Desde marzo del año del 2016 el presidente Juan Manuel Santos habló de la necesidad de reformar el Sistema General de Participaciones y anunció que su gobierno adelantaría esa tarea. No obstante ello se quedó solo en un anuncio y si finalmente se decidiera a hacer esta reforma constitucional, tendría que presentarla en julio venidero al próximo Congreso, 18 días antes de finalizar su mandato.
Independientemente de que la adelante Santos o el próximo presidente, la reforma al Sistema General de Participaciones ya no da más esperas, en ello coinciden el Gobierno, el Congreso, los gobernadores, los alcaldes y el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, entre otros.
El Sistema General de Participaciones es un mecanismo establecido en el artículo 356 de la Constitución para garantizar a departamentos y municipios los recursos para atender los servicios a cargo producto de la descentralización administrativa que ha vivido el país.
Con los dineros que reciben departamentos, distritos y municipios por la vía del Sistema General de Participaciones, financian los servicios a su cargo, dándoles prioridad a salud, educación (preescolar, primaria, secundaria y media) y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.
Los recursos del Sistema General de Participaciones en 2017 alcanzaron los $36,5 billones, en tanto que para el presente año serán de $36,7 billones.
No obstante para los gobernadores y alcaldes los dineros que les transfiere la Nación por este sistema no son suficientes para atender los servicios a su cargo, más teniendo en cuenta que a partir de 2017 el incremento anual se hace exclusivamente con base en la fórmula que contempla la Constitución y ya no tiene en cuenta la inflación causada y un porcentaje adicional por crecimiento real.
La Carta Política indica que el monto del Sistema General de Participaciones, de los Departamentos, Distritos y Municipios, se incrementará en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro años anteriores.
El Acto Legislativo 01 de 2002 había establecido que durante los años 2008 y 2009 el Sistema General de Participaciones se incrementaría en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 4%. Durante el año 2010 el incremento fue igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 3.5%. Entre el año 2011 y el año 2016 el incremento fue igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 3%.
Es decir que a partir del año pasado el monto del Sistema General de Participaciones se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro años anteriores.
Reclamo regional
Hace algunas semanas el Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano, dijo que “el tema de la reforma al Sistema de Participaciones es definir claramente dónde están los recursos que permiten el cubrimiento de las obligaciones que han recibido los departamentos, que tienen que ver con temas del orden nacional, como por ejemplo el plan alimentario, que cada año termina más desfinanciado, hay más niños y hay menos plata en el presupuesto nacional. Entonces esa es la desfinanciación que existe, y una cifra gruesa de lo que puede terminar estando desfinanciado se podría acercar a los $5 billones”.
Meses antes, Olano dijo que “si siguiéramos la fórmula del Sistema General de Participaciones, estipulada en la Constitución del 91, las entidades territoriales actualmente tendrían $20 billones más de lo que se les asignó, es decir el 40 por ciento más de lo que está presupuestado en este 2017”.
Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios, Gilberto Toro, le dijo a este Diario hace algunas semanas que “esa reforma tenía que haberse presentado en el 2015 para que entrara en vigencia en el 2016. El Gobierno por las prioridades que tenía en torno a las reformas constitucionales que facilitaron el acuerdo con las Farc, pues no lo hizo”.
El directivo indicó que entonces se esperaba que esta reforma se hiciera en 2016 “por cuanto era tal vez el último plazo para que el Sistema General de Participaciones no entrara en un proceso de reducción de recursos para la financiación de la inversión social, que es a la que están dirigidos esos recursos. Tampoco se hizo”.
En septiembre pasado fue radicado en el Congreso un proyecto de reforma constitucional por parte de los senadores Antonio Navarro, Iván Cepeda, Marco Avirama, Claudia López, Fernando Tamayo, Luis Fernando Velasco, Ernesto Macías y Jimmy Chamorro, con el fin de establecer un tope mínimo en virtud del cual estos montos de dinero no pueden disminuir bajo ninguna circunstancia por debajo de la inflación del año anterior.
Esta iniciativa, que se hundió por falta de trámite, indica que el Sistema General de Participaciones aumenta de $36.5 billones para el año 2017 a $36.7 billones para el año 2018. “Esto significa solo un aumento de 0.54%, cuando la inflación esperada al terminar el año 2017 es de 4.1%. Es decir, el Sistema General de Participaciones está perdiendo valor adquisitivo en razón a la inflación”.
Mirada del Gobierno
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó en días pasados que a pesar de que esta reforma no se ha adelantado, el volumen de las transferencias a las regiones no se verá disminuido gracias a los efectos de la Reforma Tributaria del 2016, antes por el contrario crecerá, aseguró.
“La Constitución ya va a permitir que en los próximos años el SGP, que es la bolsa de recursos que distribuye y transfiere el Gobierno nacional a los departamentos y municipios del país crezca. Por cada 100 pesos adicionales que recaude la Nación con la Reforma Tributaria, 30 pesos irán a las entidades territoriales. Es decir que cualquier incremento de ingresos corrientes de la Nación va a beneficiarlos”, dijo el Ministro.
No obstante, Cárdenas indicó que es necesario hacer esta reforma para que funcione mejor el SGP revisando los gastos y los usos del sistema, por lo que anunció que el Gobierno nacional tiene la intención de presentar un proyecto de ley en el que se planteen algunas modificaciones.
“Un proyecto de ley que modifique la forma como se distribuyen esos recursos, no al tamaño total que está dictado por la Constitución, pero sí a la forma como se distribuyen los recursos en educación, salud, agua potable, ahorro en el Fonpet, resguardos indígenas”, indicó Cárdenas.
El Contralor
La Contraloría General de la República presentó recientemente un informe sobre el efecto redistributivo del SGP en los sectores de salud y educación. “Existen territorios en Colombia con índices de desarrollo humano parecidos a países de medio-alto desarrollo europeo, mientras que en otras regiones, los municipios con mayor ruralidad presentan índices que se asemejan más a los de los países más pobres del planeta en Asia y África”, dice el análisis.
Por su parte el Contralor General, Edgardo Maya, indicó que es necesario hacer ajustes al Sistema General de Participaciones. “Los municipios más pobres deben recibir un SGP de per cápita notoriamente superior al promedio y mayor que el de los municipios más ricos y el de aquellos por su actividad económica pueden generar recursos propios”, indicó.
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