Sin cambios sustanciales y buscando agilizar el trámite de la Reforma a la Justicia Penal Militar, el martes fue anunciada y ayer radicada la ponencia del proyecto. De ser aprobado el texto el martes en la plenaria de la Cámara de Representantes el trámite completaría su primero, de ocho trámites, en el Congreso de la República.
El representante conservador y ponente de la iniciativa Óscar Fernando Bravo explicó que a la ponencia no se le hicieron grandes cambios a comparación del texto que se aprobó en la comisión primera de la Cámara y dijo que muchos de los cambios propuestos fueron negados.
“La ponencia quedó prácticamente como fue aprobada en la comisión primera de Cámara, no se aceptaron la mayoría de proposiciones. A manera de ejemplo, le citó la del representante Guillermo Rivera, que pretendía que muchas de las conductas que aplican como violaciones al Derecho Internacional Humanitario fueran juzgadas por la justicia penal militar y no por la justicia ordinaria. Nosotros negamos esa posición y él quedó que el martes la iba a volver a presentar”, dijo el Representante.
EL NUEVO SIGLO conoció que otra de las propuestas que fue negada durante la elaboración de la ponencia fue la del representante Miguel Gómez, quien proponía que el Tribunal de Garantías tuviera una mayoría de militares retirados en vez de tantos civiles.
En ese sentido el representante y también ponente del proyecto, Alfonso Prada, manifestó que se está haciendo un planteamiento sobre el Tribunal de Garantías que incluya dos salas. Una de ellas estará compuesta por civiles que serán los garantes del proceso en la jurisdicción ordinaria, y otra sala estará conformada con militares retirados que serán los que ejerzan el control en la jurisdicción penal militar.
Dentro de la discusión también se abordó el tema de la comisión mixta y al respecto Prada explicó que se estaba buscando la forma de “ponerle más dientes”. Y dijo que aún los ponentes no saben si elevarla a comisión con carácter jurisdiccional, para que las decisiones que tome sean vinculantes y además sea un tribunal que resuelva los conflictos de competencia.
Frente a la comisión, el representante Bravo agregó: “La comisión mixta la purificamos un poco en términos de la redacción, para que quede claro que es una comisión que va a verificar si el hecho es competencia de una jurisdicción o de la otra, va a ser una comisión donde haya delegados de los militares retirados y de la justicia ordinaria para definir excepcionalmente cuando hayan dudas a qué justicia le corresponde el conocimiento de ese delito”.
La lista de delitos
Desde el principio, fue una duda si incluir o no dentro del proyecto de reforma a la justicia una lista de delitos específicos que debían ser juzgados. En la primer ponencia y el primer debate se estableció que dicha lista no se incluirá en la reforma, sino que será una ley reglamentaria la que establezca cuáles son los delitos que se van a tener en cuenta. Para este segundo debate esta posición se mantuvo igual.
“La lista de delitos hasta el momento quedó como en la comisión primera, es decir, que una ley estatutaria es la que va a definir cuáles son los delitos que quedan exceptuados por la justicia penal militar, pero queda claro que los de lesa humanidad y el genocidio quedan excluidos de esta lista, el resto será competencia del Congreso decir cuáles delitos van a la justicia ordinaria si son cometidos por militares activos”, puntualizó Bravo.
Será entonces una ley estatutaria la que defina elementos importantes para la Reforma a la Justicia Penal Militar, como lo son la reglamentación del Tribunal y el establecimiento de la lista de delitos por los que serían juzgados los militares.