trabajadora.

También es sabido que partidos como el Polo, la Alianza Verde y el uribismo se opondrán con toda su fuerza política  al proyecto gubernamental, no solo por considerarlo regresivo y drástico para las clases menos favorecidas, sino porque es claro que ni esas colectividades como tampoco las que hacen parte de la Unidad Nacional quieren  pagar el alto costo político que tiene un proyecto de estas características, sobre todo cuando ya asoma una tempranera campaña electoral.

Este es el difícil panorama que el Gobierno debe afrontar para aplicar una reforma tributaria que no solo es urgente  para medioayudar a tapar el hueco fiscal dejado por la descolgada petrolera del último año y medio, sino que es necesario para evitar que la economía colombiana, que sigue salvando los muebles en medio de un escenario regional crítico, con las crisis de Venezuela y Brasil a la cabeza, también se contagie desde esa tendencia recesionista.

 

¿Golpe al plebiscito?

A ello se suma que tampoco faltan los analistas que consideran que si el Gobierno llega a presentar en el segundo semestre su proyecto de reforma tributaria, podría impactar el ya de por sí complicado escenario político y electoral para la votación de un eventual referendo por la paz, que sería citado para refrendar un posible acuerdo para la terminación del conflicto con las Farc.´

No se puede desconocer que un Gobierno que está muy bajo en las encuestas empeoraría su posición en los sondeos si presenta una reforma tributaria. En ese marco, es posible, entonces, que el plebiscito se puede convertir en una especie de referendo amplio sobre la gestión gubernamental y no solo sobre un acuerdo de paz.

Por lo mismo, no faltan los congresistas y dirigentes cercanos a la Casa de Nariño que recomiendan que lo mejor en esta coyuntura es esperar a que el petróleo, como empezó a hacerlo en las últimas dos semanas, pueda ponerse por encima de los 50 dólares el barril y mantenerse en ese valor en lo que resta del año.

 

Si esto llegara a ocurrir, entonces los ingresos fiscales podrían empezar a enderezarse en el corto plazo, haciendo menos urgente la reforma tributaria o, al menos, dando lugar a tramitar una que no sea tan drástica.